La reducción de juzgados de instrucción y de la Cámara Federal de Casación encabeza el proyecto que será impulsado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para reformar y reducir Comodoro Py. El plan busca reestructurar el fuero que juzga la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico.
La iniciativa, que requerirá aval parlamentario mediante el Congreso, plantea reducir la Cámara de Casación de trece a nueve integrantes, evitando así futuros concursos para cubrir cargos vacantes. El plan oficial contempla además reasignar funciones administrativas y traslados de personal.
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La Cámara de Casación se trata del máximo tribual penal, la instancia previa a la Corte Suprema de Justicia, y actualmente se encuentra conformada por cuatro salas, más la presidencia, aunque tres de estos cargos se encuentran vacantes a cubrir con un concurso para completarla.
Respecto a los juzgados federales, el Ministerio de Justicia también evalúa reducir de doce a diez u ocho los juzgados emplazados entre el tercer y cuarto piso de los tribunales. Estos presentan cuatro vacantes desocupadas tras las salidas de Sergio Torres, Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y la renuncia de Luis Rodríguez.
«Habrá un cambio sustancial en la modalidad de trabajo de Comodoro Py, donde desde abril de 2027 será necesario contar con más fiscales», aseveró una fuente judicial a Clarín al explicar el motivo de la modificación y la reducción planteada desde la cartera que dirige Mahiques, considerando que hoy hay cargos vacantes desde hace más de cinco años.
La medida responde a la implementación del sistema acusatorio fijada para abril de 2027 en el fuero federal. Bajo este esquema, el Ministerio Público Fiscal cobrará relevancia y los magistrados cederán la investigación a los fiscales para transformarse en jueces de garantías, juicio o revisión con la misma escala salarial.
En concreto, los fiscales asumirían desde un principio la investigación de los casos hasta llegar a la etapa de acusación y juicio oral, donde los jueces de instrucción verán reconfigurada sus funciones. Al respecto, la fuente mencionada aclaró: «No pierden poder, cumplirán funciones más amplias, serán garantes del proceso».
El cambio radica en que actualmente son los magistrados quienes deciden si una pesquisa se delega o no a los fiscales, aunque esto será una de las primeras cosas que cambiará al ponerse en marcha el nuevo Código Procesal Penal que ya está vigente en 17 jurisdicciones de todo el país.
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Actualmente hay tres estamentos judiciales contemplados por la normativa que rige a Comodoro Py, los jueces de instrucción, jueces del Tribunal Oral Federal y los de Cámara, los cuales se transformarían en jueces de garantías, de juicio y de revisión pudiendo desempeñarse en cualquiera de esos roles en diferentes expedientes.
La normativa plantea la igualdad salarial, teniendo en cuenta que actualmente un juez de instrucción percibe un salario inferior al de un Tribunal de Juicios. Asimismo, también se consideró que el edificio para los funcionarios del Poder Judicial tiene un dotación cinco veces más grande que las cabeceras de las jurisdicciones del Interior.
El principal desafío para esta iniciativa será obtener los votos requeridos en el Congreso de la Nación, dado que por la vía del decreto podría exponerse a que termine judicializándose y se obstaculice por cualquier modificación.
AS / EM
