El intendente Daniel Passerini lanzó su acusación más directa desde que estalló el escándalo por el caso Agostina Vega: los empresarios del circuito nocturno ilegal de Córdoba financiaron la campaña electoral de Luis Juez y, a cambio, tomaron el control de decisiones clave dentro de la Municipalidad. Lo dijo públicamente, en entrevista radiotelevisiva, a un mes exacto del femicidio que sacudió a la ciudad.
«Los empresarios de la parte más oscura de la noche de Córdoba financiaron esa campaña y lo dijeron públicamente», afirmó Passerini en declaraciones a Canal Doce. «Tomaron el control de muchas decisiones».
«Yo estoy convencido que es mi responsabilidad como Intendente terminar con toda la mugre que hay en la municipalidad. Con empleados deshonestos, con inspectores deshonestos, con funcionarios deshonestos«, y más adelante agregó: «han robado siendo funcionarios de la municipalidad».
El origen del problema, según Passerini
El intendente ubicó el punto de partida de la corrupción estructural en el período en que Juez gobernó la ciudad, entre 2003 y 2007. En esos cuatro años, dijo, ingresaron más de 5.000 empleados municipales que adquirieron derechos de planta permanente. «Muchos de ellos sin antecedentes policiales», aclaró en Noticiero Doce.
El dato que aportó para sostener la acusación es contundente: el 90% de los 119 funcionarios y empleados que su gestión ya exoneró corresponden a ingresos de esa época. «Llevó años instalar una estructura de poder oscuro en la Municipalidad de Córdoba«, dijo Passerini. «Y obviamente está llevando tiempo desmontarla».
Passerini reveló un dato inédito sobre el boliche donde ocurrió el crimen: la habilitación de Wachitas en 2017 fue firmada por un inspector que luego fue detenido —durante la pandemia, en una manifestación, portando un mortero— y exonerado por la gestión actual.
«¿Sabés quién fue el inspector que le firmó la habilitación? Fue una persona que fue detenida y que fue exonerada», dijo el intendente. La cadena, según su relato, no es casual: la estructura montada durante la gestión de Juez pervive a través de empleados de planta permanente a quienes resulta difícil remover.
El «clan Moyano» y las amenazas
El intendente mencionó al «clan Moyano» al describir los operativos del Ente de Fiscalización y Habilitaciones. Dijo que uno de sus integrantes fue detenido en un procedimiento realizado por ese organismo, y que durante el operativo amenazaron con un arma blanca a Ezequiel Hormaeche Actis, presidente del Ente, quien concurrió personalmente al lugar.
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Hormaeche Actis también recibió amenazas de muerte y le colocaron dos balas sobre su escritorio, según Passerini. Aun así, el intendente defendió al funcionario y afirmó que desde la creación del Ente las intervenciones y clausuras se sextuplicaron.
«La peor solución es cerrar el Ente, que se creó para terminar con esto y al cual hay que fortalecerlo», sostuvo Passerini, en respuesta a sectores opositores que impulsan una comisión investigadora en el Concejo Deliberante. Según el intendente, el 70% del problema no está en los grandes boliches del centro sino en kioscos de 24 horas en barrios que, pasada la medianoche, venden droga y alcohol a menores.
La oposición y las cámaras empresariales fueron invitadas formalmente a participar del proceso. «Lo peor que podemos hacer ahora es detenernos», advirtió Passerini. «Tenemos una decisión irreversible de ir para adelante».
