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Sábado, diez y media de la mañana. Un grupo de siete personas con celulares, mate y chipás al brazo está parado en una de las esquinas más transitadas de Flores, uno de los principales barrios comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. El más joven ronda los veinte años; la mayor, setenta. Todos forman parte de La Guardia Jurídica, un grupo de militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), distintas organizaciones sociales y de vecinos que, cuando se enteraron de los operativos policiales contra vendedores ambulantes y de la saña de estos con los migrantes, se organizaron para formar una red de cuidado vecinal. El objetivo es proteger a los trabajadores de posibles abusos de la policía y de documentarlos si es que suceden.

C, M, K y L* son cuatro trabajadores que encontraron en la venta informal una forma de ganarse la vida. Todos nacieron en Senegal, pero llegaron a Argentina hace algunos años. En sus mochilas cargan pantalones, camisetas y shorts que esperan vender para sobrellevar la crisis económica que, según el Instituto Argentina Grande, ha llevado a que casi el 48% de los hogares desplieguen alguna estrategia complementaria para llegar a fin de mes. Cuando se acercan a la guardia a saludar, uno de ellos lanza una advertencia: “Parece que va a haber un operativo de migración”.

No han llegado a abrir las mochilas cuando a C. y a sus compañeros los rodea un grupo de casi quince personas del Ministerio de Espacios Públicos e Higiene, funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones y policías. En el operativo también hay un par de personas vestidas de civil que, después de percatarse de que uno de los chicos de la guardia los graba con su celular, se han puesto un chaleco de Policía de la Ciudad.

Ya en círculo, uno de los representantes de Espacios Públicos comienza a hablar. Dice que no está permitido vender en el barrio y que, de ver alguna señal, van a “proceder a agarrarlos y a confiscar todo”. Agrega una advertencia: “¿Entendido? Porque no queremos tener problemas con la policía, ¿verdad?”. Los migrantes permanecen en silencio. La mayoría de ellos no habla español.

Entre la gente que integra la guardia y los migrantes son más o menos una decena de personas, pero los oficiales de Migración solo exigen el DNI (documento de identidad argentino) a los senegaleses. “Un procedimiento habitual de control de permanencia”, dice uno de los funcionarios. Para este momento, algunos miembros de la guardia ya han comenzado a registrar el operativo con sus cámaras, mientras que otros les repiten a los migrantes “que todo va a estar bien”. Al cabo de unos minutos se confirma que los cuatro tienen los papeles en orden. En gran parte porque, además de montar una guardia, el colectivo también ha acompañado a algunos de ellos a regularizar su situación migratoria.

C. y sus compañeros deciden retirarse del lugar. La policía los sigue un par de cuadras más, grabándolos con un celular y diciendo en voz alta: “Enfócales la cara”. No hubo venta ni ganancias. “Pero al menos cuando está la guardia, nos tratan mejor. Si estamos solos, son más agresivos, y las cosas se ponen más violentas”, dice.

Responder a las políticas migratorias

“La guardia surgió porque nos dimos cuenta de que casi siempre llegábamos tarde a la denuncia”, cuenta R, una militante del MTE, organización social que reúne a varios gremios de trabajadores del mercado informal y quien ha preferido permanecer en el anonimato.

Fue a finales de 2025, mientras daba clases de alfabetización a algunos migrantes senegaleses en un espacio que la organización había articulado, que escuchó algunas de las historias. “Nos contaban que les habían sacado la mercadería; y les preguntamos si les habían dejado alguna nota, algún acta. Y nos decían que no. Así nos dimos cuenta de que eran operativos totalmente irregulares”, dice.

También les contaron que en algunas ocasiones habían sido golpeados, que recibían insultos constantemente y que la situación se ponía cada vez más agresiva. “Dijimos ‘bueno, tenemos que poner las denuncias’, pero cuando lo hacíamos, siempre se archivaban porque no había pruebas suficientes. Y nos dimos cuenta de que teníamos que estar ahí”, agrega.

Desde hace dos años, Jorge Macri, gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, encabezó un plan de “orden y limpieza” que incluyó, según las cifras de la institución, el desalojo de 5.000 manteros en Flores. Según el Gobierno, los operativos tienen como objetivo “recuperar los espacios públicos y defender la Ley de Marcas”, una que prohíbe la venta y comercialización de mercadería no registrada. Eso perjudicó a buena parte de la comunidad migrante y especialmente a la comunidad de senegaleses que suelen dedicarse a la venta de indumentaria en el mercado informal.

Los operativos coincidieron con una ofensiva antimigrante encabezada por el Gobierno nacional. Javier Milei firmó dos decretos que endurecieron las políticas migratorias y, entre otras cosas, habilitaron deportaciones exprés, además de poner nuevas trabas a la regularización. Además, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, la ministra Alejandra Monteoliva difundió un video que, a excepción de algunos detalles, es una copia del publicado por Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad de Estados Unidos. En él aseguraba que “el extranjero que delinca o esté ilegal, será expulsado, porque quien las hace, las paga”. A raíz de esto, la Dirección Nacional de Migraciones ha llevado a cabo alrededor de 10.000 operativos en todo el país. Algunos medios ya los llaman “el ICE argentino”.

“Es muy loco porque cuando empezamos a hablar de formar una guardia, comenzamos a ver noticias de cómo se organizaban los vecinos en Estados Unidos contra el ICE”,” dice R. Desde el sur, ellos estaban pensando lo mismo.

Al principio eran dos o tres voluntarias que iban todos los sábados a verificar lo que pasaba. Pero más tarde unieron esfuerzos con el Mapa de la Policía, una plataforma ciudadana que se encarga de monitorear la violencia estatal. Algunas de las reconstrucciones que hacen con videos y fotografías han sido clave para identificar a responsables de algunos casos emblemáticos, como pasó con el del fotógrafo Pablo Grillo el año pasado, quien casi pierde la vida por un disparo de gas.

Así fue como en diciembre de 2025 comenzó a funcionar formalmente La Guardia Jurídica, con la participación de abogados, estudiantes de derecho, fotógrafos y otros voluntarios que acordaron reunirse los sábados en algunos puntos claves de comercio de la ciudad.

El objetivo de las guardias, aseguran, no es interferir con los operativos, sino que su presencia provoque dos cosas: “Que la policía sepa que los trabajadores no están solos en el espacio público y, por otro lado, monitorear que, en caso de que haya un operativo en vivo, como un secuestro de mercadería, se cumpla el procedimiento de acuerdo a la normativa”, dice Mariano Urteaga, integrante del Mapa de la Policía.

Durante las guardias han constatado las denuncias que desde tiempo atrás habían hecho los senegaleses. En muchos de los operativos se violaban las leyes; la policía confiscaba sin dejar registro y “había una violencia desmedida al momento de hacerlo”, asegura R. Esto lo registraron a través de fotografías y videos que después les permitieron hacer reconstrucciones valiosas.

El fotoperiodista Sebastián Sciutti cuenta que, gracias al trabajo de varios fotógrafos, “se logró identificar la presencia de agentes vestidos de civiles durante los operativos”, algo que, según las leyes argentinas, está prohibido. Las pruebas las compartieron en las redes sociales del Mapa en varios videos que tuvieron alrededor de 200.000 vistas.

En los últimos meses se han sumado más personas a conformar las guardias: algunos del frente político Patria Grande —el ala izquierda de la coalición peronista— y varios estudiantes universitarios. También ha despertado el interés de algunos vecinos. “Me sorprendió porque en redes se ven algunos comentarios racistas, pero en la vida real, en la calle, tuvimos casos en que algunos vecinos han intervenido y se han metido a gritarle a la policía que dejen trabajar a la gente, que vayan a detener a verdaderos delincuentes”.

Aunque los operativos siguen funcionando, la guardia cada vez está mejor articulada. “Entendemos que son soluciones provisorias que, mientras no esté regulado ese trabajo, la problemática va a estar ahí. Pero hay algo en la sensación de desamparo que se empieza a desarmar cuando hay alguna intervención de este tipo”, dice Urteaga.

C. lo confirma. Aunque dice que siente que cada día es “una lucha nueva”, hay algo que a él y a su comunidad los hace sentir menos solos: “Saber que esta gente está acá y nos va a acompañar a luchar por nuestros derechos”.

*Los nombres fueron omitidos a pedido de las fuentes para garantizar su seguridad.