Rodrigo Gómez tenía 21 años cuando lo encontraron muerto en la Quinta de Olivos. Venía sufriendo el hostigamiento y la extorsión de un grupo de delincuentes desde sus celdas. Casi medio año después de su muerte, la Cámara Federal de San Martín ratificó y confirmó el juicio en contra de los detenidos por este crimen. Pero además se dictó otro fuerte revés contra dos de ellos.

Se trata de Iara Ayelén Cosentino y Karen Yael Cufré, ambas imputadas por asociación ilícita agravada en el carácter de miembros y como coautoras del delito de extorsión.

Las mujeres se diferenciaron de sus compañeros al solicitar la excarcelación, para esperar el juicio en libertad. Sin embargo, según dicta en los documentos a los que tuvo acceso Clarín, los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán desestimaron estos pedidos.

En el caso de Cufré, el tribunal rechazó su pedido de libertad, enfatizando su rol logístico dentro de la banda mientras desempeñaba funciones públicas. Es que la detenida formaba parte del centro de monitoreo de la Municipalidad de Morón, algo que los magistrados tomaron como «altamente significativo» para su situación.

Además, se valoró negativamente el uso de violencia psicológica contra sus víctimas y la complejidad de la organización para captar y extorsionar personas de manera indeterminada.

Por su parte, en torno a Cosentino, los jueces consideraron que el arraigo familiar y la falta de antecedentes, planteados por la defensa, no bastaban para neutralizar el riesgo procesal dado el contexto de la estructura criminal de la que formaba parte. Además, en ambos casos determinaron que existe un peligro real de que las acusadas intenten eludir la justicia debido a la gravedad de la posible condena, la cual sería de cumplimiento efectivo.

A los rechazos dictados contra las dos detenidas se sumó la situación de Erica Yamila Torres. En este caso, los jueces indicaron que su recurso contra la prisión preventiva fue «erróneamente concedido», ya que la defensa intentó cuestionar la detención por una vía procesal que no correspondía al régimen de excarcelación.

La estructura criminal estaba liderada por Tomás Matías Francavilla y Mauricio José Duarte Areco, quienes dirigían las operaciones extorsivas desde el interior de la Unidad 36 de Magdalena.

Francavilla, quien utilizaba la identidad de un policía estafado llamado «Nahuel Contti», y Duarte Areco fueron procesados como jefes de la asociación ilícita y coautores de extorsiones reiteradas.

Adicionalmente, ambos enfrentan la imputación de instigación al suicidio, debido a que la intensidad de la presión psicológica que ejercieron sobre el soldado Gómez fue el detonante de su fallecimiento. También tras las rejas, se identificó a Kevin Manuel Sandoval, alojado en la Unidad 26 de Olmos, como quien operaba en forma de nexo y era valorado por los líderes para asumir roles específicos en las llamadas extorsivas debido a su tono de voz.

Desde afuera de las cárceles, se confirmó la participación de Camila Alejandra Moscato, quien se encargaba de recibir los depósitos de las víctimas para luego redistribuirlos hacia el entorno de los líderes, como el hermano de Francavilla.

Actualmente, la instrucción se centra en la trazabilidad del dinero, que ha permitido reconstruir un entramado de transferencias cruzadas entre los implicados inmediatamente después de concretadas las extorsiones.

El tribunal determinó que las constantes llamadas y presiones recibidas por el soldado el día del hecho entorpecieron sus funciones de custodia federal, afectando su concentración y periodos de descanso obligatorios.

Así las cosas, los imputados permanecen bajo prisión preventiva, mientras la justicia evalúa la incorporación de nuevas medidas de prueba.