Un juez de Bogotá ordenó al Ministerio de Cultura reinstalar las obras retiradas hace dos semanas del Museo Nacional, al fallar a favor de una acción de tutela, un recurso judicial extraordinario para salvaguardar derechos fundamentales, interpuesta por tres personas que reclaman impedir este tipo de censura.

En su decisión, el juez 24 de Familia de Bogotá, César Enrique Osorio, le dio un plazo de 48 horas al Ministerio y al Museo para reinstalar las obras retiradas, que hacían parte de una exhibición de candidatos presidenciales de izquierda asesinados, así como muestras de la comunidad Lgtbi y de las luchas feministas locales.

Las obras fueron desmontadas por decisión de la ministra de Cultura, Paola Holguín, bajo el argumento de que las piezas eran parte de un «adoctrinamiento político» y «versiones sesgadas de nuestra historia», luego que el presidente, Abelardo de la Espriella, anunciara la lucha de su gobierno contra el «wokismo» y el inicio de la llamada «batalla cultural».

El juez Osorio había pedido días atrás a la cartera de Cultura y a las directivas del Museo abstenerse de retirar del lugar, donar o devolver las piezas desmontadas, mientras estudiaba la tutela, que alegaba la vulneración de los derechos «a la igualdad y no discriminación, a la libertad de expresión y a la prohibición de censura, a la verdad y a la memoria histórica, a la dignidad humana y a los derechos culturales».

La determinación del togado también le exigió al Museo que se abstenga en el futuro del retiro de otras piezas por «razones relacionadas con su contenido o el punto de vista que expresan» y le ordenó que cualquier modificación sea sometida a los criterios del Comité de Gestión Patrimonial de esa institución.

La polémica comenzó cuando decenas de piezas alusivas a la diversidad sexual, feminismo y procesos de paz fueron retiradas de las paredes del Museo Nacional, donde se exhibe buena parte de la memoria histórica, artística y cultural del país, por decisión del gobierno bajo el argumento que el recinto no debe «servir como instrumento de adoctrinamiento político».

Colectivos culturales y políticos opositores del partido del expresidente Gustavo Petro presentaron un demanda para que las obras vuelvan a exhibirse. Los demandantes aseguran que la decisión del gobierno «es censura» y «vulnera el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por orientación sexual e identidad de género».

Sin referirse directamente al museo, el presidente Abelardo de la Espriella, dijo que el «Estado tiene el deber moral insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores».

Esas declaraciones desataron una ola de protestas: cientos de personas se manifestaron frente al museo, rodeado de decenas de policías antidisturbios y una tanqueta. Las jornadas terminaron con choques entre uniformados y manifestantes, expulsados con chorros de agua y gases lacrimógenos.

Con información de Ansa y EFE.