La Fiscalía Federal de Bariloche pidió revocar la prisión domiciliaria otorgada al ciudadano ruso Konstantin Rudnev, acusado de liderar una organización con fines de trata de personas, y cuestionó con dureza la decisión judicial que todavía no se cumplió.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que la resolución fue producto de una “valoración parcial, fragmentada y errónea de los elementos de convicción” y advirtió que incurre en una “clara y manifiesta arbitrariedad fáctica y normativa”. En ese sentido, insistió en que persisten riesgos procesales, especialmente el peligro de fuga, y recordó que el imputado ya había intentado escapar en el pasado. Del otro lado, la defensa del imputado, que todavía sigue alojado en la Unidad 6 de Rawson, defendió la decisión judicial y apuntó contra el núcleo de la acusación. El abogado Martín Sarubbi sostuvo que la medida “comienza a corregir una situación que venía siendo claramente desproporcionada” y negó la existencia de riesgos procesales. “Hablar de fuga en este contexto es más una hipótesis que una realidad jurídicamente demostrable”, afirmó.
El letrado fue más allá y cuestionó la solidez del caso. “Después de más de un año de investigación, no existe una sola prueba directa que vincule a Konstantin Rudnev con los hechos imputados”, señaló, y agregó: “Sin prueba concreta, la acusación pierde sustento”.
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En cuanto a la demora en aplicarse la medida dispuesta, la defensa presentó un habeas corpus señalando que el atraso vulnera derechos básicos del detenido.
