Rosa le ha hecho dos pedidos concretos a su esposo en caso de que sea deportada a Guatemala: que le mande sus ollas y que ahorre para sus gastos fúnebres. “A morir me iría”, sentencia esta mujer indocumentada que desde enero lucha para recuperarse de un derrame cerebral que casi le quita la vida. El Gobierno de Trump la tiene en la mira: hace unos días recibió por correo una multa de 1,8 millones de dólares por no haber acatado, desde 2013, una orden de salida voluntaria del país. No es un caso aislado: más de 65.000 inmigrantes han recibido cartas con sanciones impagables que, en conjunto, ascienden a 36.000 millones de dólares. Organizaciones y expertos han calificado la medida de inconstitucional, extremadamente cruel y una forma de tortura psicológica.

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