El juicio por la desaparición de Loan Peña, uno de los casos que conmociona al país desde 2024, cuando el niño que actualmente tiene siete años fue visto por última vez, continúa desarrollándose en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes. Entre los 17 acusados se encuentra Elizabeth Cutaia, una abogada señalada por la Fiscalía como una de las figuras centrales de la denominada “banda del hotel”, grupo apuntado por supuestamente realizar maniobras para entorpecer la investigación.
Cuando comenzó el debate, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, una imagen llamó la atención: Cutaia apareció en la primera fila, reservada para los letrados, mientras el resto de los imputados permanecía detrás de sus representantes. Esto se debe a que la mujer de 45 años se defenderá a sí misma, asistida durante el debate por sus colegas Rodolfo Baqué y Gabriel Roldán.
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La acusada pasó casi 40 días detenida y llegó al juicio en libertad. La parte acusatoria la ubica dentro de las diez personas que habrían «frustrado, entorpecido o alterado» el curso de la investigación, días después de la desaparición del pequeño, que había estado presente en un almuerzo en la casa de su abuela, Catalina Peña, en 9 de Julio. Cutaia llegó a esa localidad correntina entre el 23 y el 24 de junio de 2024.
Entre diferentes tareas, patrocinó a Camila Núñez, prima de Loan y una testigo clave del expediente, y estuvo junto a otros imputados en el hotel Despertar del Iberá, donde habrían buscado darle contención a otros testigos -mayores y menores de edad- aunque los fiscales creen que habrían intentado influir en sus testimonios y alterar la búsqueda.
Además, acompañó a Macarena, hija de Laudelina Peña -tía del niño y una de las acusadas en el expediente principal por su sustracción– cuando denunció amenazas. En ese contexto, se la vio dando entrevistas sola y junto a Alan Cañete, otro acusado de la «banda del hotel», que declaró ante los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco la semana pasada.
También estuvo en la reconstrucción realizada en el paraje El Algarrobal, realizada al margen de las autoridades a cargo del caso, y se la acusa de haber recibido fondos públicos. Sin embargo, siempre negó haber integrado una organización para desviar la pesquisa y desde su defensa sostienen que varias de las conductas que se le atribuyen fueron interpretadas fuera de contexto.
«Entendemos que se produjo una interpretación penal de conductas que, analizadas en su verdadero contexto, responden al ejercicio profesional y a distintas intervenciones desarrolladas durante esos días, cuando llegaron a Corrientes el panorama era desolador y el Estado ausente«, indicó Roldán en diálogo con PERFIL.
«Consideramos que fueron interpretadas como ‘organización delictiva’, cuando tienen una explicación compatible con actividades lícitas, públicas y con el consentimiento que se requiere», añadió. En tanto, contó que la llegada de la letrada a 9 de Julio respondió «a una motivación profundamente humana» por su profesión, ya que estaba convencida de que podía colaborar con la búsqueda de Loan, cuyo paradero todavía se desconoce.
Para el abogado Alejandro Vecchi, uno de los asesores legales de los padres del nene desaparecido, las diez personas procesadas por entorpecimiento, que se habrían presentado como miembros de la Fundación Lucio Dupuy -que lleva el nombre del niño asesinado en La Pampa en 2021-, «son parte de la estrategia de obstaculización» y es oportuno que se los juzgue en el mismo proceso que a los imputados por la sustracción.
Roldán, por su lado, insistió en que Cutaia «no tuvo participación en la desaparición, ni en su encubrimiento, ni en ninguna de las acusaciones que se le alegan» y afirmó que en Derecho las organizaciones no se presumen; se prueban. «La promesa fiscal debe ser respaldada con pruebas suficientes; hasta ahora lo que observamos son especulaciones sesgadas«, puntualizó.
La repercusión mediática y la Fundación Dupuy
El integrante de la defensa de Cutaia también cuestionó el entorno en el que se desarrolló el caso y consideró que la enorme repercusión pública generó una presión que terminó afectando el proceso: «La repercusión mediática fue extraordinaria y eso generó un contexto de enorme presión institucional y social».
«Durante la investigación existió una fuerte presencia mediática de la acusación, mientras las defensas prácticamente no tuvieron posibilidad de responder. Hoy el juicio oral comienza a equilibrar esa situación«, sumó.
Consultado sobre el vínculo entre la mujer que asesora y la Fundación Dupuy, Roldán agregó que la abogada tuvo contacto con esa asociación a través de Cañete, en el marco de actividades vinculadas a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. «El Sr. Ramón Dupuy brindó notas periodísticas donde reconoce que envió abogados y peritos, como también lo manifestó Alan Cañete en su declaración durante el juicio. Ese día se escuchó una versión que hasta entonces no había sido incorporada«, dijo.
En una de las últimas audiencias, Cañete contó que había hablado con Ramón Dupuy y que al parecer tenía autorización para actuar en nombre de la entidad. «Decí que me conocés», le habría dicho el abuelo de Lucio. El acusado luego relativizó parte de la información y no terminó de indicar claramente su vínculo con la fundación.
Por último, Roldán concluyó: «Todos compartimos el mismo objetivo, que se conozca la verdad sobre lo ocurrido con Loan y que las responsabilidades, si existen, se determinen exclusivamente sobre la base de pruebas».
Caso Loan: Dos grupos de acusados
El juicio oral por la desaparición de Loan Peña se divide en dos grandes bloques de imputados. Por un lado, están los siete acusados de haber participado en la presunta sustracción y ocultamiento del niño el 13 de junio de 2024, durante el almuerzo familiar.
En ese grupo se encuentran el exmarino Carlos Pérez; su esposa y exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; la tía del niño, Laudelina Peña; la pareja de esta, Antonio Benítez; el matrimonio integrado por Daniel «Fierrito» Ramírez y Mónica Millapi; y el entonces comisario Walter Maciel, acusado de haber colaborado para encubrir el hecho.
En el segundo bloque están las diez personas acusadas de entorpecer el caso, a los que se les atribuyen diferentes delitos como encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos y resistencia a la autoridad, entre otros. Además de Cutaia y Cañete, en este grupo están Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio.
FP/ff
