Urbagestión Desarrollo e Inversiones S.L., la empresa propietaria de la vivienda de la que Maricarmen fue desahuciada este miércoles, se ha pronunciado públicamente por primera vez desde que el caso de esta mujer de 87 años saltara a los medios hace ahora dos años. En un comunicado, la sociedad asegura que en ningún momento ha querido subir el alquiler a Maricarmen y que tampoco recibió ninguna oferta de compra del inmueble por parte del Ministerio de Vivienda, algo que este organismo desmiente. Además, acusa al Sindicato de Inquilinas, al que pide 10.000 euros por llamarle “fondo buitre”, de realizar “presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas” contra la empresa y de “imposibilitar con su actitud alcanzar un entendimiento entre las partes”.

Urbagestión Inversión y Desarrollo S.L., cuyos administradores son Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, ha rechazado responder preguntas de este diario sobre este comunicado. Estos son, punto por punto, sus argumentos y lo que realmente se sabe.

Sin subidas de alquiler

“En ningún momento la empresa ha exigido a la inquilina el pago de una renta superior a la que venía abonando”, asegura la inmobiliaria en el comunicado. Según la empresa, la abogada del sindicato, Beatriz Duro, les pidió por escrito que indicaran “el precio de un posible nuevo arrendamiento”, a lo que Urbagestión estimó que, “dadas las circunstancias [que Maricarmen tiene 87 años], podría considerarse una renta bonificada entre un 40 y un 50% sobre el precio de mercado”. Pero aseguran que las cifras que ha dado el sindicato de 2.650 euros y, posteriormente, de 1.650 euros, “no fueron formuladas por Urbagestión”.

La abogada del sindicato, Beatriz Duro, corrobora parte de esta versión. Durante las negociaciones, preguntó a la propiedad cuánto estarían dispuestos a aceptar para que Maricarmen se pudiera quedar en su casa: “Y ahí fue cuando ellos pusieron el precio de 1.650 euros, algo que Maricarmen no se podía permitir”.

Es decir, Urbagestión no echó a Maricarmen por no poder pagar un nuevo alquiler. Aprovechó que tenía subrogado dos veces el contrato, algo que impide la ley, para pedir a los tribunales su extinción. En todo caso, la inmobiliaria sí puso los 1.650 euros de alquiler como requisito para que la anciana se quedara con un nuevo contrato.

Nadie hizo una oferta de compra

La sociedad defiende que ni el Ministerio de Vivienda ni la empresa pública Casa 47 “han formulado oferta de compra de la vivienda, ni podían hacerlo legalmente”. Urbagestión reconoce haber recibido una oferta de Casa 47 que implicaba un alquiler de 900 euros pagado conjuntamente entre este organismo y la propia Maricarmen, que venía pagando 500 y que tiene una pensión de 1.350. La propiedad no atendió a esta oferta, según el comunicado, porque se realizó “sin precisar la configuración legal del contrato, el pago de gastos, ni el resto de condiciones legalmente exigibles para articularlo“.

Fuentes del Ministerio de Vivienda dan otra versión muy distinta: “Se les ofreció comprar la vivienda y cortaron el contacto instantáneamente. Pasó lo mismo con la oferta de alquiler [se les ofreció una renta de 900 euros asumida a medias entre Maricarmen y el Ministerio], desaparecieron y no volvieron a coger el teléfono”.

Algo parecido ocurrió también con la oferta de una donante anónima, una conocida escritora que, el día anterior al desahucio, se ofreció a asumir la deuda y a pagar el alquiler de Maricarmen “hasta sus últimos días”. Vivienda intentó interceder y contactar con Urbagestión para trasladar esta última oferta, hasta el punto de que “hubo una persona llamando toda la tarde a la propiedad”, pero “no contestaron ni una vez”. También quiso comprar el inmueble el músico James Rhodes.

“Presiones, descalificaciones y coacciones”

“La propiedad considera que ha sido objeto de presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas por parte del Sindicato de Inquilinas, cuya actitud ha imposibilitado alcanzar un entendimiento entre las partes”, se lee en el comunicado. De hecho, Urbagestión se querelló contra el sindicato hace dos años por “calumnias, injurias y daños al honor” al calificarlos de fondo buitre, un proceso que está ahora en marcha y cuya citación judicial llegará a los activistas en las próximas semanas.

Carolina Vilariño, portavoz del sindicato, se defiende: “Lo único que hemos hecho es decir las cosas que han hecho. Si no quieren que les llamemos especuladores, que no especulen”. En cuanto a las acusaciones de dificultar un “entendimiento entre las partes”, Vilariño asegura que el sindicato ha querido negociar “en todo momento”, frente a “la intención de expulsarla desde el principio” de Urbagestión. Los acusa de “no pensar con humanidad” y recuerda que la empresa se negó en las últimas horas del desahucio a pactar una entrega de llaves para que el desahucio de Maricarmen “fuera menos traumático para ella”. Solo le dieron “media hora” para recoger “lo imprescindible” de su casa y no le van a permitir volver para recoger el resto de sus pertenencias.

Un desahucio legal

Urbagestión defiende que el desahucio es legal. Recuerdan que hace tres años, la Audiencia Provincial de Madrid declaró extinto el contrato, una sentencia que confirmó luego el Tribunal Supremo. El Sindicato de Inquilinas nunca ha dicho que el desahucio fuera ilegal. Para Vilariño, el asunto es que “no es una situación ni justa ni legítima” y pone el foco en que esta situación es producto de “las leyes machistas del franquismo”.

Maricarmen no ha podido beneficiarse del alquiler de renta antigua porque su contrato estaba subrogado dos veces, algo que la ley impide. Sus padres accedieron a la vivienda en 1956, pero las leyes franquistas no permitían que las mujeres firmaran un contrato de alquiler, por lo que su padre era el único titular. Él murió a los pocos años y el contrato se subrogó a la madre, que falleció en 2005, cuando pasó a Maricarmen. “Si hubiera fallecido primero su madre, no estaríamos en esta situación. Ese es el problema”, zanja Vilariño.

“Permanencia tolerada”

La sociedad asegura que ha “tolerado” la permanencia de Maricarmen con “ánimo pacificador” desde que la justicia declaró extinto su contrato hace tres años. Lo cierto es que, en cuanto Urbagestión compró la vivienda en 2018, comunicó a Maricarmen su intención de vaciarla por carta y no le ha ofrecido en ningún momento la posibilidad de alcanzar un acuerdo para que se quedara pagando un alquiler que pudiera permitirse.

Un empadronamiento dudoso

La sociedad desliza en su comunicado que Maricarmen no ha vivido 70 años seguidos en esa vivienda: “Resulta relevante dejar constancia que, según consta en el padrón municipal, la inquilina estuvo residiendo y empadronada con antelación en Collado Mediano hasta 2001″.

Este periódico ha podido acceder al certificado de empadronamiento de Maricarmen, y la realidad es que fueron en total cuatro meses, entre julio y noviembre de 2001, en los que Maricarmen se fue a trabajar a Collado Mediano, un municipio de la sierra de Guadarrama, en el noroeste de la Comunidad de Madrid. No le gustó aquel empleo y volvió a su casa de siempre. Estuvo fuera de su casa tan solo cuatro meses en un periodo de 70 años.