La alcaldía del microcentro porteño donde el jueves un grupo de presos retuvo a tres policías (a uno por varias horas) quedó vacía. El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires distribuyó a sus 31 detenidos en distintas dependencias y anunció que el lugar permanecerá cerrado por tiempo indeterminado. Mientras tanto, diez de los internos, señalados como responsables de la revuelta, deberán declarar ante la Justicia.
El auxiliar fiscal Marco Juliano Zunino, de la Unidad de Flagrancia Este, los acusa de privación ilegítima de la libertad con fines coactivos, agravada porque participaron más de tres personas; daño a bienes de uso público y lesiones leves. Los diez ya estaban procesados en otras causas por robo, hurto y drogas.
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Cinco horas de tensión
De acuerdo con la reconstrucción oficial, todo empezó a las 12.36 con una pelea entre dos detenidos en una de las celdas de la Alcaidía 1, en Lavalle al 400. Cuando la custodia intervino para separarlos, el resto del grupo reaccionó y terminó reteniendo a tres agentes: un subcomisario, un inspector y un oficial mayor. Dos recuperaron la libertad durante las primeras negociaciones; el tercero salió recién a las 17.30.
Mientras duró la toma, los presos usaron celulares para grabar lo que pasaba adentro. En los videos se veía a uno de los policías retenidos y a un detenido tendido en el piso, mientras los internos exigían la presencia de un fiscal. Al lugar llegaron ambulancias del SAME, dotaciones de Bomberos y un grupo de la División de Operaciones Especiales de la Policía de la Ciudad, que ingresó con un psicólogo y un negociador.
Para destrabar el conflicto se armó un comité de crisis con representantes del Gobierno porteño, la fiscalía, el Servicio Penitenciario Federal y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Según el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, la prioridad fue “preservar la vida del personal policial”. Tras el acuerdo, todos los involucrados fueron revisados por el SAME, y la fiscalía analiza la denuncia de que uno de los presos habría sido golpeado durante el episodio.
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Dos celdas para 31 personas
Detrás de la toma aparecen las condiciones de encierro. La alcaidía cuenta con solo dos celdas compartidas y no tiene comedor, lugar para recibir visitas ni espacios al aire libre. Algunos detenidos llevaban largos períodos allí: dos ya tenían condena firme y uno de ellos estaba alojado en la dependencia desde hacía más de dos años y medio. Entre sus reclamos, los presos pedían ser trasladados a una cárcel federal.
La situación de las alcaidías porteñas es uno de los argumentos del Gobierno de la Ciudad para acelerar el traslado de detenidos al nuevo penal de Marcos Paz, adonde desde el 11 de octubre se están mudando los 1.500 internos de Devoto. La promesa oficial es sumar antes de fin de año a otros 700 presos que hoy esperan en comisarías y alcaldías. No es el primer episodio de este tipo: en enero de 2025, la Policía desactivó una revuelta en la Alcaidía 10 bis, en Versalles, y en diciembre de 2024, 17 detenidos escaparon por un agujero en la pared de la Alcaidía 9, en Liniers.
IC/ML
