Hace 16 días, un cubano de 48 años tomó su teléfono desde lo que parece ser su casa en Miami y contó que se sentía agradecido de que Estados Unidos lo acogiera, un lugar que le dio techo y donde nacieron sus dos hijos. “Mi vida me la devolvieron en este país”, dijo, “pero quiero morir como mueren los hombres reales”. Después lanzó un mensaje explícito: “Todos los hombres que estén disponibles para morir, quiero saber qué van a hacer si hombres con cojones se deciden a hacer lo que hay que hacer”. Quien hablaba era Amijail Sánchez González, uno de los 10 cubanos que salieron desde el sur de Florida en la lancha civil abatida por las autoridades de la Guardafrontera de Cuba el 25 de febrero, dejando a cuatro tripulantes muertos.
Sobre el mediodía del miércoles, aún resultaba una incógnita la información que llegaba desde La Habana, a través de un comunicado emitido por el Ministerio del Interior (MININT). Habían detectado “una lancha infractora” dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de Florida, que se aproximó a una milla náutica al noroeste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, al centro de la isla. Según la versión cubana, cuando los guardafronteras se aproximaron, les abrieron fuego desde la lancha, lo que desató una respuesta por parte de sus tropas. El saldo resultaba devastador: cuatro muertos y seis heridos por la parte de Florida, un herido por el lado cubano.
La escena se volvía doblemente trágica en medio de la contienda que mantiene a Cuba en la mira de Washington, desde que los estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en Venezuela y comenzaran a replantearse una desestabilización del Gobierno de Miguel Díaz-Canel. ¿Quiénes eran los tripulantes de la lancha? ¿Gente, una vez más, tratando de salvar a sus familiares de la falta de comida y de los apagones en la isla? ¿Eran residentes o ciudadanos estadounidenses? ¿Habían sido enviados por parte de Estados Unidos? ¿Cómo iba a responder el Gobierno de Donald Trump ante esto?
Primero los medios especularon con que se trataba de cubanos yendo a sacar a sus familiares del país, una versión que luego fue desmentida. Eran exiliados cubanos que, según se ha conocido, entrenaban desde hace algún tiempo para llegar a liberar a Cuba. Según las autoridades de la isla, arribaron con “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”. La historia, en algún sentido, se repetía: los exiliados cubanos, después de años sin intentarlo, volvían a entrar armados al país, como hicieron hace casi siete décadas cuando desembarcaron por Bahía de Cochinos. Por si fuera poco, la lancha había sido abatida un día después del 30 aniversario del derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, en el que fallecieron también cuatro personas que presuntamente habían violado el espacio aéreo cubano.
Repitiendo una vez más la retórica divorciada entre las dos orillas, la oficialidad cubana los ha tildado de “terroristas”, mientras que el exilio les ha llamado “héroes”. Tras casi 24 horas de silencio, Díaz-Canel dijo este jueves que “Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional”. Estados Unidos se ha mostrado desligado de cualquier plan que tuvieran en manos los exiliados, pero el secretario de Estado, el cubanoamericano Marco Rubio, quien aseguró que hasta el momento solo tenían la información que facilitaba la parte cubana, adelantó que Washington llevará adelante su propia investigación, en la que ya están involucrados el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera. “No voy a opinar sobre lo que aún no sé”, dijo a la prensa. “Pero averiguaremos exactamente qué sucedió aquí y responderemos en consecuencia”.
El rostro de las víctimas
Según la información obtenida hasta el momento, los cubanos eran todos residentes de Estados Unidos, que llegaron en una lancha rápida con matrícula de Florida FL7726SH y quienes “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”. La familia dueña de la embarcación insistió en que la lancha de pesca tipo Carolina Skiff fue robada por un empleado de su compañía de construcción, y solo lo supieron cuando el Gobierno cubano divulgó la noticia.
Los seis heridos fueron identificados como Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.
La versión oficial cubana insiste en que la mayoría tenía “un historial conocido de actividad delictiva y violenta”. Sánchez González y Cruz Gómez aparecen en la Lista Nacional de personas y entidades que han sido sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas. También confirmaron el arresto de Duniel Hernández Santos, quien, según dicen, confesó él mismo que había sido enviado desde Estados Unidos “para garantizar la recepción de la infiltración armada”.
Entre los cuatro fallecidos, el Gobierno cubano solo ha identificado hasta el momento a Michel Ortega Casanova. No obstante, en las redes sociales han comenzado a difundir el nombre de otra de las víctimas, Michel Ortega Casanova, un mecánico que llegó de Cuba en los años ochenta y era miembro del Partido Republicano de Cuba (PRC). Tras el incidente, la organización emitió un comunicado donde aseguran que se “desconocía totalmente sus intenciones, planes o participación en dicho suceso”. “El PRC no orienta acciones armadas, ni ejerce control sobre las decisiones o acciones individuales que puedan asumir sus miembros o seguidores a título personal”, comunicó su presidente, Ibrahim Bosch.
Aunque tampoco ha sido confirmado por las autoridades, otro de los fallecidos fue identificado por personas cercanas como Ledian Padrón Guevara, de 25 años. “En verdad no puedo creerlo. Nos criamos juntos y estudiamos juntos; descansa en paz, mi niño”, escribió una amiga en Facebook.
La respuesta de Estados Unidos
Como hasta el momento la única versión de los hechos es la divulgada por la parte cubana, muchos desconfían de la información o mantienen recelo sobre lo que pudo o no ocurrir en el incidente del 25 de febrero. Algunos han comenzado a exigir evidencias, ante las ya reconocidas incongruencias. Roberto Azcorra Consuegra, quien según el Gobierno cubano comparece entre los exiliados heridos, en realidad se encuentra en Florida. “Dicen que me tienen detenido y estoy aquí en Estados Unidos”, declaró a la cadena local de NBC en el sur del Estado.
También han aparecido dudas sobre si el Gobierno cubano estaba enterado de antemano de la llegada de los exiliados cubanos desde Florida, tras las declaraciones que a inicios de mes realizó Díaz-Canel en la primera conferencia de prensa en que admitía que estaban abiertos a un diálogo con Washington. Según dijo entonces, tenían conocimiento de que “planes para hechos terroristas que están siendo apoyados, financiados y se están preparando en Estados Unidos para agredir a Cuba en un momento como este. En su momento, haremos la denuncia”, insistió.
Por ahora llueven los reclamos por parte de los políticos del sur de Florida y los congresistas cubanoamericanos para que se investiguen con rigurosidad los hechos. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ordenó a la fiscalía estatal que colabore en una investigación de lo que algunos han catalogado como “una masacre”. “No se puede confiar en el gobierno cubano, y haremos todo lo posible para que estos comunistas rindan cuentas”, sostuvo.
Aun así, algunos han notado la poca atención y respuesta que el Gobierno estadounidense ha mostrado sobre el suceso. La congresista demócrata por Florida, Debbie Wasserman Schultz, dijo en X estar preocupada por “el silencio de la Administración Trump sobre este incidente mortal”.
