El 29 de julio de 2021 en la ciudad de Córdoba murió Melín Agustina Sartori y casi cinco años después la Justicia determinó que su fallecimiento se debió a los efectos de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. Allí se abrió un largo proceso judicial, que logró un resultado favorable a la familia de la víctima y marcó un precedente inédito.

La decisión de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba fue fallar a favor de María Virginia Ruiz, madre de la víctima. Dictaminó que la muerte de la joven, a raíz de una trombosis con trombocitopenia, se produjo directamente por la primera dosis de la vacuna rusa. Y, de quedar firme, obliga al Estado nacional a pagar una indemnización millonaria.

Así las cosas, los jueces Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Avalos marcaron que el Ministerio de Salud de la Nación debe abonar a la familia un resarcimiento de 240 haberes mínimos jubilatorios, aproximadamente unos 95 millones de pesos.

«Fue un proceso novedoso. Tocaba toda una cuestión que no estaba estandarizada», sostuvo Martín Barbará, abogado de Ruiz, a Clarín. Y explicó que, cuando comenzaron con el proceso judicial, no existían antecedentes similares a esta denuncia, lo que incluso produjo demoras en el trámite judicial.

«Entiendo que es el primero», marcó el abogado, sobre fallos contra el Estado por las consecuencias de las vacunas contra el Covid.

Sartori tenía 24 años. Según recuerda su familia, era una joven comprometida socialmente y «muy noble», que practicaba deportes y gozaba de un perfecto estado de salud, punto que la Justicia tomó en consideración en su fallo.

Días antes de vacunarse, la joven había iniciado un emprendimiento de pastas con su familia. Pero llegó la pandemia. El 15 de julio de 2021 recibió la primera dosis de la Sputnik V y tan solo seis días después comenzó a sufrir cefaleas y vómitos.

Luego de varios días internada, su cuadro desembocó en una trombosis con trombocitopenia que, tras un deterioro neurológico irreversible, le causó la muerte 14 días después de la aplicación de la vacuna.

El derrotero incluyó estudios y trabas hasta que la Justicia reconoció los resultados médicos de varios especialistas que marcaron que la trombosis fue inducida por la dosis contra el Covid-19.

Para esto, fue determinante que la propia Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa) revisara el caso y, debido a la evolución del consenso científico internacional, reclasificó el evento reconociendo formalmente el nexo de causalidad entre la vacuna y el daño.

Un punto clave que subrayó el abogado de la familia fue que la Sputnik V «no tenía farmacovigilancia», es decir, no había pasado por un monitoreo continuo para detectar, evaluar y prevenir reacciones adversas.

«En base a los elementos reunidos, es posible concluir que el evento (la muerte de Sartori) se encuentra relacionado a la colocación de la vacuna Sputnik V«, determinó el fallo de la Cámara.

Quien movilizó a la Justicia por esta causa fue María Virginia Ruiz, la madre de Sartori. Según su abogado, más allá de la indemnización, buscaba darle visibilidad y trascendencia al caso de su hija.

Ruiz, médica de profesión, denunció el caso desde el principio por el miedo de que la dosis que causó la muerte de su hija perteneciera a toda una tanda de vacunas contaminadas. La Justicia convalidó, no obstante, efectos secundarios nocivos y, en este caso, letales.

Con su lucha, la madre consiguió que su experiencia fuera escuchada por la comunidad médica internacional.