Dos semanas después de que la búsqueda de una adolescente destapara una red de abusos sexuales a niñas por parte de un grupo de remiseros que estaban vinculados con políticos y agentes de seguridad, el escándalo no cesa en Córdoba. Mientras la investigación avanza con quince detenidos, entre ellos un policía, el Gobierno echó este miércoles a los jefes de las comisarías de Río Seco y la Legislatura le dio licencia a un diputado oficialista salpicado por el caso.

La conmoción por las denuncias de abuso y grooming sobre las chicas -a las que incluso les habían colocado chips anticonceptivos desde los 11 años en centro de salud locales- aumentó este miércoles cuando se conoció el desgarrador testimonio de Marfa, una mujer que reveló que en 2020 había denunciado por abuso sexual a José Aníbal Villarreal, el ya detenido asistente del diputado peronista Ernesto Ramón Flores.

Flores, quien fue intendente de Villa María de Río Seco -la localidad donde se generó la red de contactos telefónicos para captar a las menores vulnerables para abusar de ellas-, tuvo que dejar este miércoles su banca en la Legislatura unicameral, cuando el propio PJ aprobó darle licencia por seis meses sin goce de sueldo.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso echar a los integrantes de la cúpula policial del departamento Río Seco, entre ellos el director de la Unidad Departamental, del subdirector y de los jefes de las zonas 1 y 2 a cargo de la comisaría local.

El ministro Juan Pablo Quinteros señaló que decidió desplazar a los jefes ante “la falta de credibilidad en la institución por parte de la sociedad” y pidió que un Tribunal de Conducta investigue el presunto “cajoneo” de una denuncia realizada en 2020 contra Villarreal.

En esa denuncia, según la entrevista que difundió Canal 12, una mujer llamada Marfa reveló que la familia de Villarreal la había criado desde que tenía 2 años y que logró escapar de ese entorno a los 16. Pero afirmó que cuando era adolescente en esa casa la “trataban mal». «Me pegaban con látigos, con alambre, me violaban y un montón de cosas me hacían”, afirmó.

La mujer que está postrada en una cama por una enfermedad, aseguró que logró irse de esa casa y dejar Río Seco algunos años hasta que su actual pareja la impulsó a realizar la denuncia, pero la investigación de ese caso nunca prosperó. Ahora, con la revelación de los casos de abuso sexual a otras adolescentes del pueblo que llevaron a la detención de Villarreal, dijo: «Por fin se hizo justicia después de muchos años».

«Ahora creo que cambiaron las cosas«, añadió.

En la causa que investiga la fiscal de Instrucción de Dean Funes Analía Cepede los funcionarios judiciales buscaban incorporar al expediente el testimonio de una cuarta víctima que fue detectada en los últimos días y permitió nuevos arrestos.

En la investigación ya hay quince detenidos, entre ellos un agente de la policía provincial Juan Cruz Cejas Bustamante, de 27 años, de la división motos y que terminó imputado en la causa por abuso sexual con acceso carnal y grooming luego de que peritajes a su teléfono celular confirmaron que se había contactado con al menos una de las menores de edad, por lo que ahora los investigadores intentar determinar si coordinaba acciones con los demás detenidos.

La fiscal Cepede también dispuso allanamientos en dos hospitales, el Municipal de Villa de María de Río Seco y en el de San José de la Dormida, para determinar si allí les colocaron los chips anticonceptivos a las menores de edad sin cumplir con los protocoles de alerta ante presunto abuso infantil.

En la causa, al menos siete de los 15 detenidos fueron imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

En forma paralela, la Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles con la mayoría peronista la licencia por 180 días y sin goce de sueldo solicitada por Ernesto Ramón “Cañito” Flores del bloque oficialista (Hacemos Unidos por Córdoba). La oposición, en tanto, reclamó la expulsión del cuerpo del legislador.

De esta forma, Flores conservará su condición de legislador y hasta que regrese a su banca será reemplazado por Estrella María Benchetrit, quien ya lo había cubierto durante una licencia concedida en 2025.

Si bien Flores no está imputado, ni acusado en la causa, el escándalo lo roza porque uno de los principales imputados en la investigación es su asistente José Aníbal Ricardo Villarreal y porque, según la fiscalía, al menos dos de los abusos se habría perpetrado en un campo propiedad del legislador.

Desde la bancada peronista calificaron de «aberrantes y repudiables» los hechos investigados y dejaron en manos de la justicia la resolución del caso.

Sin embargo para la oposición todo eso no fue suficiente. La legisladora radical Brenda Austin dijo a radio Cadena 3 que «el peronismo, casi en soledad, votó una licencia que es una señal de impunidad y de protección política».