Una pelea entre dos internas terminó abriendo una investigación por delitos muchos más graves que pueden cometerse dentro de una cárcel: torturas, tormentos físicos y abusos sexuales. El episodio, ocurrido en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena, derivó en el apartamiento preventivo de diez agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), entre ellos autoridades del penal de mujeres.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y alcanzó a la jefa del área de Asistencia y Tratamiento, Daiana Belén B., además de integrantes de la conducción del establecimiento que, según la investigación administrativa, habrían prestado conformidad con el procedimiento o no denunciaron los hechos.
También fueron desafectados efectivos masculinos del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), señalados como quienes ejecutaron el operativo cuestionado.
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Operativo bajo la lupa. La causa se inició tras una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI N° 11 de La Plata.
Según el escrito judicial, los hechos ocurrieron entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente, en coincidencia con las movilizaciones por el Ni Una Menos. Tras un altercado menor entre dos detenidas, personal penitenciario irrumpió en uno de los pabellones y desplegó un procedimiento que, según la acusación, incluyó uso de gas pimienta en espacios cerrados y bloqueo de las salidas.
La denuncia sostiene que varias internas fueron obligadas a desnudarse frente a agentes varones y que, ante la resistencia, se aplicaron severas prácticas de violencia física.
Entre los hechos denunciados figuran golpizas reiteradas e inmersiones forzadas en piletones con agua para cortarles la respiración. Además, al menos dos mujeres habrían sido víctimas de abusos sexuales con acceso carnal en el sector de la escuela del penal.
La presentación de la CPM también advirtió sobre presuntas maniobras posteriores de encubrimiento, entre ellas el traslado de tres de las denunciantes a otras dependencias y la destrucción de efectos personales que podrían tener valor probatorio.
Mientras la auditoría de Asuntos Internos mantiene abiertos los sumarios administrativos, el fiscal Álvaro Garganta avanza con pericias médicas y otras medidas de prueba para determinar la magnitud de los hechos y las eventuales responsabilidades penales.
