Indio Rico, una pequeña y pintoresca localidad bonaerense de mil habitantes, quedó en el centro de todas las miradas por un caso de novela que tiene como protagonistas a un joven que creció con privaciones y trabajando de albañil, mientras su progenitor acumulaba campos y fortuna.

Ahora, la justicia dispuso un impactante fallo que sienta un precedente histórico al reconocer el ADN del muchacho como directo heredero del terrateniente y le proporcionó una indemnización por daño moral con la que al menos podrá comprarse una casa.

Un secreto a voces, tres décadas de silencio y una batalla judicial que terminó de la manera menos pensada. En una pequeña y tranquila localidad bonaerense de poco más de mil habitantes, la verdad tardó 33 años en salir a la luz, pero lo hizo con la fuerza de un tsunami. Lo que comenzó como el reclamo de un joven humilde por saber quién era su padre, se convirtió en un fallo histórico de la Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca que obliga a un reconocido productor rural a pagarle a su hijo biológico una indemnización equivalente al valor de una casa de tres ambientes.

La historia, que parece guionada para una telenovela pero es real, ocurrió en Indio Rico, un pueblo ubicado a menos de 200 kilómetros de Bahía Blanca. Allí, un joven que creció bajo un manto de privaciones y debió trabajar como peón de albañil para subsistir, acaba de ganar la pulseada definitiva contra el hombre que, sabiendo la verdad, decidió mirar para otro lado.

El calvario del muchacho comenzó el mismo día de su nacimiento, el 3 de julio de 1989. Mientras su padre biológico prosperaba de la mano de la actividad agropecuaria y ganadera, el niño se criaba en una humilde y pequeña casa dentro de una planta de silos, sostenido económicamente por su abuelo materno.

Su madre, quien trabajaba realizando tareas de limpieza, jamás le ocultó la verdad. El romance en el pueblo había sido público: iban juntos al club social, a los bailes y todos en la zona sabían de esa relación. Sin embargo, el rechazo del progenitor caló hondo. Las carencias económicas no solo fueron materiales; también frustraron el gran sueño de la vida del joven: estudiar veterinaria.

A los 15 años, su madre inició la demanda de filiación. El proceso, según lo revelado este sábado por el diario La Nueva, fue una tortura burocrática que se extendió durante décadas. Ya mayor de edad, el muchacho continuó la demanda a pulmón. Recién el 6 de abril de 2022, un estudio de ADN confirmó legalmente lo que todo el pueblo murmuraba en las esquinas. Pero la batalla no terminó ahí: el joven fue por la verdadera reparación.

Tras el fallo por paternidad, el abogado del joven avanzó con una demanda por daños y perjuicios. El argumento del millonario rural para defenderse ante la Cámara —integrada por los jueces Marcelo Restivo, Fernando Kalemkerian y Patricio Lombardi— terminó jugando en su contra de manera insólita.

El hombre alegó que, al ser Indio Rico un pueblo tan chico, una relación así no se podía ocultar. La respuesta de los magistrados fue letal: si era imposible de ocultar, era aún más imposible no representarse la obviedad de que era el padre.

En un fallo ejemplar, la Justicia determinó que el reconocimiento de un hijo extramatrimonial «no es discrecional» y sostuvo que ante la duda u objetividad de la paternidad, un progenitor no puede quedarse de brazos cruzados. La falta de reconocimiento afectó severamente el derecho a la identidad de Martín, dejándolo con secuelas psicológicas que arrastra hasta hoy.

«Me sentí no valorado, descartado, desconocido y despojado del apellido que me pertenece», confesó la víctima en el expediente. Los peritos determinaron un 10% de incapacidad psicológica debido al trauma, la baja autoestima y el sentimiento de inferioridad provocado por el abandono masivo de su progenitor.

El juez de primera instancia de Tres Arroyos, Fernando Elizalde, dictó una sentencia que luego la Cámara bahiense ratificó con firmeza. Aunque la identidad no tiene precio, los jueces buscaron una «satisfacción sustitutiva» que compense tantos años de desprecio.

Es que mientras el demandado es dueño de al menos dos campos valuados en más de 730.000 dólares, su reconocido hijo biológico vive actualmente con su pareja e hijos en una casa prestada por sus suegros.

A modo de resarcimiento, una perito tasó en 65.000 dólares una propiedad estándar (dos dormitorios, living, cocina, baño, cochera y patio) en el centro de Tres Arroyos. Ese es el monto exacto por daño moral que el terrateniente deberá desembolsar para comprarle, literalmente, el techo que su hijo nunca tuvo.

Además del monto de la vivienda, el demandado deberá costear por completo un tratamiento psicológico de al menos dos años (con frecuencia semanal) para reparar las huellas emocionales del rechazo.

Los años de infancia perdidos y el sueño frustrado de la universidad ya son irrecuperables para el demandante pero este fallo histórico marca un antes y un después en la jurisprudencia local: el abandono paterno y el daño a la identidad se pagan muy caro.