Si uno lee la prensa de Chile y escucha a muchos de sus dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición, parece que estuvieran a punto de librar una guerra con la Argentina. Acá casi no nos enteramos.
Cierta atmósfera beligerante que envuelve a la región más austral del cono sur debería empezar a preocupar. En la Argentina, se agita la bandera de Malvinas, se eleva el gasto militar y de inteligencia y se apura la construcción de bases en Tierra del Fuego. Un concejal ignoto del Pro en La Matanza dijo que si hiciera falta ir a una nueva guerra con el Reino Unido, pues se irá. En Chile, un diputado del Partido de la Gente (populista de derecha), periodista de profesión y de nombre Javier Olivares ha dicho recientemente en la Cámara baja de su país. “Así como las islas Falklands son inglesas, el Estrecho de Magallanes es chileno”.
Pongamos en contexto qué está ocurriendo del otro lado de la cordillera. Chile reclama a la Argentina que derogue un decreto de julio de 2021, de Alberto Fernández, que orienta la política de Defensa nacional (se llama Directiva de Política de Defensa Nacional, DPDN). Es nada menos que el máximo instrumento de planeamiento estratégico en materia de Defensa.
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Un anexo de este decreto describe la historia reciente de cooperación con Chile en materia de defensa como uno de los “pilares” de la integración regional multilateral. “Uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces (Pasaje de Drake), espacios estratégicos tanto por su rol como vías navegables naturales entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico como por constituir puntos privilegiados de acceso al continente antártico”, agrega el texto.
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La mención del Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces como espacios “compartidos” despertó una nota de protesta formal de la cancillería chilena, en agosto de 2021. “El Estrecho de Magallanes, incluidas sus dos riberas, es territorio soberano chileno”, se afirmó en ese texto. Las autoridades argentinas de entonces, consultadas por PERFIL, afirman que se respondió a Chile que el decreto no planteaba ninguna pretensión territorial y que se trataba de una “apreciación” en el ámbito de la cooperación bilateral.
El tema durmió en los últimos años, en Chile y aquí. Hasta que un militar argentino volvió sobre él, se desconoce con qué propósito. El jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Javier Valverde, dijo en una entrevista con un canal de streaming el 23 de agosto pasado: «Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía» y planteó que se debía mantener presencia en la zona por tratarse de una «llave bioceánica».
Protesta formal
Esto generó una nueva protesta formal chilena. La inquietud fue in crescendo, con discursos cada vez más encendidos. El reclamo fue tomado por la oposición y el principal destinatario pasó de ser la Argentina a ser el presidente José Antonio Kast. Se pronunciaron indignados ex jefes de la armada y el Parlamento aprobó la interpelación del ministro de Defensa.
La presión sobre Kast se incrementó, incluso en la prensa trasandina. Con bajos índices de aprobación en las encuestas en apenas seis meses de gestión, El presidente chileno se trasladó el 1º de septiembre a la región de Magallanes para supervisar ejercicios de la marina chilena de envergadura, con un importante despliegue de comunicación oficial. Al día siguiente Kast recibió en Santiago a Javier Milei. Una crónica más reciente y conocida en la Argentina.
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Afines ideológicamente -o eso parece- los presidentes se reunieron en La Moneda por algo más de 30 minutos, en un aparte de actividades partidarias de Milei en Santiago, motivo principal del viaje. Ambos emitieron una declaración en la que reconocieron que el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 establecen la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes. A su vez, Chile reafirmó su respaldo a los reclamos de soberanía de la Argentina sobre Malvinas, instando al Reino Unido a retomar el diálogo. La posición histórica de Chile desde la recuperación de la democracia (de hecho, presenta habitualmente junto a la Argentina el proyecto que año a año trata el Comité de Descolonización de la ONU con ese fin).
En Chile no alcanzó: se apuntó a que Milei no asumió ningún compromiso en relación al decreto cuestionado y se acusó a Kast de «tibieza» en la defensa de los interses de Chile.
De regreso, ese mismo día Milei dio su mensaje de reivindicación soberana en cadena nacional, con el anuncio de un endurecimiento de las sanciones a empresas y particulares que participen unilateralmente de actividades de explotación petrolera en Malvinas y a sus proveedores, y la promesa de acelerar la construcción de una base naval en Ushuaia.
Mensajes
La historia se ha visto condimentada por declaraciones de funcionarios de este lado de la cordillera que oscurecieron más la controversia. Fruto de la ignorancia, la precipitación o la imprudencia.
La senadora Patricia Bullrich confundió en una entrevista Magallanes con Beagle y debió disculparse personalmente ante la embajada. Más grave, pocas horas después de la declaración de los presidentes, el canciller Pablo Quirno afirmó que Argentina es un país “bicontinental, bioceánico”, un concepto sensible para los chilenos desde la época de conflicto por el canal de Beagle. Es cierto también que el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, llamó a su par chileno para transmitirle que no había duda alguna sobre la soberanía chilena en la región y atribuyó a una «confusión y desprolijidad» las palabras del aviador Valverde. Pero días después el mismo Presti dijo que «hay un patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile en Drake y Magallanes». En Chile le respondió el propio Kast: “Jamás en el estrecho de Magallanes ha habido un patrullaje conjunto”.
La malvinización del Gobierno también contribuyó a irritar la piel chilena. Presti y Quirno fueron a sacarse fotos en la base en construcción en Ushuaia, cuyos cimientos se pusieron durante el último gobierno kirchnerista.
Como se dijo, la cuestión no está en la agenda pública argentina. Parece improbable que se disponga la derogación del decreto cuestionado: se trata nada menos que del instrumento que orienta la política de Defensa en su totalidad. El nuevo espíritu nacionalista que invade al Presidente haría dudar incluso de la voluntad de hacer una adenda en los anexos.
Todo se enrarece más con las inclasificables declaraciones de Donald Trump, quien fue de extorsionar al Reino Unido con volcar la posición de EEUU en favor de la Argentina en la controversia por Malvinas a postularse como mediador de “un desastre potencial” en un conflicto entre los dos países.
El episodio con Chile, que aún no ha concluido, podría alentar sospechas sobre las intenciones de algunos jefes militares argentinos en relación a una reivindicación de la región de Magallanes. No lo sabemos: el ministerio de Defensa no respondió a una consulta para esta nota. Sin embargo, el avivamiento de la controversia es, sobre todo, otra muestra del escaso profesionalismo del gobierno libertario en cuestiones tan sensibles como las relaciones internacionales.
No hablamos solo de la cancillería. También de la frivolidad con la que Santiago Caputo, asesor de comunicación, «ingeniero del caos», abordó la cuestión Malvinas para convertirla en un insumo de marketing político.
En cuanto al reclamo de Chile: las medias palabras y las confusiones sólo alimentan una vidriosa controversia que aquí no es noticia.
