El juicio federal por la causa “facturas truchas” continuó con la etapa de alegatos con un duro pedido del Ministerio Público Fiscal: 16 años de prisión para Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala, señalados por la acusación como los principales responsables de una estructura que habría combinado evasión fiscal, utilización de entidades interpuestas y lavado de activos.
El fiscal Federico Carniel formuló el pedido este martes al cerrar su alegato ante el tribunal y reclamó además 11 años de prisión para María José Reinau, esposa de Ayala, junto con penas que van desde los tres años y medio hasta los siete años para otros imputados. La única acusada para quien no solicitó condena fue Juana Elsa Brahim, respecto de quien pidió la absolución por el beneficio de la duda.
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16 años para los dos señalados como jefes
En el caso de Walter Pasko, la Fiscalía solicitó diez años de prisión por considerarlo jefe y organizador de una asociación ilícita fiscal y siete años por lavado de activos. Al aplicar las reglas del concurso real entre ambos delitos, Carniel pidió que se establezca una pena única de 16 años de prisión, además de una multa equivalente a dos veces el monto de la operación, costas, accesorias legales y decomisos.
Para Fernando Ayala, el planteo fue igualmente severo. El representante del Ministerio Público pidió diez años como jefe y organizador de la asociación ilícita fiscal y ocho años por lavado de activos. La pena única reclamada también fue de 16 años de cárcel.
La Fiscalía ubicó a ambos en la conducción de una estructura que, según sostuvo durante el juicio, tenía “dos cabezas y una sola lógica”. A Ayala le atribuyó el acceso a programas estatales, funcionarios y organizaciones beneficiarias, mientras que a Pasko le asignó el manejo de personas jurídicas, estructuras comerciales y documentación que permitía respaldar las operaciones.
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“Ninguno de los dos podía hacer esto solo”, resumió Carniel al describir la relación que, de acuerdo con la hipótesis acusatoria, permitió sostener durante años la operatoria investigada.
Once años para Reinau y penas para otros siete acusados
Para María José Reinau, esposa de Ayala, la Fiscalía pidió 11 años de prisión al considerarla integrante de la asociación ilícita y coautora del lavado de activos. El planteo incluyó también multas y el decomiso de bienes vinculados con las operaciones investigadas.
Carniel reclamó además siete años de prisión para Diana Yel Daniel, Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy. Para Edit Maricela Ayala y María Belén Reinau, solicitó cuatro años y seis meses; para Álvaro Iván Pasko, cuatro años; y para Jorge Pasko, tres años y seis meses.
La situación fue diferente para Juana Elsa Brahim. El fiscal entendió que la prueba producida durante el debate no permitía alcanzar el grado de certeza requerido para una condena y solicitó formalmente su absolución por el beneficio de la duda.
“Si querés blanquearlo, inventá una factura”
Antes de anunciar las penas, Carniel explicó que tuvo en cuenta como agravantes la magnitud del perjuicio económico, la naturaleza de las maniobras, los mecanismos utilizados y el grado de preparación atribuido a los acusados.
“Es dinero que no ingresó al fisco”, sostuvo el fiscal al dimensionar el impacto de las maniobras y remarcó que se trataba de recursos que, según su planteo, dejaron de estar disponibles para financiar políticas y servicios públicos.
En otro de los momentos más fuertes de su alegato, definió a los principales involucrados como personas “instruidas” y “preparadas para cometer los delitos”, antes de sintetizar el mecanismo investigado: “Si querés producir dinero negro, rompé una factura o reducila; y si querés blanquearlo, inventala”.“Es justamente lo que pasó acá. Es la síntesis perfecta del modus operandi”, afirmó.
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Los videos del departamento de Ayala que exhibió la Fiscalía
El cierre del alegato también dejó imágenes hasta ahora desconocidas incorporadas por la acusación. Carniel proyectó registros obtenidos de las cámaras de seguridad del departamento de Fernando Ayala, donde aparece Mauro Andión, entonces presidente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).
La Fiscalía destacó el dato porque Andión ocupaba un lugar central dentro del organismo estatal: de acuerdo con lo explicado en el juicio, tenía responsabilidad en el control y la última firma previa a la emisión de determinadas órdenes de pago. Carniel aclaró que la presencia del exfuncionario en el inmueble no constituye por sí sola una prueba suficiente para una condena, pero consideró que funciona como un indicio cuando se analiza conjuntamente con el resto de la evidencia reunida.
También fueron exhibidas grabaciones en las que Ayala y Reinau aparecen manipulando y contando importantes cantidades de dinero en efectivo dentro del departamento. Según la Fiscalía, en una de las secuencias podían advertirse dólares y los registros coincidían temporalmente con períodos en los que se realizaron transferencias a entidades investigadas y posteriores retiros bancarios.
El Ministerio Público pretende que esas imágenes sean evaluadas junto con las transferencias provenientes del Estado, los movimientos de cuentas bancarias, las facturas, las sociedades y fundaciones involucradas y el crecimiento patrimonial atribuido a algunos de los acusados.
Con el pedido de penas ya formulado, el juicio ingresa ahora en el turno de los alegatos de las defensas, que buscarán desarmar la reconstrucción presentada por las acusaciones. Después llegarán las últimas palabras de los imputados y el tribunal quedará en condiciones de fijar la fecha en la que dará a conocer su veredicto.
