J. S. era uno de los vecinos más conocidos de un pequeño municipio del oeste de Alemania. Tenía 105 años, los medios locales le dedicaban artículos por su aniversario desde que era un venerable centenario y el alcalde lo recibía con honores. Lo que muchos de sus conciudadanos no saben es que también fue guardia en el mayor campo de prisioneros de guerra en Alemania durante la II Guerra Mundial, el Stalag 326. Al menos 15.000 presos, sobre todo combatientes soviéticos, murieron allí en condiciones inhumanas, aunque se cree que la cifra real puede ascender a 70.000.

La Fiscalía de Dortmund investigaba desde este septiembre a J. S. como sospechoso de complicidad de asesinato durante los cuatro meses que sirvió en el Stalag 326, hasta su fallecimiento el 12 de octubre. La familia, que prefirió no atender a este diario, reveló su muerte posteriormente a los medios locales. EL PAÍS contactó con el ministerio fiscal en dos ocasiones desde esa fecha sin que sus representantes comunicaran el fallecimiento del investigado.

Dos procesos judiciales, en 2011 y 2016, dieron un vuelco a la manera como la justicia alemana podía perseguir los crímenes nazis. La primera sentencia fue contra Iván Demjanjuk, guardián en el campo de exterminio de Sobibor, en Polonia; la segunda, contra Oskar Gröning, contable en Auschwitz, también en Polonia.

A partir de estas dos condenas ya no son solo culpables los que planearon el crimen, los que lo ordenaban, sus ejecutores o colaboradores directos (quien apretaba el gatillo o quien empujaba a los judíos dentro de la cámara de gas): también puede ser potencialmente culpable cualquiera que hubiera tenido una responsabilidad en el funcionamiento del campo. La nueva lógica legal es que estas personas formaban parte de la maquinaria de muerte nazi, que eran conscientes de esto y que no hicieron nada para evitar ser parte de ello.

El tiempo corre en contra de la Oficina Central de las Administraciones Judiciales para la Investigación de los Crímenes Nacionalsocialistas. Este organismo es, desde 1958, el encargado de encontrar criminales del nazismo y trasladar sus pesquisas a las fiscalías de cada Estado federado. El tiempo corre en contra, subraya su director, el fiscal general Thomas Will, porque quedan vivas muy pocas personas vinculadas a los hechos de aquella época, ya sean verdugos o víctimas. La Oficina Federal de Estadística indica que en Alemania solo hay 17.900 mayores de 100 años, personas que, cuando terminó la guerra, ya eran mayores de edad.

Will explica que concentran sus pesquisas en campos donde se perpetraron asesinatos masivos. El último trabajo de la Oficina Central que se ha dado a conocer es el de J. S. Will; no precisa cómo se identificó a esta persona, pero explica que su departamento opera cuadrando datos de varios archivos: los suyos propios, el Archivo Federal de Alemania, los que pudieron consultar en Rusia antes de la invasión de Ucrania o los de las organizaciones memoriales de los campos de concentración, entre otros.

Vivir a 5 kilómetros del campo

Lo primero que ha sorprendido en el caso de J. S. es que su residencia, en su pueblo natal, se encontraba a tan solo cinco kilómetros del Stalag 326. El director del memorial de este campo, Oliver Nickel, especula que por cuestiones de salud fue devuelto a su casa y, al estar todavía en servicio militar, lo asignaron a la vigilancia del centro penitenciario. Los militares alemanes heridos o enfermos terminaban con frecuencia realizando operaciones de este tipo y no de combate.

Familiares del investigado dieron el 4 de octubre al diario regional Neue Westfälische la versión de los hechos de J. S. Este medio no identificaba al investigado ni a sus familiares, como tampoco lo hace EL PAÍS porque la persona no ha sido acusada y tampoco es un personaje público.

El investigado, tornero de profesión, fue movilizado por la Wehrmacht (el ejército alemán) con 21 años, en 1942. La familia asegura que nunca militó en el Partido Nacionalsocialista. Su nombre no aparece en los archivos públicos sobre la formación nazi.

J. S. fue destinado a Ucrania. Según el testimonio familiar en el Neue Westfälische, el anciano continúa traumatizado por sus experiencias de combate en el Este. En los primeros meses de 1943 contrajo la malaria en Odesa y fue enviado a un hospital en Viena. La familia asegura que fue declarado no apto para combatir y en 1944 fue transferido como guardia del campo de Staumhüle, un centro de trabajo forzado satélite del Stalag 326, también cerca de su pueblo.

El fiscal general de Dortmund, Andreas Brendel, insistió a este diario que el investigado estuvo activo en el Stalag 326. También resalta que estuvo allí antes de lo que indica la familia, entre diciembre de 1943 y abril de 1944. Brendel, en cambio, no quiere comentar otros detalles del testimonio familiar.

El propio J. S. declaró a medios locales, con motivo de uno de sus últimos aniversarios, que fue capturado por las tropas estadounidenses al terminar el conflicto, en mayo de 1945. “El abuelo es un buen contador de historias, si te habla de la guerra, notas que lo vivió de cerca”, afirmó uno de sus nietos en 2024 al diario Westfalen Blatt.

El asesinato no prescribe como delito en Alemania. Si J. S. hubiera llegado a ser juzgado, habría sido la persona de mayor edad en sentarse en el banquillo de los acusados por crímenes sucedidos durante el nazismo. . La Fiscalía de Dortmund añadió en un comunicado que, desde 2025, seguían un caso similar de un hombre de 99 años que falleció poco después. Lo mismo ha sucedido con J. S.

El condenado por crímenes nazis más longevo fue Josef Schütz en 2022, un antiguo guardia del campo de concentración de Sachsenhausen de 101 años. La pena que recibió fue de cinco años de prisión, pero no llegó a ingresar en la cárcel: murió en 2023.

“Es increíble que este hombre esté vivo, sea vecino y no podamos contar con su testimonio; quizá sería más útil que llevarlo a juicio”, valoró Nickel antes de conocerse el fallecimiento de J. S. El director del memorial del Stalag 326 no tiene constancia de que J. S. hubiera visitado nunca el lugar, pero reiteró el valor de tener su información de primera mano de los hechos en el campo de prisioneros. “No se puede decir qué hizo él, pero sí sabemos de qué fue testigo”, añade Nickel, “las condiciones de los prisioneros, sobre todo soviéticos, eran malas, por el hambre, la tuberculosis y otras enfermedades mortales”.

Un inconveniente es que los sospechosos de crímenes del nazismo no son tan locuaces como los supervivientes. Ha quedado claro en múltiples juicios, también en el de Bruno Dey, quien fue condenado en 2020 a dos años de prisión —que no tuvo que cumplir— como colaborador en el asesinato de 5.000 judíos. Cuando tenía 17 años, Dey era un guardia de las SS en el campo de Stutthof. Por problemas de salud fue destinado a este centro de muerte recordado por su cámara de gas, su crematorio y la montaña de zapatos de los muertos que recibía a los nuevos internos. Dey tenía 93 años cuando recibió la sentencia. El periodista Tobias Buck, en Último veredicto (Grand Central Publishing, 2024), libro sobre el juicio a Dey, describe el contraste entre las pocas cosas que el condenado aseguraba recordar en comparación con los testimonios de las víctimas.

Buck ilustra con numerosa información “el cambio de paradigma” que supuso la sentencia en el caso Demjanjuk, y también la sensación de injusticia que supone este cambio para gente como Dey: miles de criminales nazis con alta responsabilidad, más que simples guardias de campos, no fueron condenados —ni siquiera procesados— en las décadas previas.

Último veredicto aporta estadísticas demoledoras: en 1949, el año en el que se funda la República Federal de Alemania, fueron acusados 4.000 nazis y 1.474 terminaron en condena. Cinco años después, el número de juicios cayó a solo 49. En 1984, casi cuatro décadas después del fin de la II Guerra Mundial, solo se condenó a una persona por crímenes nazis. Y entre esa fecha y las dos décadas siguientes, solo fueron procesadas 33 personas, con 18 condenas.

El “cambio de paradigma” ha permitido reactivar el trabajo de la Oficina Central para los Crímenes Nazis: desde 2011 y hasta este 2026 se han elevado 131 casos al ministerio fiscal, aunque solo 15 llegaron a juicio y cinco terminaron en condena.

Otro argumento de estos últimos sospechosos como Dey es que era imposible negarse a acatar las órdenes. “¿Yo habría actuado de otra manera si hubiera tenido 17 años en la Alemania nazi? ¿Habría tenido el peso moral y el coraje civil de bajarme de la torre de vigilancia, retornar el arma y decir hasta aquí?”, se pregunta Buck.

A J. S., asegura su familia, le obligaron a alistarse. En actos públicos por su aniversario había hecho gala de estar bien de salud, física y mental. En tres meses debía cumplir 106 años. La clave de su longevidad, según declaró en enero al Neue Westfälische, fue pasear cada día (lo hacía en un cochecito eléctrico) y no prohibirse pequeños placeres como tomarse una clara o un vaso de licor. Y, sobre todo, dijo, que ha sido afortunado: “Simplemente he tenido suerte en la vida”.