La noticia de que la ANMAT había puesto una faja de clausura en la planta del cuestionado laboratorio HLB trascendió hace casi un año, el lunes 12 de mayo de 2025 a la noche, pero la historia arrancó de verdad diez días antes, con la primera sospecha de que había víctimas fatales ligadas a esa usina farmacéutica: había producido y comercializado fentanilo contaminado con bacterias. Las ampollas habían llegado a los catéteres conectados a los brazos de varios pacientes. Los pacientes habían muerto. Eran al menos nueve.

Alguna arcaica convención periodística indica que cuando se pasa el diez, los números deben escribirse con cifras; no con letras. Los números, quizás más que las letras, tienden a una lastimosa deshumanización. Sin embargo, poco se sabía entonces de las personas detrás del número nueve. Solamente que, al momento de recibir el potente opiáceo, estaban internadas en el Hospital Italiano de La Plata. Gracias a una investigación interna, los profesionales de la institución dilucidaron que había un nexo entre los fallecidos: todos habían recibido la misma marca de fentanilo como calmante. A desconocimiento de los profesionales a cargo, la droga tenía bacterias infiltradas, que para colmo eran resistentes a los antibióticos.

Más datos aparecían, más claro se volvía que el alcance del escándalo era incalculable. Al margen de la dimensión social, policial y hasta eventualmente narcotráfica, era fácil estimar la existencia de alguna urdimbre política ligada al dueño o los dueños de HLB, y su antesala de producción, Laboratorios Ramallo.

Más allá de eso, con números de muertos hubo que seguir titulando. “Titulando” es una forma que gramaticalmente se conoce como “gerundio”; un tipo verbal que no tiene, como los verbos conjugados, una ubicación puntual en la línea temporal. Otra convención algo caprichosa del ámbito periodístico impone evitar el uso del gerundio, para sortear un error común de la jerga castrense, que suele usarlo mal. Pero el matiz del gerundio es indispensable. O al menos lo es ahora, ya que indica que algo, todavía no concretado, está en proceso de realización.

Así estaban los medios periodísticos en mayo de 2025, intentando seguirle los pasos a la investigación judicial que arrancó el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata. Averiguando, preguntando, repreguntando, entendiendo, especulando, entrevistando, contabilizando, titulando.

Las víctimas -mientras tanto- no estaban en proceso de nada. O el fármaco las había empujado a la muerte, o directamente las había matado, más allá de que, en la mayoría de las casos, el deceso hubiera sido erróneamente atribuido a la patología de base o algún cuadro desarrollado durante la internación (por ejemplo, neumonía). Es una categórica realidad que sale de recorrer los títulos de este último año. Los números se superponen en una catarata ensordecedora.

El 13 de mayo fueron nueve muertos. Una semana después, se elevaron a 14. Dos días después fueron 15. Tres días después, 33. Dos días después, 34. Diez días después, 38. Siete días después, 41. Seis días después, 48. Tres días después, 52. Casi un mes después, 68. Siete días después, 76. Cuatro días después 96. Más de cinco meses y medio después, 111. Dos meses después, 114.

114 más 49 sobrevivientes.

La primera persona murió el 12 de febrero de 2025. La última, tras una lucha infatigable contra las bacterias del fentanilo, el 2 de septiembre de ese año.

Todos los que fallecieron tienen un nombre y un apellido, datos que se reservan a la privacidad de las familias. Pero lejos de los números, tal vez sea el momento de, a modo de homenaje, reconstruir o más bien recuperar la integridad irreproducible de esas personas.

Dos eran bebés. Uno de ellos, recién nacido prematuro. El otro, de siete meses, quizás hubiera estado cerca de gatear. Cinco fallecidos eran adolescentes. Seis estaban en sus veintes y treintas. Diez tenían cuarenta y pico. Algo menos de 15 personas estaban en sus cincuentas. Más de una treintena rondaba los 60. Menos de una treintena, los 70. Unos poquitos eran mayores que eso. La proporción mujeres-hombres, 40-60. Por cantidad de mayor a menor, los pacientes vivían en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, ciudad de Buenos Aires y Formosa.

Hay quienes en este largo año esbozaron con liviandad que todos eran pacientes críticos, terminales. Es falso. Un eufemismo para el “Y bueno. Igual…”.

Si bien hubo pacientes que recibieron fentanilo contaminado en el contexto de un tratamiento paliativo, otros tuvieron características muy distintas. La reconstrucción que hizo Clarín evidencia varios casos de personas que simplemente tenían una cirugía programada. O les administraron fentanilo para operarlos o intubarlos, o les dieron la droga después, para ayudarlos a dormir.

Hay pacientes que sólo fueron a la guardia por algo menor. Como le pasó a una persona que tenía un fuerte dolor asociado a una típica afección lumbar. O a otro que le dolía la panza, lo que le provocó un cuadro de confusión. Lo dejaron internado y le dieron un opiáceo. Era fentanilo contaminado. Después murió.

Cuando trascendieron las primeras muertes por fentanilo contaminado no fue fácil encontrar referentes de la industria farmacéutica del todo sorprendidos. Básicamente, por el historial de la persona que parecía estar detrás de la fabricación de esas ampollas: Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma Group y un hombre que distintas fuentes definían despectivamente como “el tipo ese” o “el chanta ese”. Ni él ni su antiguo socio, Ariel Salinas, habían sido aceptados en el nicho de laboratorios de segunda o incluso tercera línea de la farma nacional (salvo algunos personajes puntuales de ese mundillo, y de varios referentes de la política, como se detallará en otro apartado).

Como con los alimentos, la industria farmacéutica conoce bien el tamaño del riesgo al que está expuesta su actividad; una cuestión directamente proporcional a la propia fragilidad de la salud humana. Esto promueve -o debería promover- no sólo controles estrictos desde el Estado sino un respeto supino por las llamadas “buenas prácticas de fabricación” o “manufactura” (BPF), un conjunto de normas protocolizadas con pasos específicos, bien descriptos y definidos, que se espera que respalden la producción, siguiendo normativas internacionales a las que Argentina adhirió.

Entre otros puntos, refieren al desarrollo de los fármacos, su envasado, traslado, conservación y comercialización, sin contar todo lo que atañe al control interno que debe probar que, en efecto, se logró la droga prevista. En el caso del fentanilo contaminado, todo eso fue accidentado.

Así lo probó el Instituto ANLIS-Malbrán, tras haber hecho una serie de pruebas exhaustivas. Primero, para concluir que las mismas bacterias que habían sido encontradas en los pacientes fallecidos estaban presentes en las más de 300.000 ampollas de dos lotes puntuales, el 31202 y el 31244. Luego, a la hora de intentar comprender cómo es que las bacterias habían llegado al fármaco.

¿Había sido durante el proceso de producción (o sea, antes de que la droga fuera envasada) o la contaminación era posterior? Y en los dos casos, ¿había sido un acto intencional -suerte de sabotaje-, un mero accidente o un acto de negligencia, en el sentido de que se habían descuidado los procedimientos elementales de producción para este tipo de sustancias?

En el marco de colaboración con la tarea de investigación del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, ese instituto de referencia nacional en salud pública entregó, en septiembre, un dedicado informe en el que (entre más aspectos técnicos) analizaba, uno por uno, los mojones en los en que una contaminación como la del fentanilo (con bacterias Klebsiella pneumoniae metalobetalactamasa, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica) podría haber ocurrido.

Ese documento fue clave. Dirigido al juez Ernesto Kreplak -quien lleva la investigación de la causa-, esa suerte de informe preliminar señaló lo que hoy muchos llaman red flags (banderas rojas): los puntos donde se podría haber dado la contaminación, y sus implicancias.

Se trata de un texto sutil pero sugerente y, por momentos, muy enfático. Dice que, “de tratarse de una contaminación antes de la liberación del producto al mercado, ésta debería haberse identificado en la etapa de Control de Calidad, a menos que el sistema de producción y control del Laboratorio fuese tan inconsistente y precario que permita sistemáticamente liberar al mercado productos que no cumplen los estándares y especificaciones de calidad, incumpliendo así su responsabilidad primaria”.

Apuntan, en base a “evidencia documental», una «conjunción de fallas sistémicas en las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPF) que podrían haber creado las condiciones ideales para el desarrollo de una contaminación microbiológica y su consecuente aparición en el producto terminado”.

Aunque el Malbrán se cuida de no plantear responsabilidades directas (destacan que esa tarea le corresponde a la Justicia), la información técnica producida por ese instituto de investigación fue un insumo crucial para que la Justicia sostenga la hipótesis de que HLB y Ramallo incurrieron en desvíos de las buenas prácticas de fabricación. Así quedó expresado en una extensa resolución de 401 fojas emitida en septiembre de 2025 por Kreplak, en la que el magistrado imputó a 13 personas de esas empresas. El primero de la lista, Ariel García Furfaro.

La dimensión que la investigación judicial le dio al problema de las buenas prácticas de manufactura es interesante ya que, según se da a entender, el incumplimiento del protocolo de parte de HLB y Ramallo fue tal, que -llevadas las definiciones al extremo- ni siquiera es tan fácil asegurar que haya habido, en sentido estricto y valga la redundancia, malas prácticas de fabricación. Esto está dicho en las 401 fojas en un pasaje bien expresivo que, aunque es largo, vale la pena transcribir:

“Afirmado esto subsiste, no obstante, un interrogante esbozado con anterioridad (…). Concretamente, ¿era confiable la documentación que registró la producción y control de calidad de los lotes adulterados de fentanilo? La respuesta es no. La prueba obtenida indica que los batch record y su documental anexa no reflejaban la realidad de lo que a ciencia cierta pasaba dentro de la planta. Dicho de otro modo, a pesar de la cantidad y entidad de las falencias que pueden apreciarse a partir los batch record, los datos volcados en ellos por el personal del laboratorio carecen de entidad suficiente para dar cuenta precisa del proceso productivo realmente ejecutado para la fabricación del fentanilo. Ello no implica, no obstante, que las afirmaciones volcadas en los puntos anteriores respecto de los desvíos de las BPF se vuelvan insostenibles. Por el contrario, lo que se pone de manifiesto es que incluso con registros de producción amañados y realizados no para registrar la tarea específica sino para ‘dibujar’ ex post una producción solventada en buena medida ‘en el aire’, las fallas y desvíos eran tan graves y notorios que no pudieron ser disimulados ‘por completo’. En cualquier caso, el resultado es el mismo: un medicamento de mala calidad”.

La conclusión es que “los registros documentales de los productos elaborados en Laboratorios Ramallo se realizaban ex post facto (N. de la R.: después del hecho) respecto de su fabricación, antedatándolos, para lo cual se utilizaban datos inexistentes, inventados y/o fórmulas preexistentes de otros medicamentos (…) para presentarlos ante la autoridad de aplicación, ante el aviso de inminentes inspecciones por parte de aquélla”.

Además de las fallas en los procedimientos que se desprenden de ese montaje ficcional para ocultar incumplimientos, la Justicia destaca que, en cuanto a las sustancias usadas para producir fentanilo, “en todas las muestras analizadas se detectó una presencia significativa de arsénico, muy por encima del límite permitido por el Código Alimentario Argentino”, con valores que «superan entre seis y siete veces el nivel máximo establecido».

Hay más. Además de que esto representa “una falta grave en términos de integridad documental y cumplimiento de normas de calidad”, el juez concluye que «incluso era frecuente que el personal debiera afrontar diversas problemáticas de índole operativa, como caídas recurrentes de la red informática, interrupciones en el suministro eléctrico, desprendimientos de muros y otras deficiencias estructurales y técnicas. Todas “situaciones que obstaculizaban el normal desarrollo de las actividades productivas y administrativas, pero también evidenciaban una falta de mantenimiento adecuado y una gestión deficiente de la infraestructura del laboratorio”.

Muchas de estas cuestiones quedaron expuestas en los chats que se conocieron del grupo de empleados del laboratorio.

Ahora bien, ¿cómo es que un laboratorio con tanto déficit pudo distribuir y vender medicamentos en el país? ¿Quién debía controlar? ¿Qué pasó con esos controles? En uno de sus informes, el Malbrán pone blanco sobre negro respecto de esa cuestión.

Tras aclarar que la disposición de ANMAT 4159 (de 2023) establece las Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Especialidades Medicinales exigidas para asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, subrayan: “El cumplimiento de las BPF es responsabilidad del Laboratorio de Especialidades Medicinales habilitado por ANMAT”. Veamos entonces qué pasó en esa dependencia que orbita en el Ministerio de Salud de la Nación.

“¿No eran ellos los que tenían que controlar?”, se preguntaban los familiares de las víctimas en los reportajes. El escándalo del fentanilo se llevó puesta la imagen que la ciudadanía tenía de la ANMAT. Fue un proceso veloz, parecido a una planta que un día luce saludable y vigorosa y al día siguiente se marchita. Empequeñecida y deslucida, hoy (con nuevo tándem directivo: Luis Fontana al mando y, de segundo, Gabriel Barbagallo, dos médicos con años de trabajo en el área de gestión de OSDE), la ANMAT intenta limpiar su nombre y recobrar su reputación, sustentada en el reconocimiento de los técnicos de carrera de su dotación.

Pero los vaivenes del fentanilo no fueron gratuitos para el organismo. Tampoco para quien conduce la cartera de la que depende la ANMAT: el ministro de Salud, Mario Lugones, quien se mantuvo respecto de esta causa con más de 100 muertos en un incómodo silencio. Más allá de alguna entrevista en la que habló sobre el tema y se jactó de que su cartera era querellante (o denunciante) en la causa, el ministro se ausentó de las convocatorias que le hicieron desde el Congreso y la comisión de Diputados que siguió el avance de la causa, con participación muy activa de los familiares de las víctimas.

En el interín de esas convocatorias al Congreso, en la segunda mitad de 2025 cayeron dos alfiles importantes de la conducción de la ANMAT. Si se parte de que, en situaciones así, alguna cabeza debe rodar, parecía esperable que ocurriera, más allá de que en política no es inusual que el sacrificio recaiga en personajes de talla menor.

Le tocó, en agosto de 2025, a Gabriela Mantecón Fumado, desplazada de su cargo de directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), la pata de la ANMAT a cargo de controlar y actuar ante potenciales irregularidades en la producción de remedios. Sólo horas después, la Justicia decidió excluir al Ministerio de Salud como querellante en la causa.

Meses más tarde (por la dificultad que representó encontrar un reemplazo) fue el turno del segundo alfil: Nélida Agustina Bisio, directora de la ANMAT con dos décadas de experiencia como técnica del organismo. Con la gestión desgastada, la mujer se fue de la ANMAT el 6 de enero de este año, supuestamente por motivos personales.

Antes de eso se había apostado otro mojón en la causa. Tras la la salida de Mantecón Fumado, Bisio reconoció que, contra lo que había declarado frente a Kreplak en mayo, ella sí había tomado contacto con García Furfaro y con otros tres empleados de HLB y Ramallo. Se había reunido con ellos el 14 de enero de 2025, “arrastrada”, dijo, por Mantecón Fumado. Eran los días del verano en que los lotes contaminados de fentanilo, fabricados en diciembre, se empezaban a distribuir en el país. Poco después, el 12 de febrero, murió el primer paciente. El primero de 114.

Para los familiares de los muertos, escenas como la rectificación testimonial de Bisio fueron patéticas. En su testimonio, la mujer intentó despegarse de Mantecón Fumado, a quien acusó de haber intentado involucrarla en cuestiones de las que “ella era la única responsable”. En cuanto a la reunión con García Furfaro, explicó que estuvo centrada en tironeos entre su ex súbdita y esas cuatro personas de HLB y Ramallo, ahora todas imputadas. Bisio dijo haberse mantenido callada y no haber estado al tanto del tema de la reunión. Del lado de Mantecón Fumado -contó- salían acusaciones por los incumplimientos normativos de los laboratorios. Del lado de García Furfaro, las protestas eran porque la ANMAT nunca les aprobaba los trámites. En un diálogo exclusivo con Clarín, el propio García Furfaro dijo que la ANMAT le ponía “siempre palos en la rueda”.

¿Era así, realmente? La investigación por las muertes abrió los teléfonos de esas funcionarias de la ANMAT y de otros empleados del organismo. También revisó servidores y comunicaciones internas y, desde ya, todo el papelerío administrativo vinculado a las alertas y medidas de control que la entidad declaró haber aplicado.

Hubo 118 reportes de farmacovigilancia relacionados con desvíos de calidad de HLB y Ramallo, entre 2018 y 2024. Según los datos volcados en la causa, 39 fueron por problemas de aspecto o contaminación, 12 por contaminación derivada de deficiencias de envase, 6 por reacciones adversas, 19 por deficiencias de envase (sin contaminación, en principio), 7 por ampollas cristalizadas, 19 por problemas de rotulado, 6 por deficiencias de aspecto en los que se descartó que haya contaminación y 10 por otros desvíos de calidad.

Clarín informó esos detalles. Van desde falta de eficacia o problemas en la turgencia de los comprimidos hasta “cositas” que no deberían estar jamás en un blíster (por ejemplo, un pedazo de metal en lugar de un comprimido). O el uso de envases no autorizados. O sodio elevado. O mismo los casos de “mix-up”, la expresión que se usa cuando el contenido de un remedio no coincide con el rótulo de la caja.

¿Hizo lo suficiente la ANMAT? ¿Deberían haber clausurado HLB mucho antes? ¿Cuándo, exactamente? ¿Ante qué magnitud o qué acumulación de incumplimientos? Si bien es claro que el laboratorio vulneró los protocolos, quienes analizan el tema consideran más difícil determinar variables objetivas sobre cómo deberían haber actuado los funcionarios que controlaban esas compañías farmacéuticas.

Vale la pena mirar algunos detalles de la cronología. La ANMAT fue advertida de la muerte de nueve pacientes en La Plata con potencial relación con fentanilo contaminado de HLB el 2 de mayo de 2025. El 5 de mayo (primer día hábil posterior al fin de semana largo), el INAME-ANMAT comenzó a analizar el caso. Ante la pregunta de si no había una guardia de fin de semana atenta a sacar de circulación fármacos con potencial de riesgo para la salud humana, la respuesta parece ser no.

En la tarde del lunes 5 de mayo, el INAME recibió 15 ampollas del producto reportado. Les llevó tres días comprobar la presencia de bacterias y emitir una alerta impidiendo el uso de la droga en todo el territorio nacional. La alerta, por fin, se difundió el 8 de mayo. Era jueves. Es incierto cuántas personas siguieron recibiendo fentanilo contaminado en esos días.

El 8 de mayo, una mujer de 89 años, Olga Luisa Arena, abuela de García Furfaro y directiva de algunas de las sociedades de la familia, se presentó ante el INAME en nombre de HLB. Llevó una nota en la que el laboratorio proponía retirar, de forma preventiva, el lote involucrado en el Hospital Italiano de La Plata. Quizás, un intento por cerrar el asunto ahí.

El INAME no aceptó y siguió exigiendo -como insistían hace días- una serie de documentos; entre otros, los llamados batch records. Eran testimonios cruciales para entender cómo habían sido los procesos de producción, pero también, por otro aspecto decisivo. Y es que, por la debilidad de base del sistema de trazabilidad en Argentina, nadie en la ANMAT sabía cuántas ampollas podían estar contaminadas. Mucho menos, dónde estaban.

Recién el 12 de mayo (diez días después del aviso inicial del Hospital Italiano de La Plata), la ANMAT prohibió «el uso, distribución y comercialización de todos los productos registrados a nombre de HLB». Ante lo que pareció ser una colaboración pobre de los restantes actores, fue el juez el que debió librar oficios a todas las jurisdicciones para ubicar dónde se habían distribuido los lotes contaminados.

El recupero, o sea, el acto elemental de juntar cada remedio que tuviera la insignia de esas empresas (en droguerías, farmacias o centros de salud), quedó a cargo del laboratorio. Son decenas o hasta cientos de cajitas y ampollas o bolsas con sueros que, como se podía prever, la firma de García Furfaro no se ocupó de recuperar. Con el paso de los meses, muchos centros de salud empezaron a demandarles a las autoridades alguna definición. ¿Debían destruir esos remedios? ¿Quién se ocuparía de hacerlo? ¿Podían aprovecharlos, si no estaban contaminados?

Clarín consultó al Gobierno varias veces por el destino de esos productos medicinales. Recién el 10 de abril de 2026, la ANMAT resolvió dar de baja los casi 100 certificados de fármacos que los imputados tenían registrados. La caída de esos registros significa que ese enorme volumen de medicamentos no puede ser administrado a pacientes. Además indicó que esos productos son ahora responsabilidad de las jurisdicciones. Es lógico entender que la destrucción de ese material debería ser controlada por la autoridad rectora, a fin de evitar posibles desvíos a un mercado paralelo.

A un año de este escándalo y en la medida en que el juzgado todavía realiza más rondas de indagatorias a los imputados (por los fallecidos que, a su tiempo, se fueron atribuyendo al fentanilo contaminado), parece aventurado descartar demandas adicionales que recaigan contra alguna autoridad de Salud o, puntualmente, la ANMAT.

Ariel García Furfaro cumplió 50 años en prisión. Fue en noviembre de 2025, en un año que sin dudas fue el peor de su vida personal y pública. A fines de septiembre, la Justicia Federal lo procesó y le embargó los bienes por hasta mil millones de pesos. El empresario continúa preventivamente en la cárcel, a la espera de un juicio.

La Justicia lo considera “prima facie, coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos veinte personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”. Si lo consideran culpable, la pena podría superar las dos o hasta tres décadas.

Cuando quedó detenido, el apellido García Furfaro (él prefiere “García” a secas) ya estaba asociado a una cadena de relatos poco simpática, vinculada con tramas densas y bastante desordenadas. Rumores que rebotan entre quienes arrancan diciendo «no lo conozco y jamás lo vi, pero dicen que» hasta los que despectivamente aseguran que «es un busca«. Las historias incluyen negocios, empresas de rubros distintos que tienden a cierto tinte desprolijo, vínculos con políticos de colores variados y bastante habilidad para la rosca.

Su vida empresarial no empezó con HLB, compañía que adquirió en 2017. Por años fue gastronómico, dueño de restaurantes en el conurbano bonaerense, hasta que un episodio violento lo llevó a prisión en los primeros 2000. Ahí estudió Derecho y conoció a Jorge Salinas, un hombre (aparentemente) retirado de la escena farmacéutica, cuyo nombre quedó enredado en la famosa “mafia de los medicamentos”, un escándalo que involucró la venta drogas truchas en la primera década de los 2000.

Salinas fue su socio y una relación decisiva para el desembarco de García Furfaro en la industria farmacéutica. Quizás haya tomado de él la que fue una de sus prácticas más usuales: la compra de empresas quebradas, según él mismo contó en una entrevista exclusiva en la que Clarín le consultó por los orígenes del dinero con que compró tantas compañías.

De su pasado se destaca una pequeña «farma» que le vendió Salinas: el laboratorio Apolo, en Santa Fe. Para los rosarinos representa un episodio inolvidable, por la explosión de una caldera que en 2016 provocó daños a vecinos de la zona. Un año más tarde, García Furfaro avanzaría en la compra de otro laboratorio, propiedad del empresario Hernán López Bernabó. El nombre detrás de la sigla HLB.

El modelo que construyó García Furfaro es usual en este mundillo. Combinaba producción y distribución (tenía sus propias droguerías), con la participación -en roles clave- de familiares. En especial, su madre y dos de sus tres hermanos. Ella y uno de ellos está ahora imputados en la causa del fentanilo. A los García y a Nilda Furfaro se suman otras diez personas, todas ex empleadas por los dos laboratorios bajo la mira. Cuatro de ellas, incluyendo a Ariel, tienen prisión preventiva. Dos mujeres (incluyendo a Nilda, su madre) están en prisión domiciliaria. El resto están procesados, pero en libertad.

Laboratorios Ramallo era la planta de donde salía la mayor parte de la producción que luego se etiquetaba como “HLB Pharma Group”. Hasta que el 10 de abril de 2026 la ANMAT bajó definitivamente sus legajos, estos laboratorios tenían la propiedad de múltiples certificados inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM). Es lo más parecido a tener licencias de taxis, sólo que en este caso el permiso habilita a producir “recetas” puntuales (podría decirse), que son la base molecular para distintas líneas de medicamentos.

En el sector, son famosos los empresarios que, cuando un laboratorio está quebrando, corren para, antes que nadie, comprar esos certificados. Ramallo tenía cinco. HLB, 89.

García Furfaro, un perfil que siempre permanece en potencial ebullición, es de los que saben adaptarse a lo que haya que hacer. Fue dueño de una verdulería (Colina), de una empresa de alimentos como Tres Arroyos pero, también, socio del sindicalista Víctor Santa María en el canal IP (ahora Argentina 12, del Grupo Octubre) y de no menos de tres droguerías, Alfarma, Droguería Mayorista y Droguería ABC, sus principales canales de comercialización de remedios.

En la charla con este medio, el hombre confirmó que estaba montando un laboratorio en Ciudad del Este, Paraguay, y explicó por qué suele poner a su madre al frente de sus firmas. Es por estar “separado” y querer dejarle todo a sus hijos, aclaró. En ese sentido, “ellas (las madres) son lo más fiel que uno puede tener”.

El contraste de la fidelidad es, para él, Andrés Quinteros, ex diputado bonaerense, ex socio suyo de años y, según dice, su mayor traidor. García Furfaro lo cree responsable de casi todos sus males empresariales, de los rumores del sector farma y de hasta ser informante secreto de periodistas. Tanto en lo que respecta al opiáceo contaminado como al otro gran tema que sigue abrochado a su persona: la vacuna Sputnik, un capítulo que, al menos como cierre, es indispensable resumir.

Conduce a la delicada pata política que también se desprende de García Furfaro, un hombre que, aun siendo ninguneado por la mayor parte de la industria farmacéutica, llegó a subirse al avión en el que la entonces viceministra de Salud Carla Vizzotti viajaba (en 2020) con una comitiva para tomar contacto con los productores rusos de la vacuna Sputnik V contra el Covid.

García Furfaro le aseguró a este medio que no tenía ningún interés puesto en producir la vacuna. Pero en algún punto vio la oportunidad. Dijo que viajó en ese avión por otras razones: venía intentando negociar con el gigante asiático la producción local de otras drogas (en particular, insulina) cuando logró meterse (no se entiende bien cómo o en qué momento; las versiones se contraponen) para “intervenir” y “gestionar contactos”. Así, el Gobierno argentino, entonces sin dosis para frenar la pandemia, podría tomar contacto con los referentes rusos.

Esta información, la idea de García Furfaro como puente o gestor de una relación internacional, fue negada tajantemente por funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández. Aseguraron a esta cronista no haber visto a García Furfaro nunca hasta ese momento y que el viaje con él fue una mera coincidencia. Sin embargo, en esos días HLB se constituyó como una extravagante promesa de producción local de una vacuna contra el coronavirus.

Pasaron unos años y muchas versiones: desde su relación estrecha con la militancia kirchnerista y la agrupación Kolina, hasta alguna foto con Cristina Kirchner, por quien García Furfaro dice tener admiración. También, otras cosas: muchas advertencias de la ANMAT por problemas en la producción de medicamentos (fueron eso: alertas); más de 300.000 ampollas de fentanilo contaminadas con bacterias y, claro, 114 muertes.

Al principio fueron unos pocos familiares. Las autoridades del Hospital Italiano de la Plata les habían informado que había algo raro: habían hecho una investigación interna porque los pacientes, entonces nueve, se les morían en terapia intensiva, por una neumonía de origen difícil de determinar. Cultivos mediante, lograron desentrañar que una marca del opiáceo que usaban como sedante (fentanilo de HLB) tenía bacterias multirresistentes. Les contaron que habían hecho la denuncia ante la ANMAT. Los familiares se preguntaron qué hacer. Empezaron a masticar mucha bronca y dolor. Fueron a la Justicia. A los medios. A los legisladores.

Desde ese día hace un año, muchos de esos familiares, primero en La Plata y enseguida en otras localidades de la provincia de Buenos Aires o particularmente en Rosario (Santa Fe) y también en Córdoba, empezaron a tomar contacto entre ellos. Los grupos de chat se armaron rápidamente, pero había que seguir difundiendo. Había que instalar la duda («¿Y si tu ser querido en realidad falleció por fentanilo con bacterias?«). Se autodenominaron colectivamente en las redes. Aprendieron a improvisar la comunicación de la injusticia para la que nadie te prepara.

Hicieron marchas y convocatorias. Muchos se sumaron como querellantes en la causa que conduce Ernesto Kreplak desde el Juzgado Federal Nº 3. Algunos en un principio desconfiaron. Como el juez es el hermano de Nicolás Kreplak, ministro de Salud del Gobierno de Axel Kicillof, había quienes afirmaban que algo raro tenía que haber. Se preguntaban qué. Más allá de algún cruce (o apurada) desde el Poder Ejecutivo hacia el magistrado y de esas dudas iniciales de algunos parientes, en líneas generales (con algún matiz) hace tiempo parece haber, desde las familias, conformidad con el accionar judicial de estos meses.

En septiembre del año pasado (días antes de que Ariel García Furfaro quedara imputado en la causa), la Cámara de Diputados votó, a mano alzada, la creación de una comisión investigadora por el fentanilo contaminado, un push-up institucional de interacción entre los poderes de Gobierno, que quizás sea necesario en estos días.

La comisión quedó presidida por tres mujeres que impulsaron la movida en sus respectivos bloques. La socialista santafesina Mónica Fein fue electa por unanimidad como presidenta. La diputada Silvana Giudici (PRO) logró encolumnar a los libertarios, reticentes expresamente a investigar desde el Poder Legislativo, y quedó como vicepresidenta. Y la peronista Victoria Tolosa Paz fue nombrada secretaria de la comisión.

En distintas reuniones -a las que se sumaron sin falta los familiares-, esa comisión fue haciendo un seguimiento de la causa e interactuando con voces del sector farmacéutico, entre otras. Convocaron, para hacerle preguntas, al ministro de Salud, Mario Lugones. No asistió a ningún encuentro.

Una de las improntas de esa comisión fue ser puntapié de una nueva normativa que mejore la trazabilidad de determinados medicamentos en Argentina. En estos días de abril de 2026, hay familias que sienten que se dijo mucho pero, en ese sentido, se hizo poco. Hacen circular un texto en el que se lo reclaman al Congreso. Si bien informan que “se presentaron en el Congreso para impulsar un proyecto de ley nacional de trazabilidad integral de medicamentos de alto riesgo y reclamar respuestas concretas al parlamento”, aclaran que “la respuesta política volvió a ser limitada”.

Además de Marcela Pagano, informan que “participaron los diputados nacionales Esteban Paulón y Romina del Plá, el diputado bonaerense Christian Castillo, y de manera virtual el diputado nacional Pablo Yedlin. Para las familias, la baja concurrencia no es un dato menor: expone el nivel de prioridad que hoy tiene una de las crisis sanitarias más graves de la historia reciente. La tragedia del fentanilo no fue un accidente, fue un sistema que no pudo controlar lo que producía”, sentenciaron un grupo de familiares en un reciente comunicado, en el que enfatizaron «una secuencia de advertencias ignoradas y fallas estructurales en el sistema de control sanitario”.

Por los reclamos de las familias y la envergadura de la causa, también la Auditoría General de la Nación (AGN) promete meterse en el asunto. En el marco de este drama de dimensiones inéditas en el país, en marzo el organismo anunció que auditará los sistemas de alerta y de seguridad de la ANMAT. Los informes de la AGN (un cuerpo colegiado de carácter parlamentario) son un insumo crucial (que sin dudas debe ser escuchado, no cajoneado) para que el Poder Legislativo mejore los marcos normativos.

En este caso, sólo fueron dos los lotes contaminados. Pero cada uno tenía más de 154.000 ampollas y durante varios días no se supo dónde estaban. Uno de los lotes representó un riesgo potencial (no llegó a pacientes). El otro mató a no menos que 114, más los daños en unos 50 individuos. Por ambos delitos, Ariel García Furfaro, dueño de laboratorios HLB y Ramallo, podría recibir entre 10 y 35 años de prisión.

En este caso, sólo cuatro droguerías distribuyeron las más de 300.000 ampollas. Sin embargo, llegaron a decenas de centros de salud de todo el país. Las muertes asociadas al opiáceo adulterado ocurrieron en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Formosa. Los pacientes que murieron estaban siendo atendidos en 21 establecimientos de salud. Esto, al cierre de esta nota.