Gabriel García Luna, el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala, asumió el cargo en la madrugada de este domingo, poniendo fin a ocho años de una controvertida gestión encabezada por su antecesora, Consuelo Porras, y con la creación de una comisión especial para revisar uno a uno los expedientes de los perseguidos políticos, decenas de ellos obligados al exilio por la amenaza de prisión de parte de Porras.

“Hoy no inicia una administración más; inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca. Recibo una institución que carga con heridas profundas. El primer momento es ver con honestidad en qué estado se encuentra; el segundo paso es trabajar, sin pausas ni excusas”, afirmó el funcionario en un video difundido a primeras horas del día en sus redes sociales.

Más tarde, en su primera conferencia de prensa, García Luna anunció la liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), argumentando el profundo desgaste de su legitimidad. “A partir del día de mañana, la Fiscalía Especial contra la Impunidad entra en una etapa de liquidación. Esa medida se toma porque, lastimosamente, [se ha perdido] la credibilidad ciudadana”, informó el fiscal general, quien adelantó que se realizará una revisión exhaustiva de todos los expedientes en curso de dicha unidad.

La FECI fue creada en 2006 como el brazo operativo local de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por las Naciones Unidas. Bajo la gestión del exfiscal Juan Francisco Sandoval —hoy en el exilio—, la fiscalía fue clave para destapar las redes de corrupción que forzaron la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina (actualmente en arresto domiciliario) y de su vicepresidenta, Roxana Baldetti (condenada a prisión), además de encarcelar a decenas de políticos y empresarios.

Sin embargo, tras la destitución de Sandoval en 2021, la FECI pasó a manos de Rafael Curruchiche y dio un giro radical: se convirtió en un instrumento de persecución política que, mediante casos sin sustento legal, encarceló a jueces, fiscales, periodistas y activistas.

El caso de los exiliados

Respecto a los cientos de exiliados que deja la administración de Porras, García Luna anunció la creación de una comisión especial para revisar uno a uno los expedientes de los perseguidos políticos que decidan acercarse a la institución. “La idea principal es analizar cada uno de los casos, que las personas que se puedan sentir afectadas puedan avocarse al Ministerio Público para una revisión. Las persecuciones sin proceso no tienen cabida”, enfatizó.

García Luna, doctor en Derecho, se desempeñaba hasta ahora como asesor penal del Despacho Superior en la Procuraduría General de la Nación. Cuenta con una extensa trayectoria en el Organismo Judicial como juez y catedrático universitario, y esta era su segunda postulación al cargo. Con su llegada, los funcionarios de confianza de la administración anterior ya han presentado su renuncia.

La exfiscal general Consuelo Porras apareció públicamente por última vez el viernes, durante la presentación a puerta cerrada de su informe de gestión. En su discurso, se quejó de supuestos “ataques por narrativas desinformadoras” contra su cuestionada administración. “Nos intentaron callar, nos intentaron desacreditar, intentaron demeritar el trabajo”, declaró. Porras abandona el Ministerio Público arrastrando más de 40 sanciones internacionales por sus intentos de socavar la democracia y boicotear la investidura del actual Gobierno.

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, juramentó a García Luna por la tarde. El traspaso formal del cargo se realizó a la medianoche del sábado en una breve reunión privada entre Porras y el nuevo fiscal general en las instalaciones del MP.

Al día siguiente, decenas de guatemaltecos se congregaron frente a la sede central de la institución para celebrar la salida de la exfiscal. La movilización, organizada por el activista Alex García, se prolongó durante nueve horas en un ambiente festivo en el que se quemaron fuegos artificiales y petardos. “No hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo resista. Adiós, Consuelo”, se leía en uno de los carteles colgados en las rejas del edificio, resumiendo el sentir de una ciudadanía que espera el fin de la impunidad.