Una de las causas que durante meses puso bajo sospecha al sistema de fotomultas de la provincia de Buenos Aires tuvo un giro clave: el fiscal platense Álvaro Garganta resolvió archivar la denuncia por el presunto delito de exacciones ilegales y por supuestos pagos a funcionarios del Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo del exministro Jorge D’Onofrio, para la instalación de radares.

En la causa estaban imputados Bernardino García y otros directivos de la cámara empresaria CECAITRA, que reúne a pequeñas y medianas empresas de tecnología aplicada al tránsito.

La decisión se sustentó en una conclusión categórica: los radares cuestionados, instalados por CECAITRA principalmente en la Ruta 2, contaban con las autorizaciones administrativas correspondientes desde hacía años, otorgadas durante distintas gestiones provinciales.

La causa había adquirido gran repercusión pública luego de que trascendiera que la empresa tenía más de un centenar de cinemómetros sin aprobación. Incluso, durante la investigación se realizaron allanamientos en la sede de la entidad y en el domicilio particular de Bernardino García, su presidente.

El expediente se había iniciado a partir de denuncias que sostenían que numerosas cámaras de control de velocidad operaban sin un acto administrativo válido, lo que habría tornado ilegítimas las infracciones detectadas y los montos abonados por los conductores.

Sin embargo, tras el análisis de la documentación remitida por organismos provinciales y municipales, la fiscalía concluyó que los equipos contaban con habilitación y que, por lo tanto, no se verificó una conducta penalmente reprochable.

Desde CECAITRA habían denunciado que las acusaciones formaban parte de una ofensiva destinada a perjudicar a la entidad y a favorecer a otros actores del sector.

De hecho, en distintas causas que tramitan la Justicia federal y bonaerense se remarca la disputa entre empresas del sector. En este sentido, fuentes judiciales deslizaron que detrás de la denuncia contra CECAITRA habría estado la empresa Tránsito Seguro, que también opera en las rutas bonaerenses.

Esta empresa es propiedad de Leandro Camani, recientemente denunciado por el fiscal Guillermo Marijuan por un presunto esquema para eludir licitaciones y desviar fondos millonarios, en una causa que ya tramita la jueza federal María Servini.

La resolución del fiscal Garganta también descomprime un expediente que había salpicado a exfuncionarios y empresarios vinculados al multimillonario negocio del control automatizado del tránsito.