Hay una realidad que nadie puede ocultar, tras el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete de la Nación: el vínculo entre el presidente Javier Milei y los gobernadores es cada vez más cercano. La reciente foto en Tucumán, donde la Casa Rosada logró congregar a 13 mandatarios provinciales para la ratificación del Pacto de Mayo, y las palabras del propio Milei agradeciéndoles por haber colaborado a los cambios estructurales que el país necesitaba, dan cuenta de este nuevo escenario que comenzó a plantearse desde la Casa Rosada.

En el discurso pronunciado en Tucumán, el presidente de la Nación no escatimó elogios para los gobernadores: “Todo esto que logramos con el Poder Ejecutivo nacional fue con el menor poder parlamentario de la historia. Por eso agradezco a los gobernadores por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando a cabo y que el país necesitaba y sigue necesitando desesperadamente”, afirmó.

Si bien el gobernador Martín Llaryora no participó del evento en el norte del país, porque priorizó una intensa agenda de actividades patrias en Río Cuarto, sí envió a su vicegobernadora Myrian Prunotto quien posó en la foto oficial donde quedó reflejada la buena sintonía.

Con todo este marco político, en el núcleo duro de La Libertad Avanza (LLA) remarcan que el objetivo central del 2027 es encauzar la reelección presidencial mediante un pragmático acuerdo de convivencia institucional con los gobernadores, evitando involucrarse de lleno en las batallas territoriales de las provincias.

Este planteo de conveniencia mutua desató una verdadera confusión a nivel local, principalmente en los búnkeres opositores que esperan coordenadas para definir cómo mover las piezas del nuevo tablero. La idea de que Balcarce 50 pueda priorizar su supervivencia nacional a cambio de otorgarles cierta “zona de confort” a los oficialismos provinciales, pone en jaque las aspiraciones de quienes pretenden desbancar al peronismo cordobés.

La versión de Bornoroni

Públicamente, el jefe del bloque de diputados de LLA, Gabriel Bornoroni, se encarga de desactivar cualquier hipótesis de “entrega territorial”. El dirigente libertario niega de plano un pacto subterráneo con el Centro Cívico y ratifica que el espacio trabajará para tener candidatos propios en Córdoba. Sin embargo, en la práctica parlamentaria, los canales de diálogo con el oficialismo provincial están más que aceitados, y el pragmatismo manda a la hora de destrabar leyes clave en la Cámara baja.

Según los propios libertarios, el propio nexo para esa convivencia tiene nombre y apellido: Carolina Basualdo. La diputada nacional y exintendenta de Despeñaderos se ha transformado en una pieza clave de articulación. Es el puente entre las necesidades legislativas del oficialismo nacional y el bloque que responde a Martín Llaryora que impulsa la “gobernabilidad” de ambos sectores.

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Juez y el fantasma de la traición

Quien no anda con vueltas ni esconde sus sospechas es Luis Juez. El líder del Frente Cívico viene denunciando a viva voz lo que considera una “picardía” recurrente del poder central. “Es lo que nos ha pasado en varias oportunidades”, repite el senador, rememorando viejas experiencias donde los intereses de los gobiernos nacionales terminaron confluyendo con las necesidades del PJ cordobés, dejando a la oposición local debilitada.

Desde el juecismo acusan al oficialismo provincial de amplificar estas versiones. “No sólo potencian estas dudas de manera estratégica, sino que le está sacando un fenomenal beneficio político. El Panal tiene a sus principales voces alimentando esta versión”, repiten desde el búnker del Frente Cívico.

En el entorno del juecismo dan por hecho que este modelo de acuerdo ya está cerrado o en vías de concretarse con varias provincias, entre ellas Salta, Catamarca, San Luis y Jujuy. La pregunta del millón que desvela al senador es si Córdoba ya figura (o lo hará en el corto plazo) en esa lista de pactos de no agresión.

La trampa de las colectoras

La mayor preocupación del esquema juecista radica en la ingeniería electoral que se cocina para el próximo turno. Con el debate de la reforma política sobre la mesa, la sospecha es que un eventual entendimiento entre la Casa Rosada y el Panal podría materializarse a través del sistema de listas colectoras.