Una adolescente chaqueña que viajó a Bariloche para celebrar el final de la secundaria fue víctima de una violación en el hotel donde se alojaba. Casi dos años después, un tribunal condenó por unanimidad a un joven, también oriundo de Chaco, a seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal.

El ataque ocurrió durante la madrugada del 5 de octubre de 2024, cuando la víctima tenía 17 años y ambos participaban de un viaje de egresados. Los jueces determinaron que la adolescente expresó que no quería mantener relaciones sexuales y que el acusado continuó pese a su negativa.

La sentencia integral fue dictada el 18 de septiembre de 2026 por los magistrados Sergio Damián Pichetto, César Ignacio Lanfranchi y Marcos Rafael Burgos, luego del juicio de responsabilidad desarrollado entre el 5 y el 7 de agosto. El tribunal rechazó la versión de la defensa, que había sostenido que el encuentro fue consentido.

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El caso también dio lugar a un reclamo civil contra Travel Rock, la empresa organizadora del viaje. La familia busca una indemnización de casi $548 millones y le atribuye incumplimientos en la supervisión del contingente y en la respuesta posterior a la denuncia. Esa responsabilidad todavía debe ser determinada por la Justicia.

Las pruebas que sostuvieron la condena

Para reconstruir lo ocurrido dentro de la habitación, el tribunal examinó el testimonio de la adolescente y las pruebas que permitían corroborar aspectos de su relato. Los magistrados señalaron que la declaración de la víctima mantuvo estable su contenido central. También valoraron que, pocas horas después del ataque, le contó a una persona cercana que había manifestado su negativa y que el joven no se había detenido.

Ese mismo día, la adolescente envió mensajes y audios a su hermana en los que relató lo sucedido. Las comunicaciones fueron preservadas e incorporadas al proceso.

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El fallo también analizó el consumo de alcohol. Los jueces no consideraron acreditado que hubiera anulado completamente la capacidad de decisión de la víctima. La responsabilidad penal se sustentó en que ella manifestó su rechazo al acto sexual y el acusado no lo respetó.

El tribunal descartó que la ausencia de lesiones implicara consentimiento

Durante el juicio, la defensa argumentó que los exámenes médicos no habían registrado lesiones corporales ni genitales. El tribunal tuvo en cuenta ese resultado, pero sostuvo que no permitía concluir que la relación hubiera sido consentida.

En sus fundamentos, los jueces explicaron que no corresponde exigir lesiones, gritos o resistencia física como condición para acreditar la falta de consentimiento.

También rechazaron que el vínculo previo entre ambos modificara esa conclusión. Según señalaron, conocerse, haber tenido acercamientos o acordar un encuentro no equivale a aceptar una relación sexual: el consentimiento debe existir durante el acto y puede retirarse en cualquier momento.

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Las evaluaciones psicológicas, en tanto, fueron consideradas para analizar las consecuencias emocionales posteriores, no como una prueba autónoma de la autoría.

Por qué impusieron seis años de prisión

La Fiscalía había solicitado siete años de prisión y la querella, ocho. La defensa pidió que se aplicara el mínimo legal de seis años.

Al definir la pena, el tribunal ponderó la extensión del daño causado, así como la ausencia de antecedentes penales del condenado, su juventud, su inserción laboral y familiar y otras circunstancias personales acreditadas durante el juicio.

Los magistrados entendieron que no había fundamentos suficientes para apartarse del mínimo previsto para el delito, cuya escala penal va de seis a quince años. Así, establecieron una condena de seis años de prisión, con costas. La sentencia todavía no está firme. Hasta que eso ocurra, dispusieron mantener la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima y la prohibición de salir del país.

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La demanda millonaria contra Travel Rock

En paralelo al proceso penal, la familia impulsa una demanda por $547.921.752,76 contra Travel Rock S.A., con el patrocinio del abogado Ignacio Sinkovich. La presentación, dirigida a la Justicia Civil y Comercial del Chaco, sostiene que la compañía incumplió su deber de cuidado y seguridad.

La parte demandante cuestiona la supervisión durante la estadía. Afirma que los estudiantes podían cambiar las habitaciones asignadas y circular entre los dormitorios sin controles suficientes. También denuncia consumo de alcohol entre menores y objeta la actuación de los coordinadores. Estas afirmaciones forman parte del reclamo y deberán ser discutidas y probadas en el proceso civil.

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Otro punto es la respuesta posterior a la denuncia. Según la presentación, la víctima y su familia fueron trasladadas a otro alojamiento, mientras el entonces acusado permaneció con el contingente. La familia sostiene que esa decisión dificultaba que la adolescente continuara las actividades sin encontrarse con él.

El monto reclamado incluye conceptos vinculados con incapacidad, daño moral y psicológico, pérdida de oportunidades, tratamientos de salud, gastos derivados del proceso penal y daño punitivo, entre otros. La presentación también solicita que la empresa identifique a su aseguradora de responsabilidad civil.