El Gobierno del Chaco salió este miércoles a fijar posición pública sobre el caso de Lidia Mabel Ojeda, la mujer detenida e imputada por presunto ejercicio ilegal de la medicina, luego de haberse desempeñado en hospitales públicos utilizando supuestamente una matrícula ajena.
La conferencia fue encabezada por la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; y el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro. Aunque el Ejecutivo convocó formalmente a los medios para comunicar las medidas adoptadas, no aceptó preguntas de la prensa al finalizar la exposición.
“No vamos a permitir que se utilice la información con fines políticos”
Durante el mensaje oficial, Meiriño sostuvo que la gestión provincial actuó “con transparencia” desde el inicio de la investigación y cuestionó las críticas opositoras surgidas en torno al caso. “Nuestro Gobierno informa la verdad y la transparencia en cada situación que atravesamos, a diferencia de épocas anteriores donde la información se tapaba”, afirmó.
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Además, remarcó que las primeras denuncias fueron impulsadas desde el propio sistema sanitario provincial. Según indicó, la primera presentación la realizó el director del Hospital de Quitilipi, luego intervino el Ministerio de Salud y posteriormente la Dirección Regional Sanitaria.
“No vamos a permitir que se confunda a la sociedad y mucho menos se utilice la información con fines políticos”, señalaron los funcionarios.
Cómo comenzó la investigación contra la “falsa médica”
Según reconstruyó el Ejecutivo, el caso comenzó el 15 de abril de 2026, cuando el director del Hospital de Quitilipi, Daniel Alfredo Acuña, elevó un informe a la Subsecretaría de Redes de Salud- Este alertando sobre la presencia de una mujer identificada como Mabel Ojeda, quien realizaba guardias médicas utilizando la matrícula profesional N° 6822.
Tras las primeras averiguaciones, el Ministerio de Salud confirmó que la acusada no tenía relación formal de dependencia con la cartera sanitaria provincial. Luego, la Dirección de Fiscalización Sanitaria verificó que la matrícula utilizada pertenecía a otro profesional médico.
A partir de esa constatación, el Ministerio de Salud radicó una denuncia ante la Mesa Única de Ingreso y Trámite (MUIT), mientras que el jefe de la Región Sanitaria II, Orlando Di Núbila, presentó otra denuncia por presunta usurpación de títulos y honores.
La causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N°3 de Sáenz Peña, actualmente a cargo del fiscal subrogante Gustavo Rafael Valero.
Apartaron a autoridades sanitarias y el Gobierno será querellante
En paralelo a la investigación judicial, el Gobierno informó que inició una Información Sumaria administrativa para determinar posibles responsabilidades internas dentro del sistema sanitario.
Además, se resolvió apartar preventivamente de sus cargos al director de la Región Sanitaria II y al director del Hospital de Quitilipi. Según explicaron, la medida busca “garantizar una investigación objetiva e imparcial”.
Otro de los anuncios centrales fue que el Ejecutivo provincial decidió constituirse formalmente como querellante en la causa judicial. “Desde el primer momento en que se detectó la irregularidad activamos todos los resortes necesarios con la única finalidad de llegar a la verdad real”, sostuvo Meiriño.
La causa se agravó y ya investigan muertes vinculadas
El pronunciamiento oficial ocurrió mientras la investigación judicial sumó en las últimas horas una acusación mucho más grave contra Ojeda. Tal como publicó PERFIL NEA, la Fiscalía confirmó que la mujer fue imputada no solo por usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina, sino también por homicidio con dolo eventual. La pesquisa ya analiza al menos tres muertes presuntamente vinculadas a intervenciones médicas realizadas por la acusada.
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Fuentes judiciales también investigan otras presentaciones relacionadas con nuevas muertes y una amputación ocurrida en contextos donde Ojeda habría participado como profesional de salud sin contar con habilitación legal.
Durante los allanamientos realizados en Sáenz Peña, la Policía secuestró documentación médica, sellos oficiales, uniformes sanitarios y restos de papeles quemados que podrían estar relacionados con un intento de destrucción de pruebas. Además, se incorporó a la causa un teléfono celular secuestrado durante su detención en Buenos Aires.
Cuestionamientos políticos y denuncias contra Salud
El caso también abrió un fuerte frente político. Días atrás, el interbloque Frente Chaqueño presentó una denuncia judicial contra el Ministerio de Salud provincial por presuntas fallas de control que habrían permitido que Ojeda trabajara durante meses dentro del sistema sanitario público.
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Desde la oposición señalaron que la mujer figuraba en planillas de guardia, firmaba documentación oficial y percibía pagos sin que se activaran mecanismos de verificación.
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia apunta a que la acusada habría firmado más de diez actas de defunción mientras ejercía sin título habilitante. “Cuando nadie controla, el sistema se rompe. Y cuando el sistema se rompe, el costo lo pagan las familias”, advirtieron desde el espacio opositor.
