El debate sobre los aumentos de los peajes en la Ciudad de Buenos Aires vuelve a poner el foco en el destino de los recursos que pagan los automovilistas. Para Andrés Borthagaray, el problema no pasa únicamente por las subas tarifarias, sino por la manera en que esos fondos son administrados y asignados dentro del sistema de movilidad urbana.
“No me quiero referir ahora a un aumento específico del peaje, pero sí decir que es algo que forma parte de un sistema de movilidad”, sostuvo el especialista, quien remarcó que la discusión debe centrarse en qué se financia con esos ingresos y bajo qué criterios se determinan las prioridades de inversión.
El destino de los fondos de los peajes
Borthagaray recordó que existe jurisprudencia de la Corte Suprema que considera al peaje como una contribución de naturaleza tributaria. En ese sentido, explicó que los recursos deberían estar vinculados a obras concretas y contar con tratamiento legislativo.
“Debería ir a la ley de presupuestos para que esto forme parte de un sistema integral y no por una asignación que quede en manos de un Poder Ejecutivo”, afirmó.
Según detalló, al analizar el presupuesto de AUSA para 2025 se observa que el 40% de los fondos se destina al mantenimiento y administración de autopistas, un 5% al subte y un 55% a obras encomendadas por el Gobierno de la Ciudad.
“La cuestión es qué es lo que se cobra con el peaje”, señaló, al remarcar que el debate excede la tarifa y alcanza la transparencia en la asignación de los recursos.
Prioridades de inversión y división de poderes
El urbanista consideró que las decisiones sobre infraestructura deben responder a prioridades definidas institucionalmente y no quedar exclusivamente bajo la órbita del Poder Ejecutivo. “¿Quién dice que esas obras son prioritarias o no? Según la Constitución, es la Legislatura cuando aprueba el presupuesto y el Plan Regional de Inversiones”, explicó.
Para Borthagaray, el respeto por la división de poderes resulta clave para garantizar una planificación equilibrada de la movilidad urbana. “Tenemos que reivindicar la Constitución de la Ciudad que cumple 30 años y exigir que se respete la división de poderes”, enfatizó.
Además, destacó la necesidad de priorizar inversiones que beneficien a una mayor cantidad de usuarios del transporte público. “En el transporte público, la cantidad de usuarios que son mujeres, mayores de edad, niños o personas con necesidades especiales es mucho mayor”, indicó.
En contraste, señaló que más del 80% de quienes utilizan las autopistas son hombres al volante, por lo que consideró necesario evaluar las obras desde una perspectiva más amplia de equidad y accesibilidad. “Hay que hacer las obras, pero hay que hacerlas dentro de un orden de prioridades establecido de acuerdo a lo que dice la Constitución”, concluyó.
