Una de las prioridades del Gobierno de Estados Unidos en la revisión del tratado de libre comercio con México y Canadá (TMEC) es la energía. Así ha quedado expuesto en el reporte anual de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) en el que la Administración de Donald Trump señala que México obstaculiza la participación de las empresas estadounidenses en el sector energético. El informe señala que las últimas reformas legales en el país latinoamericano dan prioridad a las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), impidiendo la inversión de las firmas estadounidenses.
“Las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva, o incluso no participar en absoluto, en el sector energético mexicano debido a las frecuentes demoras, los rechazos inexplicables o injustificados y la inacción respecto a las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de los existentes. Las suspensiones o revocaciones inexplicables o injustificadas de permisos vigentes, así como otros impedimentos, socavan la capacidad de las empresas privadas para operar instalaciones energéticas, importar o exportar electricidad o combustible, almacenar o transbordar combustible y construir u operar estaciones de servicio”, describe el reporte de USTR.
El interés de Estados Unidos por el mercado energético lleva tiempo rondando al Gobierno mexicano. En 2014, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se abrió el sector energético a la inversión privada después de décadas de privilegiar las actividades de las empresas estatales. Varias compañías estadounidenses aprovecharon los cambios legales y empezaron a incursionar en sectores como el mercado de combustibles. Sin embargo, en 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, la política energética dio un giro de 180 grados y volvió a estar centrada en las actividades estatales para fortalecer la soberanía energética de México. Los cambios se materializaron en 2024 con una reforma que volvió a colocar a Pemex y a CFE como los rectores energéticos.
“Los cambios en la normativa también imponen nuevas restricciones a los permisos de combustible, reducen la vigencia de los permisos de importación de 20 a 5 años y la de los permisos de comercialización de 30 a 2 años. Estos cambios normativos no se aplican a Pemex. Las partes interesadas estadounidenses también han expresado su preocupación por el borrador de la normativa presentado en diciembre de 2025, que habría restringido la capacidad de los productores independientes de energía para vender su producción y habría otorgado a la CFE la opción de adquirir los activos sin costo alguno”, señala USTR en su informe.
Las quejas de las empresas estadounidenses han llegado al Congreso y a la Casa Blanca. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha anticipado que con su preferencia por Pemex y CFE, México toca los apartados del TMEC relacionados con los monopolios de empresas estatales, las inversiones mínimas aceptables para un sector y la discriminación hacia las firmas. Greer, además, ha reconocido ante el Congreso que una de sus prioridades en la revisión del acuerdo comercial está el clima del sector energético en México. Hasta el momento, las negociaciones –que comenzaron hace dos semanas– no han tocado el asunto.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha defendido que a las empresas estatales no se les puede acusar de monopolio por su condición de pilares de la subsistencia económica del país. “Las empresas públicas no son monopolios, no pueden considerarse monopolios. Los neoliberales no están de acuerdo con esto; nosotros sí, porque la empresa pública es la empresa del pueblo de México, es la empresa de la nación, es la que garantiza soberanía, es la que garantiza accesibilidad, es la que garantiza la eficacia y la sustentabilidad de los sistemas”, defendió la mandataria en su conferencia matutina del martes.
A pesar del discurso nacionalista sobre la energía, la Administración de Sheinbaum se ha volcado a introducir la figura de los contratos mixtos. En ellos se garantiza siempre una importante participación para las firmas estatales que se alían con las empresas extranjeras. Así, por ejemplo, Pemex ha empezado a explorar el yacimiento Trión, en aguas profundas del Golfo de México, de la mano de la australiana Woodside Energy, que posee tecnología de la que la petrolera mexicana no dispone. Pemex ha cerrado siete alianzas de este tipo en los últimos seis meses.
La presión desde Estados Unidos ocurre al mismo tiempo que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha expresado su interés por formar una alianza entre Pemex y Petrobras para extraer crudo de las aguas profundas del Golfo de México. Una actividad que también ha interesado a los estadounidenses desde hace más de una década, pero que solo han observado como vecinos desde las aguas de su país en el mismo Golfo. La directora de Petrobras, Magda Chambriard, visitará México este mes para presentar a Sheinbaum la propuesta de Lula.
