Al mismo tiempo que envió un polémico proyecto de Ley de Ludopatía, el Gobierno decidió avanzar con otro que también divide aguas. Quiere derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, que desde hace casi cuatro años obliga a colocar octógonos negros en alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías. La iniciativa fue enviada al Senado el viernes y reabrió un debate que había atravesado años de discusiones políticas, sanitarias y empresariales.
En el texto, según publicó parlamentario.com, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones, se sostiene que la experiencia de aplicación de la norma permitió detectar “diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas” que justificarían su eliminación.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación no respondieron a Clarín si en el proyecto, al que no tuvo acceso este diario, hay evidencia del no funcionamiento de la ley actual, y no dieron detalles sobre si se trata de una derogación o una revisión de la norma.
La ley 27.642 fue sancionada por el Congreso en octubre de 2021 y promulgada un mes después. Su implementación comenzó de manera progresiva en agosto de 2022, y no fue nada rápida, con nuevos plazos y prórrogas según el rubro alimenticio. Sea como fuere, hoy hasta los productos importados tienen los octógonos negros.
El sistema establece que los alimentos que superen determinados límites de nutrientes críticos deben exhibir en el frente del envase sellos negros con advertencias de “Exceso en azúcares”, “Exceso en sodio”, “Exceso en grasas saturadas”, “Exceso en grasas totales” y “Exceso en calorías”, según corresponda.
También incorporó advertencias sobre cafeína y edulcorantes en productos destinados a niños y adolescentes. Los más representativos son las gaseosas light o 0% azúcares.
La instancia en las góndolas ahora parece ser la de un retroceso, al menos, a nivel parlamentario inicial.
Qué argumentan para derogar la ley
El Ejecutivo cuestiona el funcionamiento actual del sistema y sostiene que genera confusión entre los consumidores.
De acuerdo con el texto, la ley vigente incorporó un esquema obligatorio de sellos de advertencia basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y advierte que “no existe actualmente un modelo único y uniforme a nivel internacional” sobre etiquetado frontal, y que los sistemas disponibles están en «permanente revisión», lo que relativiza la adopción de un esquema rígido como el argentino.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al perfil de nutrientes utilizado, que «aplica criterios homogéneos a alimentos de características muy diferentes». Esto genera, consideran, situaciones en las que productos “tradicionalmente incorporados dentro de patrones alimentarios cultural y nutricionalmente aceptados” reciben advertencias equivalentes a otros de menor calidad nutricional, lo que “dificulta una adecuada diferenciación” entre sí.
Puntualmente, el Gobierno dice que el sistema “puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral de determinados alimentos, generando confusión en los consumidores y alejándose de cumplir con los objetivos perseguidos por la propia ley”.
También se cuestiona la metodología de cálculo, basada en porcentajes del aporte energético total, ya que en algunos casos arroja resultados “técnicamente inconsistentes o desproporcionados”.
Según el Ejecutivo a esto se suma la falta de incentivos para la reformulación de productos. “La estructura binaria del sistema de advertencias vigente dificulta reflejar mejoras parciales en la composición nutricional de los alimentos”, se lee en los fundamentos.
Una decisión que altera al sector (otra vez)
En la industria alimenticia, desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) consideran “valioso que se abra una instancia de revisión de fondo” sobre la ley.
Desde la entidad dicen a Clarín que “el sistema adoptado por Argentina presentó desafíos en términos de diseño, aplicación y consistencia técnica, lo que en muchos casos termina generando confusión en el consumidor”.
Además, remarcan que terminó siendo “uno de los más amplios y restrictivos de la región” y cuestionó que evalúe nutrientes “en función de proporciones sobre el total calórico de cada producto”. Y que eso puede generar “distorsiones y situaciones difíciles de interpretar para el consumidor”.
Carla Martín Bonito, presidenta de COPAL, afirma que “las políticas alimentarias requieren integralidad” y planteó que “el desafío es construir regulaciones eficaces, equilibradas y basadas en evidencia”. También advirtió sobre “la falta de convergencia regulatoria” con otros países del Mercosur y el impacto sobre la competitividad exportadora.
En una línea similar opina Sergio Britos, nutricionista y director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA), aunque con matices. “La derogación lisa y llana de una ley que tuvo tanto debate y visibilización pública y que se implementó, la gente conoce y la industria invirtió y reformuló, no me parece una buena señal”, explica a Clarín.
Britos recuerda que durante el debate legislativo varios especialistas habían cuestionado el perfil de nutrientes adoptado por la Argentina, basado en el modelo de OPS. Según explicó, ese sistema era “de una rigidez extrema”, utilizaba una lógica de cálculo “inconsistente en lo técnico” y terminaba clasificando como “malos” a alimentos que no necesariamente lo eran.
El especialista también señala que el Mercosur venía avanzando hacia otros modelos “más comunes con el mundo y con mayores posibilidades de evolucionar conforme la ciencia genere más evidencia”. Y agregó que, a tres años de la implementación plena de la ley, “no hay ninguna evaluación rigurosa que demuestre efectos del etiquetado sobre lo que realmente importa: la dieta de la población”.
Pero la propuesta oficial generó un fuerte rechazo en organizaciones dedicadas a políticas de salud pública. Desde la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), una de las entidades que impulsó la ley, advierten a este diario que la derogación sería “un grave retroceso”.
“No existen argumentos sanitarios que justifiquen una decisión de este tipo”, dice Victoria Tiscornia, magíster en nutrición e investigadora de FIC.
Según Tiscornia, existe evidencia científica “libre de conflicto de interés” que demuestra que la política funciona. Cita estudios realizados en el país según los cuales “9 de cada 10 personas consideran que los sellos son útiles y fáciles de entender” y aseguró que más de la mitad de la población modificó su intención de compra en categorías como bebidas y galletitas tras la implementación de la norma.
“En conjunto, la evidencia muestra resultados muy consistentes: la ley es altamente valorada, mejora la comprensión de la información nutricional y esto se traduce en cambios positivos en las decisiones de compra”, afirmó la investigadora. Y agregó: “Derogar esta ley implicaría un grave retroceso en el derecho a la salud y a una alimentación adecuada”. Desde la FIC tampoco aportaron evidencia sobre el funcionamiento de la ley.
