La multitudinaria movilización en defensa del financiamiento universitario volvió a poner en el centro del debate el ajuste sobre las universidades públicas y el impacto del recorte presupuestario impulsado por el Gobierno nacional.
Para Diego Raus, sociólogo y director de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús, la situación ya ingresó en una etapa de confrontación directa. “Esta marcha no fue para solicitar nada, fue para confrontar directamente contra un gobierno que no está cumpliendo con una ley del Congreso”, afirmó el especialista, en referencia a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y luego vetada por el presidente Javier Milei.
Raus explicó que, tras el rechazo legislativo al veto presidencial, la norma quedó vigente, aunque actualmente su aplicación permanece trabada por recursos judiciales y demoras institucionales. “La decisión no es difícil, el tema son los tiempos que la Corte Suprema se tome para emitir su fallo”, sostuvo.
Salarios deteriorados y universidades en crisis
El director de la Universidad Nacional de Lanús aseguró que el deterioro económico de las casas de estudio afecta tanto a docentes como al funcionamiento básico de las instituciones.
“La situación es muy crítica”, remarcó, y detalló que los salarios docentes universitarios perdieron “un 35% del valor de compra desde 2023”.
Además, cuestionó el argumento oficial sobre el impacto fiscal del financiamiento universitario. “El financiamiento universitario es el 0,47% del PBI”, señaló, y comparó ese monto con otros gastos estatales vinculados al pago de deuda.
Raus advirtió que el problema no se limita a los salarios, sino también al sostenimiento operativo de las universidades. “Estamos hablando de pagar la luz, el agua, la limpieza de las universidades”, explicó.
En ese marco, también destacó la situación de los hospitales universitarios, que reciben miles de pacientes cada año. “El Hospital de Clínicas tiene 700.000 pacientes por año, gratuitos”, subrayó.
El impacto del ajuste sobre la educación y la ciencia
Para el sociólogo, el conflicto universitario forma parte de un ajuste más amplio sobre el sistema educativo y científico argentino. “Se está yendo contra todo el sistema educativo”, afirmó, y cuestionó los recortes sobre áreas estratégicas como el CONICET, el INTA y el INTI.
Según explicó, el impacto de estas políticas podría sentirse durante años. “Hay actividades que son progresivas, no es que si hoy las tengo mañana las recupero”, advirtió.
Raus también destacó el rol social de las universidades públicas, especialmente en sectores donde muchos estudiantes son primera generación universitaria dentro de sus familias. “El sistema educativo generó una mejora permanente en las condiciones de vida generación tras generación”, aseguró.
Por último, sostuvo que el conflicto universitario ya involucra a gran parte de la sociedad argentina y no únicamente a estudiantes y docentes. “No hay ninguna universidad que pueda decir que la está pasando bien”, concluyó.
