Parecía una toma fuera de tiempo, pero ocurrió hace sólo un par de semanas: chicos del Conurbano cruzando el Riachuelo en bote para poder ir a la escuela en la Ciudad. Una imagen que contrasta de manera drástica con la Buenos Aires cosmopolita y vanguardista de la que nos enorgullecemos. Sin embargo, es un claro ejemplo de la realidad cotidiana de millones de personas que pagan el costo de habitar una de las 25 mega-urbes más importantes del planeta, pero que carece de marcos elementales de gobernanza regional.
El detrás de escena nos habla del olvido de una licitación para mantener las escaleras del puente. Y los vecinos comentan que, aun cuando funcionan, se enfrentan a severos problemas de seguridad en el trayecto. Movilidad y seguridad, dos temas clave que definen la agenda de las metrópolis.
Desde hace casi seis décadas, la coordinación en la Región Metropolitana de Buenos Aires es objeto de debate, aunque con más presencia en el ambiente académico que en la agenda política.
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En este sentido, la iniciativa de Joaquín De la Torre de federalizar los municipios del primer y segundo cordón del Conurbano tiene el gran mérito de instalar en la discusión pública un tema que no admite más postergaciones: cómo estructurar un esquema de gobernabilidad para la región que concentra a un tercio de la población del país y presenta profundas desigualdades.
Sin embargo, la alternativa planteada por el ex-intendente de San Miguel no contempla una dimensión central de esta tipología urbana: su realidad sistémica. Así como construir muros o barreras resulta inútil, ensayar un mero recorte territorial tampoco será una solución. Las dinámicas de la población trascienden los límites administrativos y políticos, por lo que está probada la ineficacia de las intervenciones focalizadas que no conciben a la metrópoli como un ecosistema urbano funcional.
Esto se debe a que el principal obstáculo para el desarrollo de Buenos Aires no reside en su dimensión, escala poblacional ni en la falta de respuestas técnicas, sino en la persistencia de su fragmentación institucional: la multiplicidad de jurisdicciones que conviven y actúan sobre un mismo territorio sin un “gobierno de lo metropolitano” que las articule.
En ese plano, el AMBA exhibe el nivel de fragmentación más alto del país, con 43 gobiernos de distintos niveles y capacidades interviniendo de forma descoordinada.
Plantear una solución a la realidad metropolitana del AMBA es, ante todo, un desafío político: exige definir las temáticas donde es indispensable generar marcos de acuerdos sostenidos, a partir de una visión planificada compartida y avanzar hacia un organismo común que traduzca esos consensos en políticas públicas concretas.
Nuestra viabilidad como metrópoli y el destino de quienes la habitamos dependerán de la capacidad de institucionalizar consensos para una gobernanza regional sostenible, justa y equitativa. De lo contrario, volvamos a los botes.
