Ni siquiera la prisión estadounidense de mayor seguridad ha podido contener al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Su afán por enviar mensajes relacionados con actividades criminales a sus hijos, herederos de una facción del Cartel de Sinaloa, terminó por vencer las duras restricciones para terroristas de su encierro en la cárcel de Colorado.

El Chapo burló los filtros de ADX Florence, donde purga desde 2019 una condena a cadena perpetua. Lo hizo a través del único resquicio fuera de vigilancia directa: las visitas de sus abogados. En voz baja, a resguardo de la mirada inquisitiva de los agentes federales que monitorean cada uno de sus movimientos, el capo pidió a su intermediario llevar recados secretos a sus hijos y, de vuelta, ha recibido comunicaciones de ellos, revela un informe del Buró de Prisiones de Estados Unidos (BOP) al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Amenazas dirigidas a informantes del Gobierno, pagos relacionados con la venta de drogas y métodos para lavar dinero fueron algunos de los mensajes intercambiados por los Guzmán gracias a un emisario no identificado.

“Las investigaciones revelaron que usted y varios familiares suyos conspiraron para evadir los requisitos de monitoreo de comunicaciones de las normas SAM con el fin de facilitar actos delictivos en su nombre y del cartel”, advierte el documento fechado en febrero de 2025.

Los recados cifrados del Chapo tenían como destinatarios a sus hijos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio, Joaquín y Rosa Alitzel Guzmán; sus hermanas Bernarda y Armida Guzmán Loera; así como sus exesposas, Alejandrina Salazar y Griselda López.

Todos ellos, subraya el BOP dirigiéndose directamente al capo, “enviaron o recibieron comunicaciones ilícitas suyas con amenazas contra informantes del Gobierno y también dirigieron diversos actos delictivos, incluyendo facilitar el tráfico de trabajadores indocumentados a Estados Unidos, realizar pagos a miembros del cartel y utilizar transacciones inmobiliarias para blanquear dinero”.

“Además del esquema de comunicaciones ilícitas, sus cuatro hijos mencionados arriba (excepto Rosa Alitzel Guzmán) han sido imputados con cargos federales en Estados Unidos por su participación en el tráfico de narcóticos, violencia y otros delitos”, agregó dicha dependencia.

La guerra contra La Mayiza

El contenido preciso de los recados del Chapo, su alcance, o el período en que se produjeron no fueron expuestos en el informe del BOP. A la fecha, ningún empleado del bufete jurídico de Jeffrey Lichtman, que encabeza la defensa legal del capo desde Nueva York, ha sido señalado por delitos relacionados. Hasta la publicación de esta nota, Lichtman no respondió a una solicitud de comentario sobre este tema. La abogada Mariel Colón Miró, quien visitaba al Chapo en ADX Florence, dijo a este medio, por medio de un asistente, que no tenía conocimiento del mensajero mencionado por el BOP. “No hay nadie de intermediario que los visite a ellos (los hijos del Chapo) y al señor Guzmán”, explicó el asistente de la letrada en un mensaje de texto.

Dos hijos de Guzmán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, son los nuevos jefes de una poderosa célula del cartel conocida como Los Chapitos. Desde septiembre de 2024 protagonizan una sangrienta guerra en contra de grupos alineados a La Mayiza, la facción del cártel que dirige Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco. Los Chapitos eran los señores de Culiacán y tenían en el bolsillo al actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios del gobierno mexicano, de acuerdo con una acusación reciente dada a conocer por el Distrito Sur de Nueva York, que ha provocado un escándalo en México.

El conflicto interno del cartel escaló a los rifles después de que un hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López, secuestró en julio de ese año a su padrino, el capo de capos, Ismael El Mayo Zambada, padre del Mayito Flaco. Lo engañó para que acudiera a una reunión en Sinaloa, lo subió por la fuerza a un avión privado y lo entregó a la DEA en Texas. También Joaquín se rindió ese día. Esa es la versión que ha dado El Mayo Zambada, quien se declaró culpable de cargos de narcotráfico y ahora espera su sentencia desde una prisión en Brooklyn.

En febrero de 2024, cinco meses antes de la sorpresiva caída de Zambada, las autoridades penitenciarias de EE UU detectaron que El Chapo, en secreto, intercambiaba mensajes con sus hijos. La reacción inmediata del BOP fue prohibir las comunicaciones entre este y su hermana Bernarda, el único familiar en México con quien le permitían hablar por teléfono. Además, exigió que un abogado estuviera presente en cada una de las visitas de sus hijas gemelas nacidas en California (que tuvo con su tercera esposa Emma Coronel) y de asistentes en tareas jurídicas, conocidos como paralegales.

Las autoridades no permiten que Emma, una exreina de belleza, vea a su marido desde que lo extraditaron desde México en enero de 2017. A ella la señalaron de ser la mensajera entre él y sus hijastros en la planeación de la fuga de Guzmán de una prisión mexicana en 2015 a través de un túnel, uno de sus sellos distintivos en el trasiego de drogas. Era su segundo escape: en 2001 huyó en un carrito de lavandería del penal de Puente Grande, Jalisco. Emma, quien nació en California, purgó una condena de tres años por involucrarse en actividades del cártel y fue liberada en 2023.

Las quejas del Chapo

El reporte del Buró de Prisiones responde a una de tantas cartas redactadas por El Chapo y sus abogados pidiendo relajar su régimen carcelario. El capo escribió hace algunos días, de su propio puño y letra, una misiva dirigida al juez Brian Cogan en la que solicita ser extraditado a México. Quien fuera el hombre más buscado del mundo ha insistido en obtener “un trato igualitario de la ley” y solicitó “ser enjuiciado” en México. La patición fue rápidamente desechada por Cogan este lunes.

Hace unas semanas, Guzmán también se quejó del “trato cruel e inhumano” que ha recibido. El Chapo ha pasado los últimos ocho años quejándose de que lo tienen en la celda casi todo el día, que no atienden sus dolencias, que las revisiones constantes le interrumpen el sueño, que no le dan clases de inglés y que incluso han impedido que lo vean sus representantes legales.

“Las reglas son usadas como tortura”, “hasta el día de hoy no me ha dado el sol”, se lee en algunas cartas que ha enviado a una corte federal de Colorado.

Las estrictas normas para terroristas convictos, conocidas como SAM, limitan casi totalmente las comunicaciones de los reos con el exterior. Si acaso tienen derecho a unas cuantas visitas de familiares, a hacerles pocas llamadas y a escribirles cartas, pero siempre bajo la lupa de las autoridades.

En el caso del Chapo, cada palabra suya es analizada detenidamente por agentes del FBI, de la DEA y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Algunas de sus cartas han tardado más de un año en llegar a su destino y otras se quedaron en los archivos de las dependencias citadas. Una de las pocas concesiones es sacarlo al patio de ADX Florence durante una hora, pero lo colocan dentro de una jaula. Nadie más le acompaña: tiene prohibido hablar con otros reos.

Una de las preocupaciones del Departamento de Justicia es que, por medio de su mensajero, El Chapo obstruyera los procesos penales de sus hijos, de Néstor Isidro Pérez Salazar, alias El Nini y quien fue el jefe de sicarios de La Chapiza, así como de su compadre El Mayo Zambada.

“Ante su estatus de liderazgo, su demostrada violencia hacia cualquier amenaza hacia usted y su organización, y su historial de escapes de prisiones de máxima seguridad, el Distrito Sur de Nueva York cree que, sin las normas SAM, las comunicaciones sin restricciones con otras personas suponen un gran riesgo de muerte o daños en la comunidad”, concluye el reporte del BOP.

El Chapo no pudo siquiera flexibilizar los severos protocolos de seguridad de la primera prisión estadounidense en la que estuvo recluido: el centro de detención de Manhattan. Las autoridades temían que el cártel intentara una operación de rescate por helicóptero. En el trasfondo de esas medidas estaba el recuerdo de un intento fallido en 1981, cuando una aeronave se aproximó al patio ubicado en la azotea del penal, aunque no consiguió llevarse a uno de los reclusos.