El combate al huachicol fiscal y a las redes de facturación falsa se perfila como la puerta de entrada a la mayor reingeniería institucional contra la corrupción que ha planteado el oficialismo desde hace ocho años, cuando llegó al poder. Como ha podido saber EL PAÍS de fuentes conocedoras de las negociaciones, detrás de esa ofensiva se delinea un paquete de reformas constitucionales y legales que pretende ir mucho más allá del endurecimiento de las sanciones penales: busca desmontar el actual Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), reconstruir el esquema de auditorías y fiscalización, fortalecer las capacidades del Estado para perseguir el desvío de recursos públicos y establecer una coordinación obligatoria entre las principales instituciones encargadas de combatir la corrupción.

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