El migrante herido de bala por un agente migratorio, Wilber Garcés, quedará detenido a la espera de su juicio por cuatro cargos criminales que le imputó el Gobierno de Donald Trump, decidió este martes una corte de Austin.

El juez del Distrito Oeste de Texas negó la libertad bajo fianza y ahora Garcés pasa a una cárcel criminal, informó en una rueda de prensa su abogada de inmigración, Kate Lincoln Goldfinch, al término de la audiencia de detención celebrada este miércoles. Pese al cambio en la custodia del venezolano —de un centro de detención migratoria a uno criminal que no precisó—, aseguró que podrán continuar con su caso migratorio.

Wilber Garcés Pérez, un venezolano de 28 años, se presentó este miércoles en la Corte del Distrito Oeste de Texas, aún con el proyectil que le disparó hace 10 días por la espalda un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El venezolano fue acusado el martes por el Gobierno federal de agresión, resistencia a la autoridad e interferir e impedir el trabajo de los funcionarios federales durante esa operación, según se lee en la imputación presentada ante la Corte del Distrito Oeste de Texas. La abogada Lincoln Golfinch dijo a los medios este miércoles que considera los cargos como una medida retaliatoria.

La audiencia de este miércoles se centraba en decidir si el migrante permanecería detenido o era liberado bajo fianza a la espera de un posible juicio para enfrentar esos cargos. Originalmente, para este miércoles estaba fijada la audiencia para revisar una petición de habeas corpus, pero fue suspendida.

Según la oficina del fiscal de la Corte de Distrito Oeste de Texas, de ser condenado, Garcés enfrenta una pena de hasta 20 años de cárcel.

Una acusación sorpresiva

Lincoln Goldfinch denunció el martes que la acusación criminal contra Garcés fue una sorpresa para ella, y que no fue notificada. El martes a las siete de la mañana tenía una llamada por Zoom con el migrante y, cuando no se presentó, temió que hubiera sido deportado a Venezuela o a un tercer país.

En el centro de detención en Pearsall, donde había estado detenido desde el 20 de septiembre, le dijeron que no se encontraba en la instalación. Luego supo que estaba en la corte y allí lo vio.

Lincoln asegura que el martes en corte se veía angustiado, adolorido, mareado; que fue trasladado a la corte con muy poca información sobre a dónde lo llevaban: “No podía creer lo que le estaba pasando”, dijo en su cuenta de Instagram. Agregó que notó pérdida de movilidad en su cliente como consecuencia de la herida de bala, que no podía ponerse adecuadamente los audífonos para escuchar la traducción y que firmó documentos con dificultad: “Está inmóvil”.

Este miércoles su estado físico no era muy diferente. Lincoln aseguró que era difícil para el equipo legal que lo defiende verlo sufrir con el dolor que le causaba la bala que aún lleva en la espalda.

La versión del ICE

Wilber Rafael Garcés Pérez fue herido por un agente del ICE en un operativo que inició luego de que él recogió un pedido de comida que iba a repartir con la aplicación DoorDash.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó tras el operativo que Garcés iba a ser detenido en respuesta a una orden final de deportación. Pero su abogada ha asegurado que esa orden fue emitida en ausencia por un error del tribunal: aunque él había anunciado un cambio en la dirección de su domicilio, la corte le envió una notificación de comparecencia a su antigua dirección.

Los hechos que rodearon la detención de Garcés están siendo investigados por autoridades federales y locales. Uno de los dos agentes implicados en el operativo encendió su cámara corporal solo hasta un punto. Por ambas razones, decenas de congresistas están pidiéndole a la agencia que se abstenga de deportarle: Garcés es testigo material en el caso.

En el documento de la acusación, los agentes del ICE, identificados como LG y DF, narraron que ese 20 de septiembre vieron el vehículo de Garcés, el Toyota sedán azul, estacionado frente a un restaurante y que cuando DF revisó las bases de datos, notó que tenía orden final de deportación. Cuando Garcés, de 28 años, salió del restaurante, fue seguido por los dos agentes hasta que lo interceptaron y le pidieron sus documentos.

Al bajarse de las camionetas, DF activó su cámara corporal. El video, narra la declaración, muestra a LG identificándose como agente del ICE y parado frente a la puerta del migrante, cerca del espejo retrovisor; y el otro se ubicó a un costado. Aseguran que le pidieron apagar el auto y bajarse, pero él les pidió que le permitieran estacionar el vehículo en algún parqueadero para no dejarlo en medio de la vía. Dicen que poco después cerró la ventana y huyó, golpeando a LG con el retrovisor en el torso. Hasta este punto, los hechos quedaron registrados en la cámara corporal del agente de migración.

En una rueda de prensa un día después del operativo, Garcés llamó a su esposa y contó su versión de los hechos. El venezolano dijo que él no pensaba huir, que sabía que iba a ser detenido. El oficial le ordenó bajar del vehículo y él solo le pidió que le dejara estacionar su auto: “Él me dice: ‘No’. Le dije: ‘No lo voy a dejar aquí”, contó. Cuando el venezolano dio una vuelta en U para estacionarlo, comenzó la persecución. Los agentes chocaron auto con auto y después vino el disparo.

Igual que ha pasado en otros operativos en los que agentes han disparado contra migrantes y ciudadanos estadounidenses, en este caso, el agente alegó que, una vez que logró alcanzar a Garcés, este presuntamente intentó atropellarlo, “lo que generó que él disparara su arma”, se lee en la nota de prensa de la corte de Texas.

Pese a que congresistas —como Joaquín Castro y Greg Casares, ambos de Texas— han urgido sobre la necesidad de que Garcés sea operado para extraerle la bala, Lincoln insistió en que el ICE le ha negado la atención médica y los analgésicos que requiere para reducir el dolor.

El migrante ha visitado tres veces a médicos. El último, un especialista en San Antonio, advirtió que no operarle podría generarle daños de movilidad permanente. La abogada insistió este miércoles en que, para el equipo legal, la prioridad será que Garcés pueda ser llevado a cirugía.