La decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de sobreseer a Javier Milei y a su hermana Karina en la causa $LIBRA reavivó el enfrentamiento político en torno a la criptomoneda que el Presidente promocionó en febrero de 2025. Mientras el espacio libertario celebró el fallo como un respaldo institucional, desde la oposición cuestionaron el cierre de la investigación y denunciaron “una operación judicial de encubrimiento”.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 resolvió el sobreseimiento definitivo del mandatario libertario y la secretaria general de la Presidencia y los otros nueve imputados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis.
En línea con el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, la resolución del magistrado descartó los delitos de estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias. El juez federal sostuvo, además, que la formación de la causa no afecta el buen nombre y honor de los involucrados.
Sin embargo, el cierre judicial encontró una respuesta crítica en Oscar Agost Carreño, legislador provincial cordobés y exdiputado nacional que integró la Comisión Investigadora de $LIBRA en la Cámara baja. Tras analizar los fundamentos de la resolución, advirtió que «merecen una crítica seria» y puso el foco en las dificultades que, a su entender, presenta el razonamiento utilizado para clausurar el expediente.
«Primero apartaron a los querellantes. Ahora el juez invoca que no existe una acusación autónoma que sostenga la continuidad del proceso», cuestionó Agost Carreño. Para el dirigente del PRO, la resolución reconoce limitaciones en la investigación y pruebas que no pudieron completarse, pero aun así concluye que los hechos no constituyen delito. «Ese salto exige una explicación mucho más sólida», reclamó.
El exdiputado puso el acento en el interrogante central que, según su mirada, debía esclarecer la causa: si el proyecto que Milei presentó como una herramienta para financiar empresas argentinas tenía realmente ese propósito y qué relación existía entre esa finalidad declarada y las ganancias y los retiros de quienes participaron del lanzamiento.
En ese sentido, marcó una diferencia entre el riesgo propio de una inversión y la eventual existencia de un engaño sobre las características de la operación. «Aceptar el riesgo de que una inversión caiga no significa aceptar un engaño sobre su finalidad o funcionamiento», sostuvo.
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El legislador cordobés también reivindicó el papel de la comisión investigadora y reclamó que el mismo rigor aplicado para determinar responsabilidades se exija al momento de cerrar una causa de esta magnitud. «Como integrante de la comisión investigadora, sostengo que las responsabilidades deben determinarse con pruebas y garantías. Ese mismo rigor debe exigirse para cerrar una causa de esta gravedad», aseguró al cuestionar el fallo.
Tras conocerse la resolución judicial del sobreseimiento, Agost Carreño dejó una conclusión con destinatario directo en la Casa Rosada: «El curioso sobreseimiento no reemplaza las explicaciones que el Presidente les debe a los argentinos».
Encubrimiento judicial
Por su parte, Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica y expresidente de la Comisión Investigadora de $LIBRA, endureció todavía más el cuestionamiento. El carrioista calificó la resolución como una «clara operación judicial planificada de encubrimiento e impunidad» para Milei y los demás involucrados en el lanzamiento de la criptomoneda.
Ferraro apuntó contra el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento de los imputados. Según denunció, durante la investigación no se convocó a ninguno de los involucrados a prestar declaración indagatoria y se habrían descartado pruebas y obstaculizado avances en el expediente.
«El juez federal Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano acaban de darle impunidad a Milei, su hermana y a todos los involucrados en esta estafa. Los sobreseyeron y cerraron la causa», afirmó. También cuestionó la exclusión de los querellantes, al considerar que esa decisión dificulta la posibilidad de apelar el cierre de la investigación.
El legislador puso, además, el foco en una serie de interrogantes que, según sostuvo, no fueron esclarecidos judicialmente: las reuniones de los promotores del proyecto en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, las transacciones con criptomonedas antes y después de esos encuentros y las comunicaciones que, de acuerdo con su denuncia, mantuvieron Milei, Mauricio Novelli y Santiago Caputo el día del lanzamiento.
«Está claro que estamos frente a una operación judicial planificada para el encubrimiento y la impunidad. Este fallo es una vergüenza», sentenció el también titular de la Coalición Cívica que se referencia en Elisa Carrio.
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Celebración mileista
Frente a las críticas opositoras, Milei salió a celebrar el desenlace judicial y sostuvo que la Justicia «volvió a poner las cosas en su lugar». El Presidente afirmó que quedó expuesta una «tremenda operación política y mediática» cuyo objetivo, según su interpretación, era perjudicar la investidura presidencial con fines políticos.
Además, reivindicó el funcionamiento de las instituciones republicanas y aseguró que la Justicia no se dejó arrastrar por «el circo de los operadores de siempre».
Así, el sobreseimiento cerró la causa para los once imputados, pero no desactivó la disputa política. Mientras Milei exhibe la resolución como una reivindicación frente a las denuncias opositoras, Agost Carreño y Ferraro cuestionan los fundamentos y el recorrido de la investigación.
El contrapunto vuelve a colocar a $LIBRA en el centro de una batalla que enfrenta dos lecturas irreconciliables: la del Presidente, que denuncia una operación en su contra, y la de sus críticos, que sostienen que el cierre judicial no despejó los interrogantes sobre el lanzamiento de la criptomoneda.
