El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, está cada día más complicado con la crisis que provocó la inmigración masiva desde Marruecos a fines de julio en Ceuta, el enclave español del norte de África.
Tras la difusión de un explosivo informe de la Policía Nacional donde destacaba que la irrupción de inmigrantes fue favorecida y “guiada” por agentes marroquíes, Sánchez, que había negado toda participación de Marruecos, tuvo que dar explicaciones en el Congreso.
Insistió que el Ejecutivo carece de “evidencias sólidas” que confirmen la instigación de Marruecos en la entrada masiva de más de 70.000 migrantes a Ceuta, una cifra que equipara prácticamente a la población local de más de 80.000 habitantes. Aunque una gran mayoría de los migrantes retornó, unos 5.000 continúan en el territorio.
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Ningún servicio gubernamental ni organismo internacional “ha entregado al gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio”, aseguró Sánchez ante el Congreso.”Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación”, insistió el gobernante socialista.
La postura del mandatario choca frontalmente con la presión acumulada tras la filtración del informe policial que apunta a la “permisividad” de las fuerzas de seguridad marroquíes durante la crisis, con la obvia implicancia del gobierno local.
Paralelamente, el malestar social y político se trasladó a las calles. Durante el miércoles se celebró en España una gran manifestación que reflejó el profundo rechazo ciudadano y la creciente polarización en torno a la respuesta del Gobierno frente a la vulnerabilidad de las fronteras terrestres que la Unión Europea posee en el continente africano a través de Ceuta y Melilla.
Presión de la derecha. La gestión de la crisis colocó al Ejecutivo de Sánchez en el centro de una tormenta política sostenida durante el último mes, donde confluyen las críticas de la oposición y aliados de izquierda del bloque gubernamental.
La derecha y extrema derecha cuestionó reiteradamente al gobierno por su gestión de la crisis, convencida, al igual que algunos aliados de izquierda del Ejecutivo, de que Marruecos tuvo algún papel en esta entrada masiva.
“La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna. Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice”, lanzó en su réplica el líder del opositor Partido Popular (derecha), Alberto Núñez Feijóo, calificando la entrada masiva de “un posible acto de guerra híbrida”.
El trasfondo político de esta crisis adquiere matices complejos. Si bien desde 2022 Madrid respalda oficialmente el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, una antigua colonia española reclamada por el Frente Polisario con el respaldo de Argelia, diversos analistas evalúan que la reciente avalancha migratoria pudo haber respondido a una represalia de Rabat motivada por una visita previa de Sánchez a Argelia, principal socio gasístico de España.
