Con una larga lista de funcionarios bajo la lupa judicial, el gobierno de Javier Milei es sacudido casi a diario por revelaciones que lo comprometen. Un informe técnico presentado por el Ministerio de Salud sumó un elemento nuevo a la causa que investiga la presunta existencia de una organización criminal compuesta por funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y empresarios del sector farmacéutico para enriquecerse: facturas que evidencian compras de sillas de ruedas, andadores, prótesis y otros insumos por las que se pagaron sobreprecios de hasta 4.000%.

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