Luego de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal detuvo a 27 personas y rescató 111 gallos que, presuntamente, se utilizaban para peleas que se hacían dentro de un local bailable de la localidad bonaerense de Brandsen. En los eventos se promovían las apuestas clandestinas.

La causa fue impulsada por la Unidad Fiscal de Investigaciones y Juicio Descentralizada de Brandsen, a cargo de la fiscal Mariana Albizu, que convocó al Departamento Delitos Ambientales con el objetivo de investigar el lugar donde aparentemente se desarrollaba la actividad.

Con los datos obtenidos, los agentes policiales determinaron que el domicilio en cuestión se ubica sobre el kilómetro 44 de la Ruta Provincial N°215, en la provincia de Buenos Aires. Allí, de acuerdo con la investigación, se llevaban adelante los enfrentamientos entre los animales.

En ese contexto, supieron que además se promovían las encuestas apuestas clandestinas, «con jugosos premios en dinero para los primeros puestos ganadores».

Tras las pruebas recolectadas por los investigadores, el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de Federico Guillermo Atencio, ordenó la realización del correspondiente allanamiento.

Con la orden, los integrantes de la fuerza de seguridad ingresaron al lugar y detuvieron a los 27 hombres que estaban allí, entre ellos, el presunto organizador de la actividad. En el mismo contexto rescataron a los gallos que participaban de los combates, que tuvieron como destino «una granja acondicionada para su recuperación y cuidado».

Durante el operativo, además, se incautaron dos teléfonos celulares, 9 millones de pesos, cuatro trofeos de competencia de riñas de gallos y documentación de interés para la justicia.

En tanto, el despliegue de la tarea tuvo el apoyo de brigadas de la Dirección de Delitos Complejos de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

Los detenidos, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 14.346, que penaliza «el maltrato y los actos de crueldad hacia los animales».