En el juicio de la Causa Cuadernos se conocieron las presuntas acciones de los empresarios involucrados para sacar efectivo y los «escarmientos» que el kirchnerismo le habría aplicado a los empleados de la ex-AFIP (actualmente ARCA) que descubrieron estas maniobras.
Según una investigación de La Nación, esta situación quedó reflejada este jueves, cuando Fabiana León, la fiscal del juicio de los Cuadernos de las Coimas, interrogó a Verónica Iglesias, una de las empleadas de la AFIP que encontró inconsistencias en las compañías de algunos de los empresarios investigados que firmaron contratos con el Estado durante los diferentes gobiernos kirchneristas.
La fiscal le preguntó a Iglesias: “¿Por qué fue trasladada?”. La mujer respondió: “No tuve explicación”. La magistrada insistió con el tema: “¿Implicó un retroceso en su carrera?”. Iglesias reconoció: “Para mí… sí”.
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La mujer pasó de ser jefa a trabajar como asesora. Hoy, Iglesias es parte de los testigos llamados por la fiscalía para tratar de investigar las supuestas acciones ideadas para que empresarios como Carlos Wagner, Juan Carlos de Goycoechea, Juan Carlos Lascurain o Ángelo Calcaterra pudieran usar libremente los adelantos que se debían destinar a la obra pública.
Sus compañías (firmas tan importantes como Fainser, Isolux, Esuco o Sacde) armaban alianzas temporales con otras empresas para proyectos puntuales de obra pública, una figura legal que, en Argentina, lleva el nombre de Unión Transitoria de Empresas (UTE). Con Isolux se trató de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio, que se adjudicó el año 2007 por más de 2000 millones de pesos, aproximadamente 670 millones de dólares.
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Según La Nación, en ese contexto, las compañías cobraban un adelanto -o pagos parciales- del Estado y, a continuación, contrataban proveedores o subcontratistas que, de acuerdo al ARCA, eran “contribuyentes no confiables” porque emitían facturas poco fiables.
El personal de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que fue llamado para prestar declaración halló salidas de dinero sin que hubiera una contraprestación chequeada.
María Marta Criscuolo, otra empleadas de la ex-AFIP que participó de estas fiscalizaciones, declaró, según el medio antes citado: “Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”.
La mujer hace referencia a los datos que les dio el banco Santander Río sobre Sacde, exIecsa SA, en ese momento a cargo de Ángelo Calcaterra, y a Héctor Javier Sánchez Caballero. Iecsa formó parte de una Unión Transitoria de Empresas armada para realizar el soterramiento del tren Sarmiento.
Y agregó: “Nosotros lo que pudimos ver, a través de bases informáticas del organismo, es que la UTE −de Iecsa− en ese período había realizado operaciones de compra de dólares para tenencia. Nosotros circularizamos a la empresa y nos informaron que los dólares habían sido entregados a apoderados de la UTE en efectivo. Creo que había adquirido tres millones de dólares. No me acuerdo si habían sido en dos o tres operaciones de compra de dinero para tenencia”.
Como Iglesias, Criscuolo perdió su puesto de supervisora, afirmó en la audiencia realizada en 2020, y pasó a hacer sumarios. “No me dieron los motivos”, le confesó a la fiscal León.
De qué se trata la causa Cuadernos
El juicio por la Causa Cuadernos arrancó en noviembre del año pasado. En el proceso se investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de dinero proveniente de empresarios contratistas del Estado durante los diferentes gobiernos kirchneristas.
Además de Cristina Kirchner, están siendo juzgados exfuncionarios nacionales, empresarios y colaboradores cercanos al poder político de ese periodo. La ex presidenta enfrenta acusaciones por presunta asociación ilícita y cohecho.
