qué impacto tendrá en las farmacias con los medicamentos

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Hace casi 30 años que Argentina le dio media sanción al Tratado de Cooperación Internacional en Materia de Patentes, más conocido como PCT, un acuerdo de protección intelectual a productos innovadores firmado por casi 160 países. Este jueves, luego de casi tres décadas de intentos fallidos por terminar de tratar el tema en el Congreso y después de resistencias políticas diversas traducidas en una larga batalla de lobbies, la Argentina votó la inédita adhesión al PCT.

La novedad impacta en buena medida al mundo farmacéutico, por lo que una pregunta lógica es qué puede realmente cambiar a la hora de ir a la farmacia o de recibir una indicación para un tratamiento con determinado medicamento. La respuesta rápida es, en principio y a corto plazo, no mucho. Pero es una afirmación con varios matices.

Retomando algunos argumentos del Gobierno y de la industria farmacéutica de bandera extranjera, más medicamentos innovadores -que no existen hasta el momento en el mercado local- podrían llegar desde afuera y venderse en Argentina en un plazo más corto que hasta ahora. Retomando los argumentos de las empresas farmacéuticas de capitales argentinos (compartidos por un sector grande de la clase política), la adhesión al PCT podría, en el mediano y largo plazo, encarecer cierto segmento de remedios.

Pero, como la realidad argentina siempre sorprende con su falta de linealidad y además el PCT tampoco se aprobó completo (sino con la crucial reserva del capítulo II), todo lo dicho en el párrafo anterior involucra una cuota de verdades y otra tanta de medias verdades.

Para entender hasta qué punto puede cambiar en algo la oferta farmacéutica argentina (pensando desde los zapatos del ciudadano regular y sus necesidades de remedios), es indispensable entender el prominente rol que en todo esto tiene un organismo en particular: el INPI, la sigla de Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

El INPI es el ente que, en definitiva, con o sin PCT, y con o sin capítulo II, vino dando y dará pulgar para abajo o para arriba a los pedidos de patentamiento en Argentina.

Dicho de otro modo, «PCT no mata INPI». Es que, por el tipo de asistencia técnica que dan las oficinas del PCT (dependientes de la Organización Mundial de Propiedad Industrial, OMPI), ese tratado le permite a una empresa equis de cierto país tramitar la protección de su innovación en distintas geografías al mismo tiempo, de un modo más barato y expeditivo. No es el tema de esta nota, pero uno de los puntos inobjetablemente a favor de que Argentina adhiera al PCT es ese: el abaratamiento y la mayor facilidad en los trámites, pensando en -por ejemplo- los científicos y otros «inventores» locales que intentan meter sus productos (o sea, patentarlos) en mercados internacionales.

Ahora bien, una compañía farmacéutica que aterrice en la Argentina con las «credenciales» de haber tramitado su invención vía PCT, igualmente deberá pasar, como hasta ahora, por la ANMAT, por un lado, de modo de contar con la autorización para el uso y venta de la droga en cuestión, y por el otro, tendrá que darse una vuelta por el INPI, el ente que finalmente define qué patentes protege el Estado nacional argentino y cuáles no.

Un asterisco de lo anterior: hasta ahora el INPI venía rechazando buena parte de los pedidos de patentes de multinacionales farmacéuticas, algo que quienes promovieron todo este tiempo el PCT reclamaban y atribuían a presiones de la industria nacional (en favor de proteger su nicho, apuntaban). Suponiendo que eso haya venido siendo así, ¿por qué cambiaría ahora?

No estrictamente por una pérdida de “soberanía” (como plantean algunos sectores) sino porque, para simplificar al máximo una materia técnica densa, las oficinas del PCT en el mundo les dan a los solicitantes ciertos informes técnicos específicos (el más puntilloso y útil de todos estaba previsto en el capítulo II, texto al que la Argentina no adhirió) que ayudan al inventor (o a la empresa en cuestión) a ajustar la presentación de su invención acorde a cada país donde intentará presentar su pedido de protección de patente. Este es precisamente el rol de asesoría que dan las oficinas del PCT.

Entonces, via PCT el tramitante logra averigüar de boca de expertos de la OMPI en qué país puede funcionar su producto (considerando otros parecidos que quizás existan en ese mercado) y cómo debería ajustar la presentación para entrar en ese nuevo territorio. Para seguir resumiendo este asunto tan técnico y francamente aburrido, todo esto ayuda al inventor y lo vuelve más «infalible» a la hora de presentar su pedido de patentamiento.

El tema es que todo ese papelerío, ahora optimizado via la asesoría que da el PCT, deberá ser tomado como antecedente ante organismos de protección industrial nacionales como el INPI.

Así, y ya redondeando los conceptos vertidos hasta acá, aunque un pedido de patente que pasó por la asesoría del PCT debería ser más difícil de rechazar a nivel local, el hecho de que Argentina no haya adherido al capítulo II del tratado debilita fuertemente lo explicado recién porque el informe técnico más importante dependía de esa parte del tratado y no será tomado en cuenta por las autoridades del INPI.

El PCT y el INPI en la marea agitada de los medicamentos

Como se dijo, seguirá siendo el INPI el organismo que defina si una patente se protegerá en el país. Pero hay una segunda cuestión crucial, que es el tipo de patente que eventualmente obtenga luz verde. Acá está también el margen de muñequeo que podrían tener los más críticos del PCT frente a las puertas que supuestamente abre la novedosa adhesión al tratado.

Veamos el porqué: el 90% de las cajitas de remedios que se venden en Argentina son copia de originales extranjeros. Con la normativa vigente de los llamados “biosimilares”, el Ministerio de Salud formalizó en los últimos años eso que ya existía en un marco de relativo vacío legal. De esos remedios, cabe aclarar, los laboratorios nacionales (y el ministro de Salud, Mario Lugones, lo ha replicado) explican que aumentan el acceso de la población porque son más baratos que los originales, algo evidente en varios casos.

Según argumentan muchos que se vinieron oponiendo al PCT, si más laboratorios extranjeros patentan acá (o sea, protegen su innovación de las copias por 20 años), la tendencia a desarrollar biosimilares locales se vería demorada (por los tiempos en que una patente está vigente y no se puede «replicar») y, en definitiva, desalentada. Esto promovería en un mediano plazo, un mercado de remedios más caros del que ya existe, señalan.

El de los precios de los medicamentos en Argentina es un capítulo paralelo y complejo, no tan lineal, que este medio ha descripto. Pero, volviendo a lo dicho arriba y considerando las variables de ese muñequeo local, la cuestión terminará pasando por el tipo de patentes que apruebe el INPI.

Es un tema no muy distinto a lo que ocurre con el registro de conducir: usted puede conducir autos, pero, ¿puede manejar camiones también? Depende del tipo de licencia que tenga. Del mismo modo, el alcance de una patente podría ofrecer protección de la existencia de biosimiares o no.

Llegando por fin al meollo de lo más álgido del PCT en su versión argenta, lo que finalmente importará en Argentina es quién maneje el INPI y en función de qué intereses.

Pasando en limpio y ante la pregunta de si va a haber en el mercado argentino medicamentos nuevos más caros o no, la respuesta ineludible es “depende”.

Los medicamentos innovadores (u “originales”) podrán coexistir con los biosimilares que los hayan tomado de modelo, en algunos casos puntuales en que el INPI lo habilite de ese modo. Y así ocurre en algunos países, argumentan los más objetivos respecto de la grieta «farma», podría decirse. A veces (no siempre) se da protección plena al remedio original por un plazo más corto que 20 años (por ejemplo 5 o 10) y a partir de ese tiempo, se habilita la circulación de biosimilares que hayan tenido el «ok» de la ANMAT.

Si eso ocurre y en un mundo ideal con un mercado farmacéutico sano (Argentina debería trabajar mucho en esa dirección), la empresa que invirtió para desarrollar el remedio original, logrará proteger (en alguna medida, no toda) su invención, y recuperar (en alguna medida, quizás no toda, o no tan rápidamente) su inversión. Cuando aparezcan los biosimilares y sean oportunamente autorizados, la diversificación de la oferta podría provocar que los precios tiendan un poco a la baja

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