La causa fue impulsada por la fiscal Anya Puchetta, integrante de la Agencia de Violencia de Género y Delitos Sexuales, quien logró acreditar la responsabilidad del imputado. El tribunal determinó que la pena debía ser de cumplimiento efectivo debido a que el agresor contaba con antecedentes penales previos, lo que derivó en su declaración como reincidente.

Contexto de violencia sistemática

Durante el proceso, la investigación reveló que el ataque no fue un hecho aislado. Según explicaron desde la fiscalía, se pudo reconstruir una historia de maltratos previos que, aunque no habían sido denunciados formalmente ante la Justicia, permitieron fundamentar el agravante por contexto de violencia de género. Esta perspectiva integral fue clave para que el sistema judicial especializado dictaminara una condena que contempla la gravedad de los hechos y la reincidencia del acusado.