La Justicia boliviana amplió este miércoles por cinco meses la detención preventiva del expresidente Luis Arce Catacora (2020-2025) en la cárcel de San Pedro de La Paz, mientras continúa una investigación por el presunto desvío de recursos públicos destinados al Fondo Indígena.
La determinación fue adoptada por el juez de medidas cautelares, Román Castro, durante una audiencia virtual, en la que la Fiscalía argumentó que la complejidad del caso y las dificultades derivadas de la prolongada crisis social que atraviesa el país impidieron concluir las investigaciones dentro del plazo inicialmente establecido.
El exmandatario se encuentra recluido desde diciembre de 2025 en el penal de San Pedro y hace dos semanas había vencido el primer periodo de detención preventiva dispuesto por la Justicia para facilitar las investigaciones.
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Durante la audiencia, Arce rechazó los argumentos de la acusación y pidió enfrentar el proceso en libertad. En una intervención dirigida al juez, sostuvo que no buscaba privilegios ni tratos especiales.
Sin embargo, el Ministerio Público defendió la necesidad de ampliar las medidas cautelares al considerar que persisten riesgos procesales y que aún quedan diligencias pendientes para esclarecer el destino de recursos que presuntamente fueron desviados a cuentas particulares.
La investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con el Fondo Indígena, un mecanismo creado para financiar proyectos productivos y de desarrollo en comunidades indígenas y rurales.
Según la acusación, parte de esos recursos aparentemente fueron transferidos de manera irregular, provocando un perjuicio económico al Estado.
El caso adquirió una dimensión política adicional debido a la trayectoria de Arce dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) y su papel en la administración de Evo Morales.
Antes de llegar a la Presidencia, Arce fue durante años ministro de Economía y formó parte del directorio vinculado a la administración de los recursos que hoy son objeto de investigación.
Sigue el caos en Bolivia: el presidente busca levantar bloqueos con represión militar
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, presentó este miércoles una propuesta de ley para facilitar que los militares levanten los bloqueos de vías de campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros que han agudizado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles, en reclamo desde hace más de un mes, primero por una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas, y hoy ya por la renuncia del mandatario.
Acorralado por la crisis, el presidente reiteró este miércoles sus llamados al diálogo, pero también busca allanar el camino a la participación de las Fuerzas Armadas en el levantamiento de los bloqueos al llamarlo una acción «humanitaria». El desabastecimiento afecta sobre todo a La Paz, sede de Gobierno, y la vecina El Alto, pero también se ha extendido a otras regiones. Según el Gobierno, hay siete fallecidos por no recibir atención médica oportuna.
El Congreso anuló la semana pasada una ley que exigía al presidente tener su aprobación para decretar un estado de excepción, que le permitiría además restringir libertades de reunión y movimiento, esenciales para las manifestaciones. Paz denuncia que sectores de manifestantes buscan «alterar el orden democrático» y acusa al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de dirigirlos.
ML
