La investigación por el operativo antinarcóticos que permitió secuestrar más de 61 kilos de cocaína en Comodoro Rivadavia avanza ahora sobre el análisis de las comunicaciones y los movimientos económicos de la presunta organización dedicada al tráfico de estupefacientes.

Durante la audiencia de formalización realizada el domingo en la Oficina Judicial de Garantías, la Fiscalía expuso parte de la investigación patrimonial desarrollada hasta el momento y solicitó nuevas medidas de prueba que requieren autorización judicial.

Entre los pedidos se encuentran la extracción de información de los teléfonos celulares secuestrados y el levantamiento del secreto bancario y financiero, con intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Estas diligencias forman parte de una nueva etapa de la investigación, que busca profundizar el análisis de los elementos reunidos durante más de un año de tareas policiales y establecer el alcance de las maniobras atribuidas a los imputados.

La investigación avanza sobre las comunicaciones y el dinero

Uno de los principales puntos abordados durante la audiencia fue el análisis de los dispositivos electrónicos incautados en los distintos procedimientos realizados en Comodoro Rivadavia y otras jurisdicciones del país.

La Fiscalía solicitó autorización para extraer información de los teléfonos celulares secuestrados, una medida que permitirá examinar los datos almacenados en los equipos y buscar elementos relevantes para la causa.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal requirió el levantamiento del secreto bancario y financiero ante los organismos correspondientes, incluida la UIF, para avanzar con las medidas de investigación patrimonial.

El objetivo de estas diligencias es profundizar el análisis de las operaciones económicas y de los posibles vínculos entre las personas investigadas.

Durante la audiencia se presentó parte del despliegue patrimonial realizado hasta el momento, aunque no trascendieron precisiones sobre cuentas bancarias, montos de operaciones o movimientos financieros específicos.

La Fiscalía mantiene bajo reserva la investigación

Otro dato relevante conocido durante la audiencia fue que la Fiscalía dispuso la reserva del legajo de investigación por un plazo de 30 días.

La medida fue adoptada el sábado, en un contexto en el que todavía permanecen pendientes distintas diligencias vinculadas con la causa.

En ese sentido, se confirmó que existen otras seis órdenes de detención en curso de ejecución, por lo que el expediente continúa abierto y las actuaciones podrían alcanzar a más personas.

La reserva del legajo busca resguardar el desarrollo de las medidas investigativas que todavía no fueron concretadas.

Más de 61 kilos de cocaína y dispositivos electrónicos secuestrados

Durante la audiencia también se precisó la cantidad total de sustancias incautadas en el operativo, que fue presentado públicamente la semana pasada por el gobernador Ignacio Torres y el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz.

El procedimiento permitió secuestrar 61,453 kilogramos de cocaína, 393 pastillas de MDMA (éxtasis) y 57 gramos de cannabis sativa.

Además, los investigadores incautaron siete vehículos, un arma de fuego, teléfonos celulares, notebooks y otros dispositivos electrónicos que quedaron incorporados a la investigación.

El operativo fue el resultado de más de un año de tareas investigativas y contó con la participación de la Policía del Chubut y la colaboración de la Prefectura Naval Argentina, con procedimientos desarrollados en Comodoro Rivadavia y distintos puntos del país.

Durante la presentación inicial del caso, el Gobierno provincial estimó que la cocaína secuestrada tenía un valor aproximado de 2.000 millones de pesos.

La causa continúa con nuevas medidas de prueba

La audiencia del domingo se extendió desde las 15 hasta las 19 y contó con la participación de los siete imputados, algunos de ellos mediante conexiones virtuales desde otras provincias.

La Fiscalía formalizó la investigación por el delito de tráfico de estupefacientes agravado y presentó los elementos probatorios reunidos respecto de cada una de las personas involucradas.

La jueza de Garantías declaró legales las siete detenciones y posteriormente dispuso las medidas de coerción solicitadas, con la excepción de una mujer de Comodoro Rivadavia, para quien se estableció el arresto domiciliario debido a que tiene un hijo de un año.

Con las medidas patrimoniales y el análisis de los dispositivos electrónicos pendientes, la investigación continúa enfocada en profundizar las pruebas sobre el funcionamiento de la presunta organización y sus posibles conexiones económicas, mientras permanecen vigentes otras seis órdenes de detención.