La investigación por la causa contra «Narcopolicías» sumó un nuevo capítulo adverso para uno de los acusados. El juez de la Sala Única de Revisión Penal Federal de Resistencia, Enrique Bosch, rechazó un recurso de casación impulsado por la defensa del subcomisario Franco Andrés Ramírez, quien permanece detenido desde diciembre de 2025.
La presentación había sido realizada por la defensora Nahir Barud con el objetivo de cuestionar la resolución que días atrás confirmó la continuidad de las prisiones preventivas de los principales imputados. Sin embargo, el magistrado concluyó que el planteo no reunía los requisitos necesarios para habilitar una nueva instancia de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.
La resolución representa otro revés para Ramírez, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones ratificara recientemente la extensión de las medidas de coerción dispuestas contra los acusados.
La Justicia remarcó que la prisión preventiva tiene controles periódicos
En los fundamentos del fallo, Bosch sostuvo que el actual Código Procesal Penal Federal prevé mecanismos permanentes de control sobre las prisiones preventivas, por lo que estas medidas son revisadas de manera periódica y pueden modificarse si cambian las circunstancias procesales.
El juez recordó además que la situación de Ramírez ya fue analizada en distintas oportunidades desde su detención y señaló que en las próximas semanas volverá a realizarse una nueva revisión automática de la medida cautelar.
Según la resolución, la existencia de decisiones coincidentes de distintos tribunales sobre la situación procesal del imputado garantiza plenamente el derecho de revisión judicial, configurando lo que se conoce como «doble conformidad».
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Una investigación que sacudió a la Policía del Chaco
La causa investiga una presunta maniobra mediante la cual integrantes de una organización habrían desviado más de nueve kilos de cocaína que debían ser destruidos durante un procedimiento oficial realizado a fines de 2025.
Junto a Ramírez también se encuentran imputados Rubén Héctor César Alegre, Francisco Lucas Leonel García y Gastón Ezequiel Villalba, entre otros acusados.
La hipótesis de los investigadores sostiene que parte de la droga secuestrada habría sido sustraída antes de la quema para ser reinsertada en circuitos ilegales de comercialización, una sospecha que generó fuerte impacto dentro de la Policía del Chaco y que continúa bajo investigación judicial.
