La renuncia de Alba Luz Ramos, durante décadas una de las figuras centrales del sistema judicial nicaragüense, culmina la purga que la copresidenta Rosario Murillo inició en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en octubre de 2023. Desde entonces, el proceso ha implicado despidos masivos, la salida de magistrados y una recomposición de la cúpula judicial que, con este último movimiento, consolida su control total sobre la institución. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aceptó el 27 de agosto la renuncia de Ramos a la presidencia de la CSJ. La magistrada alegó “razones de salud” y anunció su jubilación después de 38 años como integrante del máximo tribunal y 16 años consecutivos al frente del organismo.

Ramos, sin embargo, llevaba apartada del Poder Judicial casi tres años, ostentando la presidencia de forma meramente ornamental y recluida en su vivienda. El 24 de octubre de 2023, efectivos policiales encabezados por el comisionado general en retiro Horacio Rocha irrumpieron en la sede de la Corte Suprema, la desalojaron de su despacho y la enviaron a su residencia. Desde ese momento dejó de participar en actos oficiales. Fuentes oficiales aseguraron que Daniel Ortega impidió que Ramos fuera enviada a prisión por Murillo, con quien mantenía una relación “confrontativa”.

Para el abogado Juan Diego Barberena, la renuncia de Ramos “termina de consumar la intervención total” iniciada por Murillo. Matiza, sin embargo, que no se trata de que el régimen copresidencial haya obtenido ahora por primera vez el control de la Justicia, una institución cuestionada desde hace años por su falta de independencia. “Lo que culmina es un recambio de lealtades entre los operadores del sistema de justicia”, explica. “Ahora lo que veremos es que todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le deben el nombramiento a Rosario Murillo”, señala Barberena, a quien el propio Poder Judicial despojó recientemente de su título de jurista.

La salida de Ramos coincidió con una profunda reorganización del Poder Judicial. Entre finales de 2023 y 2024 fueron despedidos más de un millar de funcionarios, entre personal administrativo, jueces y trabajadores vinculados a antiguos magistrados, según fuentes del sector. La ejecución de esos cambios ha sido atribuida por fuentes judiciales a Fidel Moreno, secretario de organización del Frente Sandinista y uno de los principales operadores políticos de Murillo, a pesar de no ocupar ningún cargo en el Poder Judicial.

El proceso estuvo acompañado además de modificaciones legales. Una reforma constitucional aprobada entre finales de 2024 y enero de 2025 redujo de 16 a 10 el número de magistrados del alto tribunal. Posteriormente, en marzo de 2025, una nueva Ley Orgánica del Sistema Judicial reorganizó la estructura interna del Poder Judicial. Sin embargo, la fase más visible de la purga comenzó en noviembre de 2025. Desde entonces, nueve magistrados —incluida Ramos— han dejado sus cargos alegando principalmente “motivos de salud” o jubilación. Entre ellos figuran Yadira Centeno, Ellen Joy Lewin, Virgilio Gurdián, Manuel Martínez, Armengol Cuadra, Armando Juárez, Marvin Aguilar y Gerardo Arce Castaño. Este último es hermano de Bayardo Arce, exasesor económico presidencial y actual preso político, a pesar de ser uno de los últimos comandantes de la revolución sandinista leales a Ortega y enemistado históricamente con Murillo.

Fuentes judiciales consultadas por medios nicaragüenses han señalado que varias de esas renuncias fueron solicitadas directamente por el Ejecutivo copresidencial. El relevo avanzó el 26 de noviembre de 2025, cuando la Asamblea Nacional eligió a cinco nuevos magistrados. Entre los nombrados estaba Ana Julia Guido, quien había ocupado durante más de una década la Fiscalía General de la República y que posteriormente fue designada presidenta de la Sala Constitucional.

Guido se perfila ahora como la sucesora de Ramos. El 25 de agosto, dos días antes de que la Asamblea aceptara formalmente la renuncia de la antigua presidenta, Guido participó en un acto oficial identificada como “Presidenta por la Ley de la Corte Suprema de Justicia”, aunque su nombramiento no se había anunciado públicamente hasta ese momento.

Ramos había sido una de las figuras más estables en la estructura de la CSJ, incluso después de que Rafael Solís —padrino de bodas del matrimonio Ortega-Murillo— renunciara a su cargo y a su militancia sandinista en protesta por la represión estatal. La trayectoria de Ramos en la Corte comenzó hace casi cuatro décadas, y su permanencia en la presidencia la convirtió en uno de los rostros más visibles del Poder Judicial durante los gobiernos de Daniel Ortega. Su renuncia formal cierra ahora una etapa que, en la práctica, había concluido en octubre de 2023, insiste Barberena.