Las declaraciones de tres imputados en la causa por la presunta red de médicos falsos de la clínica Argentina Salud, en González Catán, profundizaron las sospechas sobre el funcionamiento de una estructura dedicada al ejercicio ilegal de la medicina, el uso de sellos ajenos y la emisión de certificados presuntamente irregulares.
Uno de los testimonios más comprometedoras fue el de Dunia Mercedes Suazo Pulido, una médica cubana detenida en el expediente, quien reconoció ante la Justicia que no tiene el título revalidado en la Argentina y que atendía pacientes utilizando el sello de otra profesional.
Según surge de la causa, la mujer declaró que el sello le era entregado por Alberto Santarceri, señalado como uno de los dueños de la clínica investigada.
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Otro de los acusados que declararon fue el médico boliviano Carlos Covarrubias, quien admitió una situación similar: reconoció que trabajaba utilizando el sello de otro médico mientras realizaba atenciones de emergencia en ambulancias, escuelas y consultorios de Virrey del Pino.
De acuerdo con su testimonio, cobraba 80 mil pesos por guardias de 24 horas y ya llevaba certificados previamente sellados para utilizarlos durante las prestaciones médicas.
Además, tanto Covarrubias como Suazo Pulido coincidieron en un punto clave para la investigación: señalaron que cuando comenzaban las guardias recibían sellos vinculados a Santarceri y que al finalizar los devolvían a Sofía Luna, esposa del empresario también investigado en la causa.
Mientras tanto, los principales acusados ligados a la conducción del establecimiento optaron por no declarar ante la Justicia.
La investigación está a cargo del juez de garantías Rubén Ochipinti y del fiscal Fernando Garate, quienes intentan determinar si detrás de “Argentina Salud” funcionó durante años una organización dedicada al ejercicio ilegal de la medicina y a la utilización de matrículas y sellos de profesionales reales sin autorización.
En paralelo, comenzaron a presentarse en el expediente médicos cuyos nombres y sellos habrían sido utilizados sin consentimiento. Según la pesquisa, esos profesionales figuran como víctimas de las maniobras y habrían sido estafados por la estructura investigada.
La causa se inició tras la denuncia de una médica que detectó el uso irregular de su identidad profesional. A partir de esa presentación se realizaron allanamientos en González Catán, Virrey del Pino, San Justo y Canning, donde se secuestraron sellos médicos, documentación, computadoras y dispositivos electrónicos.
Durante uno de esos procedimientos, los investigadores encontraron incluso una valija repleta de sellos médicos en el baúl de un vehículo vinculado a la organización.
En total fueron detenidas 29 personas. Sobre los imputados pesan acusaciones por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. La Justicia tampoco descarta sumar nuevas imputaciones por estafa a medida que avancen las denuncias de pacientes atendidos en los distintos establecimientos bajo sospecha.









