Luego de poner en marcha un primer régimen de beneficios fiscales destinado a incentivar grandes inversiones en sectores estratégicos como la energía o la minería, el gobierno de Javier Milei busca dar un paso más. Intentará atraer, con condiciones todavía más favorables, iniciativas vinculadas a industrias que no existen actualmente en Argentina o se encuentran en fase experimental, como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital. De acuerdo con el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso, las profundas exenciones ofrecidas quedarán blindadas para los inversores por 30 años, con la posibilidad de litigar en el extranjero si otra administración intenta revisarlas. A cambio, solo exige que la inversión supere los mil millones de dólares y que el 20% sea desembolsado dentro de los dos primeros años desde la adhesión al régimen, lo que generó cuestionamientos por la falta de cláusulas destinadas a impulsar el empleo local o establecer protecciones ambientales.

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