La reforma del sistema de justicia penal en Venezuela, promovida por el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, avanza en medio de profundas dudas sobre su alcance real y su falta de transparencia institucional. Casi seis meses después de la intervención militar estadounidense del 3 de enero que sacó del poder a Nicolás Maduro, el proceso de reestructuración —que incluye la renovación exprés del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y una polémica ley de amnistía— se enfrenta a la resistencia de los propios tribunales chavistas, que mantienen casi intactas las prácticas de persecución y sumisión al Ejecutivo denunciadas por Naciones Unidas.

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