La Administración estadounidense se ha lanzado en tromba a defender el pacto por el que controlará una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela. Ante la avalancha de críticas sobre un acuerdo que presenta aún muchos interrogantes, sostiene que el plan forma parte de un proceso que ayudará a completar una transición democrática y una reconstrucción económica. También vindica su asociación con el millonario venezolano Alejandro Betancourt, investigado en Suiza y España y dueño de North American Blue Energy Partners (NABEP), la compañía que explotará los campos de crudo incluidos en la operación: “No es que queramos pedir la canonización de nadie”, ha declarado un alto cargo que ha hablado bajo la condición del anonimato, y que ha recordado que la Justicia de Estados Unidos no busca al empresario.

El pacto de colaboración entusiasma al Gobierno estadounidense y a su presidente, Donald Trump, que lo ha descrito como “el más importante de la Historia” en el sector de los hidrocarburos. El mandatario se reunió este martes en la Casa Blanca con representantes de las principales compañías de la industria, para explicarles los detalles del plan y las oportunidades que prevé la Administración. Esta misma noche, el secretario de Energía, Chris Wright, viaja a Caracas para una visita en la que se espera que se anuncie una expansión de la presencia del gigante estadounidense Chevron en Venezuela.

Pero fuera de la Administración, la acogida al plan para explotar durante cien años 17 campos de petróleo que se calcula que contienen 65.000 millones de barriles ha sido mucho más circunspecta, si no directamente negativa. No se han divulgado los documentos del pacto ni se conoce su lenguaje preciso. Las versiones que Caracas y Washington han difundido difieren en algunos puntos: el Gobierno interino sostiene que el entendimiento solo tiene una vigencia de 25 años, aunque prorrogables. También genera rechazo la asociación con Betancourt. Algunos analistas dudan de que el plan pueda llegar a aplicarse como está; otros advierten que crea un incentivo para que Washington quiera mantener a la presidenta interina Delcy Rodríguez en el poder y retrasar, o incluso esquivar, la celebración de elecciones democráticas.

El Gobierno estadounidense, que el lunes publicó un comunicado en el que confirmaba la “privatización” del sector petrolero venezolano, insiste en que el pacto beneficia la seguridad nacional de Estados Unidos. “Es una oportunidad geopolítica para acceder a campos que habían estado principalmente bajo la influencia de empresas rusas y chinas”, alegaba el mencionado alto cargo, mientras Trump se reunía con los empresarios.

Acerca de las dudas en torno a Betancourt, el alto cargo insistía en que el empresario venezolano, al que se investiga en Europa por su supuesta participación en un esquema de lavado de miles de millones procedentes de PDVSA, la petrolera estatal, ha sido sometido al escrutinio de los servicios estadounidenses. “No encara ningún cargo en Estados Unidos por haber violado ninguna de nuestras leyes”, le ha defendido.

El millonario, ha precisado el alto cargo, es un “operador probado”, que tiene la capacidad para desarrollar los campos petroleros aún por explotar incluidos en el plan, algo que ayudará, según él, a desarrollar la economía del país y “sacar a Venezuela del hoyo en el que ha estado durante los últimos veinte años”. “No es que esté proponiendo a nadie para ser canonizado”, apostilló sobre el viejo socio del chavismo en contratos eléctricos señalados por corrupción, hoy operador clave de Washington.

“Sabe cómo alcanzar capacidad productiva. Sabe cómo gestionar este negocio… y puede lograr la producción que necesitamos”, ha insistido. “Siendo franco, tenemos que tomar decisiones como esta todo el tiempo en todo el mundo. La geopolítica, con frecuencia, no va de elegir entre lo ideal y lo imperfecto. A menudo se trata de decidir cuál es el mejor resultado, y tienes que trabajar con lo que hay”.

El representante del Gobierno estadounidense también consideró el acuerdo como un paso necesario para el éxito del proceso de transición en Venezuela, mediante la generación de ingresos que reconstituyan la dañada economía del país.

“Lo último que queremos ver es un nuevo gobierno, democráticamente elegido, heredar un país en crisis”, declaró. Por ello, apuntó, no es aún posible la celebración de comicios: aún estarían en pie los mecanismos de la era chavista. Hay que esperar, consideró, a que las conversaciones entre el gobierno interino y representantes de la oposición, que se reanudarán a mediados de este mes, arrojen resultados. “Cuando eso ocurra, y será más pronto que tarde, queremos que el nuevo Gobierno de Venezuela, elegido democráticamente, herede no un país destrozado, sino un país que al menos esté estabilizado y funcione, para prevenir el caos y el desorden, y garantizar que pueden salir adelante. Así que todo está interrelacionado y forma parte de ese proceso”, insistió.

Respaldo del Parlamento

En Venezuela aún no se ha firmado el acuerdo petrolero, pero el Parlamento controlado por el Gobierno ya le ha dado respaldo. Este martes los diputados fueron convocados a una sesión extraordinaria para aprobar la enorme carta de intenciones puesta sobre la mesa por los dos gobiernos.

La fracción minoritaria de la oposición se ha abstenido de votar para conseguir el respaldo unánime a la iniciativa que cocinan Washington y Caracas, antiguos enemigos políticos que han pasado a ser socios íntimos después de la intervención militar del 3 de enero que sacó del poder a Nicolás Maduro. No ha rechazado el acuerdo de plano, pero ha pedido conocer el detalle de los contratos, la letra pequeña, lo que todavía no está claro. “No podemos suscribir un acuerdo que no conocemos, tenemos la necesidad de saber los vericuetos del contrato y, en función de la transparencia, que es nuestra obligación constitucional, exigimos que nos entreguen el texto pleno del contrato para que los técnicos lo evalúen”, señaló el diputado Luis Emilio Rondón.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mano derecha de su hermana, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, aclaró que, si bien el acuerdo no está firmado formalmente, los diputados apoyan el anuncio binacional y aseguró que está basado en la Ley de Hidrocarburos reformada hace meses y aprobada por todos los diputados.

La modificación incorporó la figura de los Contratos de Participación Productiva, los llamados CPP, con los que el chavismo ha venido cediendo el control de sectores estratégicos a capitales privados en operaciones bajo reserva de confidencialidad. Con este esquema, el Gobierno ha intentado ponerse a flote en medio de las sanciones. Aun con la reforma legislativa, que también abrió la posibilidad de arbitraje internacional en casos de controversia —como vacuna de las empresas ante expropiaciones como las vividas en los primeros años del chavismo—, las grandes petroleras extranjeras seguían manteniendo cautela sobre su participación en el sector. Hasta ahora, que NABEP —que desembarcó en Venezuela apenas en 2024— se ha asegurado la explotación de 65 mil millones de barriles.

“Todo el mundo quiere venir a firmar CPP en Venezuela”, dijo Rodríguez en su intervención en el Parlamento. “Lo que viene es producción petrolera a unos niveles nunca vistos y a los que utilicen uno de esos dólares para robárselo, figurativamente, se les vamos a quemar las manos y los vamos a meter en la cárcel”, advirtió. Según el jefe del Parlamento, el anuncio ya ha despertado interés en otros países. “Este acuerdo no tiene nada de esotérico. Está principalmente basado en la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que ustedes votaron por unanimidad, que contempla una forma de relacionamiento económico y productivo, los famosos ya CPP, que no es otra cosa que PDVSA se asocia con compañías transnacionales y extranjeras para exportar petróleo, para sacar petróleo, lo que tenemos 120 años haciendo.Cuando se firmen estos 17 campos con el gobierno de los Estados Unidos de América, se van a firmar 15 más, porque también esa es una de las consecuencias: que los teléfonos no han dejado de sonar”, sentenció.