El Gobierno de Rodrigo Chaves parece decidido a exterminar cualquier duda de su interés en finalizar su mandato habiendo dejado colocada a Costa Rica en la mayor cercanía posible con el presidente estadounidense Donald Trump. Los numerosos actos amistosos y señales de simpatía del mandatario de la nación centroamericana en el último año tienen ahora un elemento más: la aceptación para recibir en su territorio grupos de migrantes de terceros países que Estados Unidos decida deportar en la continuación de sus políticas antimigratorias.
Aunque han pasado 72 horas desde que Chaves firmó entusiasta el nuevo acuerdo y no se conoce aún el documento ni detalles de su implementación, las autoridades costarricenses lo asumen como un compromiso ya adquirido que se suma a la recepción de casi 200 migrantes enviados en 2025 contra su voluntad. Sectores opositores y críticos lo señalan como un paso más en el historial de concesiones halagadoras del gobierno actual hacia la administración Trump, en línea con la regla de “amor con amor se paga” dicha por el mandatario cuando anunció la apertura de puertas a los deportados de Estados Unidos y se especulaba sobre nuevos aranceles comerciales.
Chaves, que debe dejar el poder en mayo a su heredera Laura Fernández, demuestra que lo de “socio favorito” abarca todos los campos posibles. Ahora es el ámbito migratorio, pero una semana atrás anunció frente a la embajadora estadounidense, Melinda Hildebrand, el cierre de la embajada costarricense en Cuba, solo días después de participar en Miami en la cumbre fundadora del “Escudo de las Américas”, la nueva alianza liderada por Trump bajo la idea de combatir al narcotráfico en el continente.
Pero el acercamiento va más allá de marzo. El gobierno de Chaves ha lanzado mensajes explícitos contra China que han provocado numerosas reacciones de la embajada asiática en San José; primero excluyendo a empresas chinas en el desarrollo local de la tecnología 5G, como han pedido Washington, y anunciando un supuesto ataque cibernético en la agencia estatal de electricidad y telecomunicaciones por causa de un agente de presunto origen chino. “Estamos reduciendo la injerencia de ese país”, dijo Chaves en una entrevista horas antes del viaje a la cumbre con Trump.
Dispuesto a una intervención estadounidense
También se registran los acercamientos de Costa Rica con Israel, con El Salvador de Nayib Bukele y con otros amigos internacionales de la Casa Blanca, así como la apertura a la discusión sobre a acciones militares de Estados Unidos contra el narcotráfico en territorio costarricense, como ha ocurrido en Ecuador. Aunque rechazó que el “Escudo de las Américas” lo considere, tampoco se expresó en contra, y dijo que una posible incursión norteamericana sería posible si la Asamblea Legislativa lo aprueba por una mayoría suficiente, una posibilidad que parece a la mano con 31 de 57 escaños en manos oficialistas a partir de mayo. Además, un asesor designado por Laura Fernández, mencionó en televisión la propuesta de establecer bases militares estadounidenses en este país carente de Ejército, cuya Constitución Política establece el principio de desarme y neutralidad.
Fue precisamente la enviada del gobierno para el “Escudo de las Américas”, Kristi Noem, quien firmó con Chaves el convenio que desató inmediatas críticas de la oposición, que desde antes le achacaban una actitud de entrega. “Perro faldero”, le dijo una diputada de izquierda al mandatario, quien el lunes acabó anunciando el nuevo protocolo “para que Costa Rica una vez más actúa como un aliado de Estados Unidos en las cosas que importan en el hemisferio”, dijo al lado de Noem, presentándola aún como secretaria de Seguridad Nacional, el puesto del que fue destituida por Trump este mes tras numerosos cuestionamientos en el Senado.
Chaves se ha visto en la necesidad de aclarar que el nuevo convenio permite a Costa Rica decidir a quién acepta y a quién no, a un ritmo de hasta 25 personas cada semana, según comunicado de prensa oficial. “Es colaborar en el marco de los derechos humanos”, dijo Chaves, consciente de los cuestionamientos que recibió en 2025 por las condiciones en que estuvieron retenidas en un albergue las decenas de personas deportadas en dos vuelos especiales desde Estados Unidos, incluidos niños.
Organizaciones defensoras de derechos humanos ven con escepticismo el nuevo acuerdo. “Ha quedado demostrado que no hay condiciones para la garantía de los derechos de estas personas”, dice en una declaración conjunta de 40 asociaciones, señalando que las personas deportadas en 2025, originarias principalmente de Rusia, Armenia, Yemen, Afganistán, Uzbekistán, estuvieron por meses privadas de libertad, perdieron temporalmente acceso a sus documentos, carecieron de suficiente información y de asistencia médica. “Existen indicios de que un buen número de ellas fueron devueltas a sus países de origen, en donde su vida e integridad corren peligro”, señala el documento distribuido este jueves, después de que Laura Fernández aseguró que con el acuerdo ganan ambos países, sin explicar qué beneficio recibe Costa Rica.
