El juez federal del Distrito de Columbia Timothy J. Kelly decidirá en breve si es legal la orden de Donald Trump para prohibir que CNN, Politico y MS Now puedan acceder a la Casa Blanca para cubrir la actividad presidencial. Durante la vista oral celebrada este miércoles, que ha durado poco más de una hora, el juez, designado por Trump en 2017, ha reconocido que la prohibición presidencial podría no haber seguido los cauces legales y no se ajustaría a los precedentes jurídicos que esgrime la Administración federal.

“Creo que es justo decir que ese procedimiento no se siguió en este caso, me refiero al procedimiento previo a la privación”, afirmó el magistrado antes de comenzar la audiencia. El juez Kelly recordó que esa situación contradice decisiones judiciales anteriores. “Simplemente les digo a ambas partes cuál es mi postura”, dijo el juez. “Antes de abordar cualquier cuestión fundamental relacionada con la Primera Enmienda, existe una reclamación sobre el debido proceso, y este tema me parece el primer paso para determinar cómo resolver la moción”.

La advertencia del juez parece inclinarse hacia los argumentos de los medios, por lo que parece acercar un fallo que revoque la decisión de Trump de impedir a los tres medios el acceso a la Casa Blanca, aunque habrá que esperar su decisión final porque la enorme presión que ejerce el Departamento de Justicia.

Kelly recordó dos casos anteriores del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia que sentenciaron que la Casa Blanca no puede impedir el acceso de los periodistas a las instalaciones federales sin previo aviso ni darles la oportunidad de recurrir.

“Tendré en cuenta lo que me han dicho hoy. Intentaré darles una respuesta lo antes posible”, aseguró el magistrado Kelly a Theodore J. Boutrous, abogado que representa a los medios de comunicación, y a Michael Velchik, el representante del Departamento de Justicia (DOJ), que defendió el veto a los periodistas mediante una conexión por videoconferencia.

El caso, aún en su fase preliminar, está llamado a sentar un precedente sobre el alcance del poder presidencial para controlar a los medios y sobre la garantía de que los periodistas desarrollen su trabajo con libertad. La demanda interpuesta por los medios pondrá a prueba los límites de la Primera Enmienda de la Constitución, que consagra la libertad de prensa, y la capacidad del presidente de restringir la actividad periodística. Por eso, el abogado de los medios ha invocado este precepto constitucional para defender sus argumentos. A su juicio, la retirada de credenciales a los tres medios viola este principio. “Se trata claramente de un caso de represalias”, argumentó el abogado.

El veto de Trump a los tres medios de comunicación es la última gota de su cruzada contra la prensa desde que regresó al Despacho Oval. El presidente ha insultado, hostigado y amedrentado a periodistas y medios de comunicación, amenazándoles con demandas millonarias. El mandatario republicó también intentó prohibir el acceso de algunos medios al Despacho Oval. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, intentó expulsar a periodistas del Pentágono con el beneplácito de Trump; y el presidente de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) ha amenazado a algunas cadenas de noticias con retirarlas las licencias de transmisión.

Theodore Boutrous, el abogado de los medios, defendió que la decisión de Trump es inconstitucional e impide la recopilación de noticias que se merece el pueblo estadounidense. Explicó al juez que Trump decidió vetar a los periodistas porque no le gustaban las informaciones que publican. Y ha puesto de ejemplo todas las comunicaciones públicas de Trump en las que ha acusado a los tres medios de “informar sobre ficción o mentiras”, pero no aludió a motivos de seguridad nacional como esgrime ahora el Departamento de Justicia. “Realmente Trump es nuestro testigo principal aquí”, dijo el abogado de CNN, Politico y MS Now.

El Departamento de Justicia ha defendido el veto a los medios por motivos de seguridad nacional, una estrategia que no estaba en las declaraciones iniciales de Trump. “Supongo que se les encendió la bombilla y todos dijeron: Empiecen a hablar de seguridad nacional”, declaró el abogado de los medios.

Al ver las dudas del juez, Boutrous incidió en el argumento de la falta de “debido proceso” de la Casa Blanca para prohibir el acceso a los periodistas. La Administración envió tres cartas a los medios sin membrete y sin firmar en las que advertía de algunas informaciones incómodas para el presidente. El abogado explicó al juez que los artículos citados por el gobierno “son simplemente reportajes comunes y corrientes”. Además, precisó que solo uno de ellos fue escrito por un reportero con acreditación de prensa de la Casa Blanca.

Recordó que en casos anteriores se exigieron “criterios claros” para revocar las credenciales de prensa. “En este caso”, dijo, “no hubo ni rastro de debido proceso”. El abogado ha calificado la decisión del ocupante del despacho Oval como un castigo “sin precedentes, irrazonable y severo”.

La exposición de Boutrous resultó más clara y rica en argumentos. “Literalmente están argumentando que los periodistas no deberían examinar minuciosamente los asuntos de seguridad nacional ni las decisiones del gobierno”, dijo ante el juez Kelly.

El magistrado ya tiene experiencia en este tipo de casos. En 2018, dictó un fallo en contra de la Casa Blanca que ordenaba restituir la acreditación de prensa a Jim Acosta, que en aquel momento trabajaba como corresponsal político de CNN, y a quien Trump había vetado tras un intercambio verbal en el Despacho Oval.

El caso sobre la libertad de prensa estalló el fin de semana. El mandatario republicano anunció el pasado sábado a través de su red social Truth que retiraría las acreditaciones que permiten acceder a la Casa Blanca a los tres medios de comunicación porque, escribió, “constantemente escriben o informan sobre ficción o mentiras”. Este lunes, los funcionarios de la residencia presidencial impidieron el acceso a las instalaciones situadas en el número 16 de Pennsylvania Avenue a los profesionales de esos medios.

Las organizaciones de noticias no tardaron en presentar una demanda pidiéndole al Timothy J. Kelly, que revoque la decisión. El Departamento de Justicia, dirigido por Todd Blanche, exabogado de Trump en algunos de los casos más polémicos de su carrera, registró el martes un documento ante el tribunal con argumentos para convencer al juez de que rechace la demanda esgrimiendo que la decisión tiene que ver con razones de seguridad nacional.

Las grandes empresas de noticias con sede en Estados Unidos —entre ellas Associated Press, Bloomberg, The New York Times, Reuters, The Wall Street Journal, The Washington Post y EL PAÍS— firmaron el martes una declaración en la que subrayan la importancia de una prensa libre. “La libertad de prensa es un pilar fundamental de la Constitución de los Estados Unidos. La Primera Enmienda protege el derecho de la prensa a informar sin temor a la censura ni a represalias por parte de quienes ostentan el poder. Asimismo, defiende el derecho del pueblo estadounidense a estar informado”, señala la declaración, que ha sido organizada por el Comité para la Protección de los Periodistas.

Varios medios de comunicación respondieron al veto de Trump a los tres medios con muestras de apoyo. El consorcio de cinco cadenas de televisión que cubren las actividades del presidente estadounidense, conocido como el pool, —ABC News, CBS News, NBC News, Fox News y CNN— decidió suspender el suministro de información conjunto del mandatario republicano. Además, otros medios como The New York Times cancelaron temporalmente la publicación de fotos de Trump.