Hace 971 días, cuando la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo capturó en Bilwi, Brooklyn Rivera tenía el semblante de un hombre mayor, pero sin signos visibles de deterioro extremo. Era el de un líder indígena con la vitalidad necesaria para pasar varios días huyendo de los oficiales que lo perseguían en el Caribe Norte de Nicaragua, tras haberse convertido en crítico de la pareja de ‘copresidentes’. Al menos así se observa en la foto que se filtró tras su captura, una imagen que dista de manera exponencial de las presentadas este 27 de mayo por el Gobierno, en las que se ve a un hombre extremadamente enflaquecido, postrado en un lecho de hospital y con una traqueotomía.

“Su condición actual es delicada, con ventilación mecánica a través de traqueotomía y alimentación intravenosa; presenta falla de múltiples órganos, hígado cirrótico e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes”, informó el régimen en un comunicado emitido bajo la presión internacional y las denuncias de la familia del preso político. El líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA) fue detenido el 29 de septiembre de 2023 y, desde entonces, permanecía bajo desaparición forzada por ocultamiento de paradero.

Su familia nunca supo dónde lo mantenían encerrado. A pesar del clamor por conocer su estado, el régimen jamás dio información sobre Rivera, quien en su momento fue aliado del sandinismo en el Parlamento. “No sabemos si está vivo, en una morgue o grave en un hospital”, denunció en marzo pasado la hija del líder indígena, Tininiska Rivera, quien se encuentra exiliada en España. Este miércoles, tras conocer el comunicado del régimen, la hija de Rivera hizo un desmentido público: “El día que se llevaron a mi padre, él salió de su casa en condiciones óptimas de salud, caminando y valiéndose por su propia cuenta. Por tanto, el régimen no puede pretender ahora responsabilizar a condiciones previas por el deterioro físico de un hombre que ha permanecido bajo custodia del Estado durante casi tres años”, afirmó Rivera en un comunicado.

Ella también denunció que la familia no ha podido ver al líder indígena desde su captura. “Nuestra familia ha vivido durante todo este tiempo bajo incertidumbre, angustia y silencio oficial, sin acceso independiente ni información verificable sobre su estado real”, afirmó. “El comunicado y las fotografías divulgadas por el régimen únicamente demuestran las condiciones indignas, inhumanas y degradantes en las que mantienen a mi padre, dando prueba de flagrantes violaciones a sus derechos fundamentales”, acusó Rivera.

Durante los primeros meses de este 2026, fuentes sandinistas difundieron el rumor de que Rivera había sido trasladado a un hospital en una condición de salud muy comprometida. Eso provocó una campaña internacional más fuerte para conocer su paradero y su estado, que incluyó medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y la “consternación” del Grupo de Expertos de Naciones Unidas para Nicaragua, que en mayo demandó una prueba de vida del preso político.

En un intento por esquivar las críticas de la administración de Donald Trump sobre la prisión política, los Ortega-Murillo han presentado a algunos reos de conciencia que llevaban meses o años en la misma condición que Rivera: en desaparición forzada. Una de las últimas fue Angélica Chavarría, expareja del general Humberto Ortega Saavedra —hermano del codictador y quien murió en cautiverio oficial el 30 de septiembre de 2024—, exhibida hace cinco días. Sin embargo, las autoridades siempre hacían caso omiso a las peticiones de dar fe de vida del líder de YATAMA.

Tras la presentación de Chavarría, la familia de Rivera y los organismos de derechos humanos redoblaron la demanda de una prueba de vida. El régimen copresidencial respondió de forma sorpresiva y distinta. En vez de mostrarlo ante las cámaras leyendo un mensaje escrito por las autoridades penitenciarias, como hicieron con ella, con el líder indígena emitieron un comunicado y una serie de fotografías alarmantes sobre su condición.

El régimen intenta sacudirse la responsabilidad

“Ante un obvio deterioro en sus condiciones respiratorias fue trasladado al Hospital Fernando Vélez Paiz el 7 de marzo [de] 2026, donde ha sido atendido”, refiere el comunicado oficial, cuyas fechas confirman la veracidad de los rumores esparcidos. El régimen, sin embargo, intenta descargar la responsabilidad sobre su estado argumentando que Rivera presentaba condiciones de salud preexistentes desde antes de su captura.

“Brooklyn Rivera Bryan, de 73 años de edad, ingresó al Sistema Penitenciario Nacional el día 29 de septiembre de 2023. Desde entonces ha presentado distintos episodios y síntomas propios de condiciones de salud alteradas durante varios años”, alega el oficialismo. Además de la traqueotomía y de estar conectado a ventilación mecánica invasiva, el preso político sufre una infección pulmonar activa por bacterias resistentes, recibe alimentación intravenosa y padece cirrosis hepática y falla multiorgánica.

Sin embargo, un médico internista consultado por EL PAÍS tiene otra opinión tras analizar el cuadro clínico divulgado. Asegura que la evolución de las infecciones respiratorias descritas por el propio régimen es compatible con una “atención tardía y negligente” mientras Rivera permanecía en la cárcel La Modelo.

Organismos como la Unidad de Defensa Jurídica han advertido antes sobre las condiciones insalubres de las celdas donde mantienen a los presos políticos, un contexto que agrava el riesgo de infecciones y el deterioro físico de los reos. “De haberse diagnosticado y tratado oportunamente la primera infección bacteriana, y de no haberse producido una sobreinfección nosocomial con gérmenes ultrarresistentes, el pronóstico clínico del paciente probablemente sería más favorable”, explicó el especialista.

Las primeras reacciones de los organismos de derechos humanos, aparte de la condena, reflejan el temor a una eventual muerte de Rivera. Un miedo fundamentado en los hechos: desde 2019, al menos seis presos políticos han muerto en prisión, arresto domiciliario o bajo cautiverio estatal en Nicaragua.

Se trata de Eddy Montes Praslin, Santos Flores Castillo, Hugo Torres Jiménez, Mauricio Alonso Petri, Carlos Cárdenas Zepeda y el general Humberto Ortega Saavedra. “Las imágenes difundidas por el régimen hoy, 27 de mayo, revelan el grave deterioro físico del líder indígena miskito, Brooklyn Rivera. Son una prueba contundente de la práctica de los tratos crueles e inhumanos más horrendos”, calificó por su parte el partido político Unamos.

El comunicado oficial sostiene que Rivera ha recibido visitas quincenales de su hijo, Wailandin Rivera Solórzano, y que la exdiputada indígena Nancy Elizabeth Henríquez y el comandante Lumberto Campbell —leal a los copresidentes— lo han visitado semanalmente. La versión no puede ser corroborada de forma independiente, ya que Henríquez fue excarcelada bajo un régimen de casa por cárcel y total incomunicación, una condición que hace imposible confirmar si ha tenido acceso real a Rivera.

El comunicado sobre Rivera recuerda al que el régimen emitió sobre el general Humberto Ortega Saavedra antes de reconocer su deceso. Se trataba de un parte de desahucio que antecedió por apenas unas horas al anuncio de su fallecimiento. Mientras tanto, más de ocho presos políticos permanecen en condición de desaparición forzada, sin que sus familias hayan recibido una sola señal de vida.